Según se desprende de un estudio realizado por la mayor especialista entre los vínculos entre Argentina y el FMI, la doctora en Economía e investigadora del Conicet Noemí Brenta, desde 1956 hasta la actualidad Argentina suscribió 24 acuerdos de fuerte condicionalidades con el organismo multilateral. Pero solo dos de ellos fueron de “Facilidades Extendidas” o Extended Fund Facility (EFF), justamente durante la década del noventa, puntualmente en 1992 y 1998. 

Los requerimientos de este último tipo de acuerdos son de reformas estructurales antes que coyunturales, por lo que resultan más nocivas para los intereses del país, así como mayores beneficios para el Fondo, pues su misión no es la de una banca que ofrece préstamos sino el gendarme de los intereses económicos de las potencias, que buscan mantener la división internacional del trabajo relegando a los países periféricos a ser, fundamentalmente, exportadores de materia prima y espacios de especulación financiera.

En resumen, estos acuerdos apuntan a una reducción del déficit fiscal, basada fundamentalmente en la baja del gasto previsional y de seguridad social que en la Argentina implica el 50 por ciento del gasto público, así como a reformas laborales con quita de derechos a los trabajadores para supuestamente facilitar su tasa de empleo, junto a la liberalización del flujo financiero y comercial. 

Programa

Por supuesto, la auditoría es constante y vinculante a la continuidad del plan. A cambio de esta cesión, el FMI ofrece ampliar los plazos de su clásico programa Stand-By, pues, además de poder ampliar el stock de crédito, el tiempo de devolución pasa de tres a diez años. 

Una opción, esta última, que luce fundamental para una Argentina que, en medio de una de las mayores crisis de su historia, debe afrontar desde el próximo año vencimientos por 53.000 millones de dólares hasta 2024.

La situación de debilidad relativa con la que se presenta el Gobierno, en el contexto de dos catástrofes, una natural como la pandemia y otra estrictamente económica derivada de la aplicación del programa neoliberal de valorización financiera y mega endeudamiento implementado por la alianza Cambiemos, restringe al máximo su capacidad de maniobra. 

Posiblemente, el anuncio de un probable programa de Facilidades Extendidas para la Argentina deba leerse en este contexto, como también en el hecho de que realizar una cesación de pagos con el FMI no parece ser una opción posible, por las dificultades y sanciones que el país recibe para llevar adelante su política de endeudamiento soberano y comercio exterior. 

Negociación

Fue de hecho la decisión de Argentina en 2001, que interrumpió los pagos a los bonistas privados pero no al FMI, para finalmente abonarle la totalidad de su deuda en 2005 como única manera de desprenderse de la desestabilizadora influencia de este organismo. 

Más aún, durante el actual siglo, sólo Zimbawe en 2001 y Grecia en 2015 llegaron al punto de cesar los pagos acordados con el FMI, aunque rápidamente reentablaron negociaciones, y aceptaron las directrices del Fondo.

No resultan tan claras sin embargo las razones para el inicio de las negociaciones en medio del actual contexto de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la vacuna, junto al anuncio del ministro Martín Guzmán esperando un acuerdo para principios de 2021. 

Si se tiene en cuenta que los vencimientos más fuertes comienzan a operar en el tercer y cuarto trimestre del próximo año (1873 millones cada uno), podría suponerse que el complejo escenario de una posible segunda ola en el marco de un ajuste fiscal que ya comenzó con la baja del IFE 4, brindaría una mayor fortaleza al gobierno para frenar las conocidas requisitorias del FMI, bajo la evidencia de no poder aceptar uno de sus clásicos programas, debido al nivel de desestabilización general que provocaría. 

Los antecedentes negociadores del Gobierno con los bonistas privados son un buen punto de partida, pero es muy difícil predecir cuál será el resultado de la actual negociación, y sus potenciales limitaciones para retomar las pasadas políticas económicas implementadas entre 2003 y 2015, que a contramano de los dictados del FMI, favorecieron el consumo interno y el empleo.  

@JBlejmar