La Ministra de Gobierno de Ecuador María Paula Romo, mano derecha del presidente Lenín Moreno, fue destituida por la Asamblea de ese país tras un juicio político. Moreno la había convertido en una suerte de superministra encargada de dirigir a las fuerzas policiales. Romo fue acusada por la violenta represión a las manifestaciones de octubre del año pasado que se saldaron con 11 muertos y unos 1.500 heridos. Una mayoría de 104 asambleístas, incluidos partidos de la derecha afines al gobierno, lograron los dos tercios necesarios para la salida de Romo. Para el sociólogo David Suárez esta elección responde al contexto preelectoral que vive el país. “Los sectores que apoyaron a Moreno ahora quieren desligarse y vieron en la destitución de Romo una oportunidad única”, sostuvo el analista del Centro de Derechos Económicos y Sociales. En su lugar el presidente nombró al exgeneral de la Policía y actual viceministro del Interior Patricio Pazmiño.
Moreno cada vez más solo
Romo fue la cara visible de la cruenta represión que se vivió en las calles de Ecuador durante las protestas del año pasado. En cada mensaje que daba el gobierno la entonces ministra salía a respaldar el accionar de militares y policías. Además había logrado un lugar en la mesa chica de Moreno junto con el del Secretario de la Presidencia Juan Sebastián Roldán. El presidente, luego de darle la espalda al partido de Rafael Correa con el que llegó al Ejecutivo en 2017, construyó poder otorgando prerrogativas a ciertos ministerios. En el caso de Romo, había ocupado el rol de ministra del Interior en 2018. Luego de un cambio en el cronograma del Estado, el mandatario la ubicó al frente de la cartera de Gobierno. Como este hubo varios otros casos en los que a fuerza de decreto el presidente repartió poder a cambio de gobernabilidad.
En concreto Romo fue acusada por el uso de bombas lacrimógenas vencidas durante el estallido social y la represión de las fuerzas policiales dentro de "centros de paz o acogida" en ese mismo contexto. Sin embargo, la exministra rechazó cada una de las acusaciones durante su comparecencia ante la Asamblea. “La Policía nunca entró en una universidad, nunca la Policía entró en un lugar en donde estuvieron albergados los manifestantes, nunca durante 11 días de violencia extrema intentamos un desalojo de quienes se habían tomado gobernaciones”, argumentó Romo. Además dijo estar orgullosa por su trabajo en el Ejecutivo. “Estoy pagando el precio de haber impedido un golpe de Estado. (...) Si ese es el precio a pagar por defender la democracia, lo hago con gusto y será una condecoración en mi vida política el ser cesada por esta Asamblea”, enfatizó la exfuncionaria.
La derecha se desmarca
Sin embargo legisladores de derecha e izquierda votaron su censura y posterior destitución del cargo, como contempla la Constitución de Ecuador. Participaron de la votación 134 de los 137 miembros de la Asamblea. La votación se cerró con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones. Revolución Ciudadana, es decir, el correísmo, formo parte de los votos positivos. Pero también algunos integrantes del frente CREO que lleva en las elecciones del próximo 7 de febrero al banquero Guillermo Lasso como candidato a presidente. Una vez que se conoció el destino de Romo, el presidente siguió defendiendo la tarea de su exministra. En referencia al accionar policial durante las protestas dijo que fue “prudente y mesurado, de convicción democrática”. También le agradeció por su defensa de la democracia. Romo recibió la noticia en la Casa de Gobierno rodeada de polícias y militares.
El futuro de la exfuncionaria aún queda por dirimirse en la Justicia penal donde avanzan las causas en su contra. Sin embargo, Suárez ve muy difícil que los procesos penales avancen ya que la exministra colaboró en impulsar medidas que pedía la derecha ecuatoriana. “Moreno gobernó con el programa de Lasso de 2017. Con esta votación no es que ese sector pase a la oposición sino que necesitaban desligarse de un gobierno que tiene un bajísimo apoyo popular. Por eso dudo mucho que Romo vaya a enfrentar cargos penales. Fue una transacción. La derecha puso los votos pero también va a impedir en el futuro que se profundicen los juicios”, indicó el analista.
Moreno dijo que estaba en desacuerdo con la decisión de la Asamblea pero que la iba acatar en cumplimiento de la Constitución. Ahora Pazmiño será el encargado de llevar a adelante el ministerio de Gobierno. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en Ecuador que un exmiembro de las fuerzas de seguridad ocupa una cartera del Ejecutivo. El presidente dijo que el nuevo ministro deberá enfrentar la crisis social y política que todavía vive el país. Para Suárez este nombramiento muestra la dependencia que tiene la administración Moreno de las fuerzas represivas. “Se ratifica en esa orientación cada vez más autoritaria. Un ministerio que se debería encargar de la política es encabezado por un policía. También muestra la soledad política en la que va cayendo el gobierno de Moreno”, sostuvo el sociólogo.