Aunque la defensa del ex intendente de Aguaray Enrique Prado, a cargo de Fernando Teseyra, planteó que la medida era desproporcionada, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmaron la prisión preventiva dispuesta hace una semana por el juez federal de Garantías Gustavo Montoya a instancias del fiscal General Eduardo Villalba.
Prado es el principal acusado, junto al ex secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes, y al empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA, por el robo de 35 kilómetros de caños del Gasoducto GNEA valuados en unos 15 millones de dólares.
Según la fiscalía, se presentaron nuevas pruebas que comprometieron aún más su situación y los sindica como los principales responsables de “una organización criminal que tuvo como objeto la desafectación de bienes del Estado Nacional para sacar provecho personal con su comercialización en el mercado negro”.
Villalba no descartó la existencia de otros delitos, como el de peculado y enriquecimiento ilícito, y sostuvo que de llegar a surgir elementos probatorios al respecto, se planteará en su momento su derivación a la Justicia provincial.
En la audiencia, el fiscal sostuvo su posición en función de la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, y adelantó que en los próximos días se tomarán distintas testimoniales de personas que podrían ser influenciadas de manera negativa por el acusado.
Con respecto a su poder de presión e influencia sobre los pobladores de Aguaray, el fiscal señaló que el mismo Prado lideraba un corte de ruta junto a varios seguidores y exigía acciones a su favor por parte de la Cámara de Diputados, cuando esta se disponía a discutir la intervención del municipio.
“Esto evidencia claramente que Prado es una persona que puede ejercer una gran influencia, ya sea por sí o su figura misma, pues algunos de los testigos que podrían ser citados, manifestaron sentir temor a represalias del ex intendente”, adujo.
Uno de los motivos por los que Villalba solicitó la detención fue el informe que recibió de los depósitos bancarios del ex intendente, en donde figuraban movimientos entre 2018 y 2020 por casi $5 millones.
Ayer, en la audiencia de impugnación, realizadante los jueces Guillermo Elías, Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, el defensor de Prado sostuvo que la Justicia Federal es incompetente respecto a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, y agregó que la Justicia provincial ya investiga a su representado por hechos de corrupción.
Además pidió que revoquen la prisión preventiva del ex jefe comunal al considerar que no presenta riesgo de fuga y que la medida de prisión era “desproporcionada e innecesaria”. Recordó que Prado tuvo una colaboración activa en el proceso penal al avalar que se investiguen sus cuentas bancarias, y que cumplió con todas las citaciones recibidas en el marco de la investigación.
Además el abogado subrayó que en la audiencia de ampliación de la acusación penal Prado se enteró por el juez de que se había ordenado su detención, la que se formalizó dos horas después y que en ese tiempo “mi cliente no se fugó e incluso entregó de manera voluntaria su teléfono cuando le fue requerido”, por lo que pidió la prisión domiciliaria para su defendido.
El fiscal solicitó que se confirme la prisión preventiva, y aunque aceptó el planteo de incompetencia en cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, insistió por el de “peculado”, al no descartar que de la investigación surjan pruebas respecto a otras irregularidades con beneficios de competencia federal.
También alegaron en coincidencia con Villalba los abogados representantes de la petrolera IEASA SA, firma afectada por la sustracción de los caños del gasoducto.
Los jueces decidieron por mayoría mantener vigente la prisión preventiva del ex intendente y rechazaron los planteos de incompetencia respecto al delito de peculado. Aunque llamó la atención que uno de los tres magistrados, Alejandro Castellanos, se inclinó por otorgar la prisión domiciliaria a Prado, pero criticó a la defensa por no haber presentado concretamente los domicilios donde esta medida se podría haber ejecutado.
