El juez de Lomas Juan Pablo Augé indagará a tres abogados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la cobertura legal que le dieron al espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner que tuvo lugar tanto en el Instituto Patria como en su departamento de Juncal y Uruguay. El magistrado avaló el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y rechazó la pretensión de uno de los imputados, el exdirector de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano, de postergar la indagatoria que ya tenía prevista para el próximo lunes para responder por las escuchas ilegales a los presos kirchneristas.

La Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI macrista está en la mira de la justicia federal de Lomas de Zamora. De Stefano junto con dos otros dos abogados a su cargo, Mariano Ruda Bart (escuchas) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales) ya estaban citados para la semana próxima para responder sobre el espionaje penitenciario. Pero, en las últimas horas, Incardona y Eyherabide le pidieron a Augé que amplíe la acusación contra De Stefano y Miguens por la vigilancia sobre Fernández de Kirchner. Augé estuvo de acuerdo y avanzó. La novedad es que ahora también está citada Jimena Honor, una abogada de Contrainteligencia de la AFI, que deberá declarar por Zoom el 16 de diciembre, cuando haya terminado la ronda del espionaje penitenciario. De Stefano declarará el lunes próximo y Miguens, el martes. 

Según los fiscales, la AFI destinó autos a espiar a CFK --por entonces principal opositora al entonces presidente Mauricio Macri-- entre fines de julio y el 7 de agosto de 2018. Los vehículos se apostaron tanto en la sede del Instituto Patria como en el edificio donde vive Cristina Kirchner. Ese operativo terminó abruptamente después de que uno de los autos de la AFI fuera identificado por trabajadores del Instituto Patria y un oficial de la Policía de la Ciudad les requiriera a sus ocupantes que se identificaran. Después de que los espías entraran en pánico, el coche dobló en “U” por Rodríguez Peña y huyó. Era tarde. Todo había quedado registrado por las cámaras y fue denunciado durante una sesión del Senado. Esa inteligencia ilegal habría estado a cargo de Alan Ruiz, que acababa de llegar a la AFI desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Ese debut estrepitoso lo privó de conseguir un nombramiento formal como director de Operaciones, declararon varios agentes en la justicia. Ruiz ya está procesado por estos hechos junto con el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y los dos directivos máximos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La Cámara de La Plata tiene que revisar esos procesamientos.

Ahora, los fiscales quieren avanzar sobre quienes ellos entienden procuraron darle cobertura legal al operativo supuestamente ordenado por Ruiz. Por eso, solicitaron indagar a De Stefano y a Miguens, que fueron aparentemente los responsables de confeccionar las presentaciones que la AFI hizo tanto en el juzgado donde se radicó la denuncia por la vigilancia --el de Marcelo Martínez de Giorgi en Capital Federal-- y en el que se insertó el episodio como tareas de vigilancia en el marco de la cumbre del G20 --el que estaba a cargo de Federico Villena--. Honor, por su parte, habría estado en contacto con Miguens para suministrarle la información que ellos le requerían. Los fiscales también toman como un documento falso la carta que presentaron Arribas y Majdalani ante la Bicameral de Inteligencia tan solo dos días después de que se detectara el auto afuera del Instituto Patria.

Incardona y Eyherabide fundan su pedido en declaraciones que fueron brindadas en el marco de la causa o aportadas a la Bicameral:

  • Coste declaró: “La DAAJ dependía directamente de Arribas y fue dicha dirección la que armó todas las notas de contenido falso que antes mencioné”.

  • La fiscalía secuestró una grabación que le hicieron sus propios agentes a Ruiz en la que decía: “Cualquier operación que hacemos con el ‘Enano’ De Stefano, la hacemos con una cobertura judicial en algún juzgado”.

  • La propia Honor declaró ante la Bicameral y relató cómo fue la peripecia entre Contrainteligencia y Jurídicos, y que ella estaba en contacto con Miguens, que él le habría dicho cómo confeccionar los documentos para poder justificar la operación.

Mientras en Lomas avanzan las declaraciones sobre el espionaje en las cárceles, en Comodoro Py se juega otro partido. La Sala I de la Casación Federal debe decidir dónde tramitarán dos de los tres tramos que hacen a la causa, el del Instituto Patria y el del espionaje que llevaron adelante, durante el gobierno de Macri, los Súper Mario Bros sobre políticos oficialistas y opositores así como sobre jueces y religiosos. Antes de ahondar en esa discusión deberán resolver la recusación que Arribas presentó contra la camarista Ana Figueroa por denunciar las presiones de la mesa judicial macrista. El otro tramo --el del espionaje penitenciario-- está ahora en manos del camarista Leopoldo Bruglia después de que otra sala de la Casación, la Sala IV, anulara una resolución del camarista Mariano Llorens que decía que el espionaje en las cárceles debía seguir tramitando en Lomas. Bruglia ya fijó audiencia para el próximo jueves para que las partes opinen y después decidir. El macrismo está decidido a llevar la investigación a un terreno más amigable como es el de los tribunales de Retiro.