En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres e identidades LGBTIQ+, las salteñas volvieron a las calles en distintos puntos de la provincia. El estado de alerta ante la profundización de la violencia durante la pandemia se tradujo en siete cuadras de personas, mayormente mujeres, que marcharon por el centro de la ciudad de Salta.
También hubo movilizaciones en localidades del norte salteño, en Embarcación, Orán, Hipólito Yrigoyen y Pichanal, donde pidieron que se garantice el acceso a los derechos básicos y el cese de la violencia hacia las mujeres, niñes y adolescentes.
Fue la primera vez que en la Capital de Salta familiares de víctimas de femicidios se unieron en el pedido de justicia y encabezaron la marcha del 25 de noviembre.
Los familiares de la Paola Tacacho, asesinada el 30 de octubre en la ciudad de San Miguel de Tucumán, leyeron una carta en la que expresaron su "gran desilusión y preocupación debido al nulo avance de la causa y por las medidas tomadas por el fiscal Carlos Sale, como, por ejemplo, la realización del allanamiento 14 días después del hecho, pedido por nuestra familia".
El nulo avance en las causas también lo manifestaron las familias de Agustina Nieto, Paola Ávila, Liliana Flores, Agustina Guedilla y Fabiana Arismendi. En cada uno de estos casos existe una "impunidad" manifiesta por parte de la Justicia, afirmaron. Sebastían, hermano de Fabiana, instó a que "los fiscales trabajen bien" y que "la policía no sea tan corrupta".
"Quiero que todo salga a la luz y se haga justicia por todas las mujeres que están matando", indicó en las puertas de la Legislatura de Salta. "Vengo a representar a mi hermana que hace un mes no la tengo", lamentó. El cuerpo de Fabiana apareció calcinado el 8 de octubre en la localidad de Cerrillos.
Las familias marcaron el camino a lo largo de la marcha bajo la consigna Ni Una Menos. "Disculpenme, pero no suelo hablar por micrófono", dijo Rosa, la mamá de Agustina Guedilla, la adolescente encontrada sin vida en una cancha de fútbol de la ciudad de Salta.
"Yo pensé que nunca estaría en esta situación, pero estoy aquí por mi hija", sostuvo. "Estoy para que se haga justicia por ella y por todas", agregó, para luego recibir el aplauso de las organizaciones sociales, feministas autoconvocadxs, y partidos y agrupaciones políticas.
Tierra para vivir
Las familias de los asentamientos de Los Pinos y Ampliación Parque La Vega también se unieron a las acciones del 25 de noviembre. En muchos casos, era la primera vez que participaban en una movilización de mujeres. Lo hicieron bajo la consigna "Ni una menos sin techo".
María Flores es una de las 8 mujeres de Los Pinos que fue desalojada la semana pasada por la orden de la jueza Ada Zunino. "Nos han desalojado, nos han dejado en la calle y no les ha importado que muchas de las mujeres que estaban sufriendo de violencia, hoy tuvieran que volver con sus agresores", criticó.
"Estamos con miedo de ser una estadística más", subrayó. Flores cuestionó que desde la gestión del gobernador Gustavo Sáenz no sólo no les dieron respuestas, sino "que le cerraron las puertas de todos lados". "Vamos a seguir en la lucha por nosotras y por todas las que necesitan una vivienda para no ser más una víctima de violencia", finalizó.
Mercedes Vilte, delegada del asentamiento Ampliación Parque La Vega, contó que ya llevan más de 180 días viviendo en el predio donde hay 600 familias. "Necesitamos un techo, tierra para vivir, es lo único que pedimos", dijo. Añadioó que desde hace tres días están sin agua en el predio y que en este tiempo que llevan en el lugar, nacieron 30 niñes. "Que la lucha sea conjunta, ni una más sin techo", cerró.
Antes de concluir la marcha en la plaza 9 de Julio, un grupo de mujeres se presentó en las puertas de la Catedral de Salta y junto a la bandera de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito reclamaron por la interrupción legal del embarazo.
Tierra, techo y trabajo
Durante la mañana de ayer, hubo otro sector que se movilizó por la ciudad de Salta, fue el grupo Las Cayetanas, que integran militantes de organizaciones como el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie. Marcharon junto al ala sindical, como ATE y la CTA, y reclamaron por "políticas en todos los Estados".
"El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política. Y la clave para luchar contra la violencia es la prevención y una respuesta adecuada de la Justicia que evite la impunidad", manifestaron a través del documento único que leyeron al terminar la marcha en la plaza 9 de julio.
Entre las demandas recurrentes, exigieron un salario acorde a la canasta familiar real y el 82% movil. También dijeron basta a la precarización y violencia laboral; y pidieron por un "igual salario por igual trabajo". Solicitaron además, por jardines maternos-paternales en cada lugar de trabajo, estudio y barrio, y apelaron a la creación de más refugios y albergues para las víctimas de violencia.
Las Cayetanas forman parte del Frente de Mujeres que impulsa la campaña por la Emergencia en violencia contra las mujeres. Y en esa línea, pidieron el reconocimiento económico a las promotoras territoriales en violencia de género, la declaración de la emergencia nacional en violencia hacia las mujeres y por la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir
El interior también en marcha
Las localidades de Orán, Embarcación, Hipólito Yrigoyen y Pichanal sumaron actividades por el 25 de noviembre. Las mujeres de la Comunidad del Pueblo Wichí Misión Carboncito, en Embarcación, presentaron un petitorio al intendente Carlos Funes y a las autoridades del Concejo Deliberante de la localidad.
"Decidimos realizar una marcha en defensa de nuestras infancias y juventudes, demandando y recordando el cumplimiento de nuestros derechos como mujeres originarias, con el objeto de reclamar la implementación urgente de políticas públicas", expresaron en el petitorio.
Entre las demandas principales está el pedido de creación de una dirección municipal de infancias y adolescencia, y un centro, dirección o consejo de no violencia contra la mujer. También, pidieron la aplicación en forma urgente de programas o proyectos que "beneficien y eleven la dignidad de nuestras infancias y juventudes".
En Pichanal, se movilizaron solicitando puntualmente por una Justicia con perspectiva de género. En un momento, se leyó el mensaje enviado por Elizabet, mamá de Romina Agüero, victima de femicidio de Pichanal en 2017.
A ello, sumaron el reclamo hacia la Policía, "que pone trabas a la hora de hacer la denuncia", contó la integrante del Movimiento Evita, Victoria Palleiro. Además, autoridades originarias hablaron del incumplimiento de derechos básicos como el agua y la lucha por su territorio.
En el caso de Orán, desde Panambi -Colectiva feminista, realizaron intervenciones artísticas en el Concejo Deliberante, en la Comisaría N° 20 y en la radio local Güemes.
A las autoridades de Concejo les pidieron que "paren con la reproducción de sus doctrinas dentro del recinto legislativo". Exigieron que acompañen a las sobrevivientes de violencia de género y abuso sexual y que cotribuyan, mediante las legislaciones, a la celeridad en los procesos judiciales.
A la Policía de Salta, le reclamaron que la no toma de denuncia por parte de los efectivos, representa "una vida en peligro". Por eso, indicaron que es necesario que se implementen capacitaciones en perspectiva de género para el personal policial.
A Radio Güemes, les exigieron que "no permanezcan indiferentes" ante la problemática, y le solicitaron que "deje de reproducir chistes, bromas y estereotipos que contribuyen a la normalización de la violencia de género". En la localidad de Hipólito Yrigoyen también realizaron intervenciones de iguales características.
