El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio volvió este miércoles a la carga con su pedido de “sesiones presenciales” en la Cámara baja. "Tras haber ingresado en la etapa de distanciamiento social y haber vuelto la mayoría de la actividad a funcionar normalmente se debe concluir con el sistema de trabajo remoto de los últimos meses", sostiene la nota que le enviaron este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los jefes de los bloques que integran la alianza opositora y que minimiza las consecuencias sanitarias de la pandemia. Un reclamo que podría trabar el funcionamiento del Congreso a menos de cinco días que concluyan las sesiones ordinarias y hasta las sesiones extraordinarias que el Gobierno convocará durante el receso parlamentario de verano para abordar una frondosa agenda legislativa pendiente. El oficialismo aun no respondió al pedido.

Diputados se aprestaba a comenzar esta semana a diseñar el debate para tratar el proyecto del Ejecutivo sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley que modifica la fórmula para al cálculo de la movilidad jubilatoria automática, entre otros temas, como la reducción del excedente presupuestario que Mauricio Macri otorgó por decreto y de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de parte de la Policía Federal. Además de la postergada reforma de la Justicia Federal que tiene media sanción de la Cámara alta.

En el Senado, en cambio, donde el Frente de Todos cuenta con mayoría propia la estrategia elegida por el oficialismo es avanzar esta semana con una doble sesión especial: el jueves para tratar la ley que exige que todos los acuerdos con el FMI deban ser ratificados o rechazados por el Congreso; el viernes con la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que modifica las mayorías necesarias para destrabar la designación de un nuevo Procurador General y la temporalidad de su mandato. Proyectos que deberán pasar luego por la Cámara baja. También el Senado deberá volver a sesionar (tal vez en extraordinarias) para transformar en ley el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas y la reforma a la ley del manejo del fuego, que prohíbe el cambio del uso de los suelos arrasados por los incendios forestales para evitar la especulación inmobiliaria y agropecuaria. 

Varias de estas iniciativas poblarán la agenda que el Gobierno prepara para la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el verano. Pero el renovado reclamo opositor puede trabarlas. “Consideramos que es tiempo de volver a funcionar de manera presencial en todos los ámbitos del Congreso de la Nación, para el trabajo tanto de comisiones como en las sesiones, atento que se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad suficiente para que el Congreso de la Nación, y esta Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario”, sostiene la misiva que firman Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC). “Tenemos por delante debates trascendentes y queremos darlos con absoluta transparencia de cara a la sociedad”, insisten.

El reclamo de “presencialidad” fue el argumento que esgrimió el macrismo y sus aliados para condicionar la agenda legislativa del Gobierno durante la pandemia. A pesar de haber acordado un protocolo para el funcionamiento remoto mixto de la Cámara baja con “solo temas acordados entre todos los bloques”, JpC organizó la llamada “travesía por la democracia” donde sus diputados reclamaban el “funcionamiento del Congreso” que estaba en funciones. Luego copó el recinto con 90 legisladores en medio de la pandemia y judicializó las decisiones de la sesión, que la Justicia rechazó. Insistió en tratar presencialmente “temas controvertidos” como el Presupuesto 2021 y el Aporte de las grandes fortunas, donde el oficialismo le cedió la mayoría del recinto para poder sesionar. El renovado reclamo va en el mismo sentido.