"Por favor, dejen que le dé la teta al bebé", suplicó María Ramona Ovando mientras se la llevaban detenida en 2011, acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, por desnutrición. Ese día había cruzado el monte cargándola hasta la ruta y había rogado que la llevaran al Hospital, pero nadie lo hizo y su nena murió en sus brazos. Cuando la esposaron, le arrebataron al bebé, lo dejaron arriba de una mesa y la encerraron mientras escuchaba el llanto de su hijo de tres meses.

María Ovando pasó un año y medio presa, y este 28 de octubre fue condenada nuevamente a 20 años de prisión, por "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual" de una de sus hijas y una de sus nietas, ocurridos durante un período en el que la tutela de las niñas le había sido quitada.

“Estando embarazada, picaba piedras en una cantera para el gobierno”, dijo Vilma Ripoll durante la conferencia de prensa –coordinada por Roxana Rivas- realizada este martes 24 de noviembre por la Mesa por la Absolución de María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo. “María fue condenada por mujer y por pobre, y porque pensaron que estaba sola, pero no lo está, nos tiene a todas nosotras y nosotres”, dijo Zuleika Esnal, del Colectivo Actrices Argentinas.

En la conferencia, y con la presencia de Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se presentó un pedido de Hábeas Corpus para María Ovando, y este 25 de noviembre, durante las acciones contra las violencias hacia las mujeres y diversidades de todo el país, todas las organizaciones volvieron a exigir la absolución de María Ovando.

Cuando murió su hija Carolina, María vivía en la extrema pobreza en la zona rural de Colonia Mado, no tenía trabajo formal, no recibía ninguna asistencia del Estado y tenía 12 hijos. Gracias a la lucha del movimiento feminista y de las organizaciones sociales y de derechos humanos que hicieron visible su historia, María fue absuelta en noviembre de 2012. Lo primero que hizo cuando salió de la cárcel fue inscribirse en una escuela nocturna para aprender a leer y a escribir, y poder “defenderse ella misma”, pero la jueza de Familia Margarita Potschka se lo prohibió.

María Ovando tiene 46 años y desde siempre su vida estuvo atravesada por la violencia. Tuvo su primer hijo siendo todavía una niña, a los 14 años, y a sus 37 ya había tenido a sus doce hijos, a los que crió en la extrema pobreza. Para las organizaciones feministas y de derechos humanos, los fallos contra María no hacen más que criminalizar la pobreza.

“Estamos hartas. Vimos el abandono hacia María por parte del Estado en todos estos años, que siguió reproduciendo las situaciones de violencias y pobreza hacia ella y hacia las niñeces. Repudiamos a la justicia patriarcal. Seguimos formando parte de esta lucha y vamos a seguir pidiendo la liberación de María y la de los otros dos jóvenes. Por eso tenemos que nacionalizar este caso y todos los casos similares”, dijo Silvia León, secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA Autónoma, durante la conferencia.

“El odio hacia María es irracional, tiene que ver con una cuestión de clase y de género, y es un odio también a quienes la venimos acompañando. Somos la provincia que tiene los peores índices de pobreza y quienes integramos este colectivo somos los y las que venimos visibilizando esta cuestión, mientras los poderes del Estado se van lavando las caras en cada una de las instancias, como lo hicieron con la causa de Cristina Vázquez, encarcelada por un crimen que no cometió (el 26 se cumplieron tres meses de su suicidio, del que el Estado fue responsable)”, explicó en diálogo con Las12 Roxana Rivas, la abogada de María.

En Misiones, los funcionarios y profesionales de la Justicia son parientes o tienen alguna relación entre sí: “la psicóloga que hace la Cámara Gesell -que nosotros impugnamos-, es la hija del jefe del Equipo de médicos forenses de Puerto Iguazú; la jueza que la condenó a María en este último juicio, tiene al hijo instruyendo en el Juzgado de Instrucción que impulsó la investigación, y todos ellos son parientes o se van acomodando, armando redes que son muy comunes en los pueblos, en los que los accesos a los cargos no tienen que ver con el mérito”, detalló Rivas.

La campaña por su absolución, encabezada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, reunió en pocos días más de 16 mil firmas. El Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de comunicación en el que solicitan al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género, y piden la absolución de María Ovando. Una de sus integrantes, Cecilia Britto, presentó un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso. También el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un informe al Tribunal sobre la necesidad de juzgar en casos como éste con perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la y los acusados.

"El caso de María es emblemático desde hace mucho tiempo: cuando se trata de condenar a un varón hay que reunir un millón de pruebas para demostrar su culpabilidad, pero cuando se trata de una mujer, se la condena sin pruebas porque hay un pre-juicio y después hay que remar por lograr la absolución y la libertad. Recuerdo cuando hace un año viajamos junto a Norita Cortiñas a Córdoba a visitar a Flavia Saganías, también condenada por la justicia patriarcal. Pero tener un equipo jurídico como el que tiene María, nos llena de optimismo dentro de una Justicia tan misógina", destacó Claudia Baigorria, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma.

El equipo encabezado por Roxana Rivas fue el que logró la absolución en 2012 y el que está peleando ahora para que María quede libre antes de fin de año. “Vamos a ir a la Corte Suprema, vamos a recurrir a Dora Barrancos, a Elizabeth Gómez Alcorta. Le decimos a María que vamos a seguir luchando para que esta Navidad pueda estar con su familia”, dijo Norita Cortiñas con su puño en alto.