Personal de la Unidad de Investigación de Procedimientos Judiciales y Complejos de Gendarmería Nacional realizó ayer allanamientos en ocho establecimientos médicos privados y en las instalaciones de la firma Hemo Salta SRL, a cargo de las tareas de transfusión, en el casco céntrico de la capital salteña. La medida fue dispuesta por la jueza federal de Garantías Mariela Giménez.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la investigación por el presunto delito contemplado en el artículo 91, de la Ley 22.990, conocida como la Ley de Sangre.
Esta norma establece penas de prisión de 6 meses a 5 años y multas que van de los 10 mil a 500 mil pesos para el que “intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales”, en este caso de plasma para el tratamiento de la enfermedad covid-19.
El caso fue iniciado como actuaciones preliminares por la fiscalía el 2 de octubre pasado, a partir de un informe de la División de Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, que advirtió sobre sospechas en torno a la firma Hemo Salta SRL, dirigida por el médico Martín de la Arena.
Como para entonces ya se había informado públicamente que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de Salta había iniciado actuaciones al respecto, la fiscalía federal requirió a esa Fiscalía provincial la remision de todo lo actuado, porque la supuesta infracción investigada es de competencia federal.
La Fiscalía de Delitos Complejos provincial envió las actuaciones en las cuales ya se había avanzado con la imputación de De la Arena por el delito de fraude a la administración pública en grado de tentativa.
Asimismo, se estableció que la firma dirigida por De la Arena se hallaba habilitada para la realización del Servicio Transfusional Hospitalario, y a la vez es prestador de la obra social provincial IPS. En el proceso también se informó en su momento que Hemo Salta SRL habría solicitado al IPS el pago de prácticas de transfusión de plasma (plasmaferesis) por un valor mayor al código nomenclado vigente.
También se informó que por otras documentaciones reunidas se advirtieron otras presuntas irregularidades en la solicitud de pago por estos servicios, a sabiendas de que el Ministerio de Salud de la provincia había dispuesto la entrega de las unidades de plasma de manera gratuita y a través del Centro Regional de Hemoterapia.
Cuántas transfusiones
Al seguir adelante con el caso, la fiscalía federal consideró necesario de profundizar la investigación respecto la cantidad de pacientes que recibieron transfusiones de plasma, por lo que requirió a la jueza Giménez diversas medidas investigativas, entre ellas, los allanamientos en ocho clínicas y centros médicos privados.
También se solicitó el allanamiento y secuestro de documentación pertinente para la investigación en las oficinas centrales de Hemo Salta SRL, medidas que en la jornada de ayer se llevaron adelante bajo la supervisión de la fiscalía federal a través de la UNIPROJUD de Gendarmería Nacional.
