En todo el mundo se realizan en estos días jornadas de movilización y lucha por el 25 de noviembre, “Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, fecha que recuerda el crimen de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las “Mariposas” que enfrentaron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana -responsable de más de 50.000 asesinatos de los pueblos dominicano y haitiano-, hasta su asesinato en 1960, un triple feminicidio político.

En los feminicidios políticos perpetrados en las últimas décadas, entre ellos los de Beti Cariño (2010 / Oaxaca, México), Nilce de Souza Magalhães (2016 / Rondonia, Brasil), Macarena Valdes (2016 / Wallmapu, Chile), Berta Cáceres (2016/ Honduras), Marielle Franco (2018/ Brasil), Cristina Bautista (2019 / Cauca, Colombia), en todos hay acciones previas y posteriores dirigidas a desprestigiar a las lideresas populares que tienen un rol fundamental en la defensa de cuerpos y territorios. En la mayor parte los autores de los crímenes continúan en la impunidad, ya que están involucrados grandes empresas -muchas de ellas transnacionales-, poderosos intereses políticos corporativos, asesoramiento internacional, gobiernos locales, fuerzas de seguridad. Algo similar sucede en los procesos de criminalización de las defensoras de territorios, comunidades y cuerpos en el Abya Yala.

Berta Cáceres: un crimen emblemático

En esta semana se debía reiniciar en Honduras el juicio a David Castillo –postergado por dos años y ocho meses por maniobras dilatorias de su defensa aceptadas por el tribunal-. Una vez más la audiencia fue suspendida por la interposición de un recurso de apelación de la defensa. Resulta vergonzosa la complicidad del Tribunal con los dueños del poder. Nos dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en una entrevista previa a la audiencia, que las pruebas existentes contra David Castillo son contundentes e irrefutables. Por eso su defensa intenta llevar el juicio a un callejón sin salida.

COPINH ha denunciado que David Castillo, junto a los integrantes de la familia Atala –Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah- y Daniel Atala Midence, son los responsables intelectuales del asesinato de Berta. A pesar de las numerosas pruebas que los incriminan, los empresarios Atala –dueños de DESA- jamás fueron juzgados, ni siquiera citados como testigos. Señaló Bertha Zúniga Cáceres: “En este juicio se pretende lograr la condena al Presidente de la empresa DESA, el señor David Castillo, que tuvo un papel determinante en el crimen de la compañera Berta Cáceres, y en los ataques sistemáticos al COPINH. Para nosotras es importante, pues él representa los intereses de un grupo económico que se intenta imponer frente a los pueblos, a sus resistencias. Es una persona con entrenamiento militar, que responde a los intereses de la familia Atala, de los grupos que se han beneficiado del modelo económico basado en el extractivismo, para seguir aumentando sus ganancias. A él lo consideramos una pieza clave para vincular a los autores materiales que ya fueron condenados y a los autores intelectuales que guardan impunidad, por no existir voluntad del estado de Honduras para enjuiciarlos y condenarlos. Esta condena reafirmaría el hecho de que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha, que se oponía a intereses económicos en el país que siguen violentando a los pueblos. Es un juicio que simbólicamente es muy importante también para plantear las dimensiones de los agravantes en el crimen sobre ella como lideresa mujer de una organización de pueblos indígenas, que no tuvo miedo en señalar quiénes atacan a los pueblos”.

¿Quién es David Castillo?

En la noche del 2 de marzo de 2016, madrugada del 3 de marzo, fue asesinada Berta Cáceres, cofundadora y dirigente del COPINH, reconocida dirigente de la resistencia al golpe de estado, defensora de los territorios –especialmente en los que habita el pueblo Lenca- y en los últimos años profundamente comprometida en la oposición de la comunidad Lenca de Río Blanco a la construcción de la represa Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque –considerado un río sagrado por su pueblo-. El crimen de Berta levantó una movilización nacional e internacional exigiendo justicia.

El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete sicarios como autores materiales del asesinato. Entre estos hombres, contratados por ejecutivos de DESA, están el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos, Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de fuerzas especiales Henry Hernández, el oficial de fuerzas especiales entrenado en Estados Unidos Mariano Díaz Chávez, y Edilson Atilio Duarte Mesa, integrante de las fuerzas armadas -en funciones a la hora del crimen-. No se trata de sicarios elegidos al azar. Es un grupo de tareas operativo, altamente calificado, con personal entrenado en Estados Unidos, coordinado por David Castillo, uno de los autores intelectuales juzgado en estos días, que ofició de enlace con los dueños de la empresa.

Presidente de DESA, empleado de los Atala, David Castillo es un ex oficial de inteligencia militar, que fue integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras con el grado de Subteniente de Inteligencia Militar. Aparece en la lista de graduados del año 2004 de la academia militar estadounidense West Point. Está acusado de organizar el crimen, hacer inteligencia en el COPINH, y contratar a los asesinos. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba salir del país. Desde su audiencia inicial el 9 de marzo de 2018, permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

David Castillo fue el responsable de realizar una labor de inteligencia acercándose a Berta Cáceres, estableciendo una relación a través de la cual sacaba información para los planes de la empresa. Este vínculo está siendo utilizado ahora para atacar la imagen de Berta, profundizando las lógicas patriarcales de ataque a las mujeres dirigentes, a su vida privada, buscando justificar así la supuesta inocencia de David Castillo.

¿Por qué un feminicidio político?

Antes todavía del crimen, Berta había recibido numerosas amenazas. También había estado perseguida y presa por un montaje judicial organizado por el Ejército y la empresa DESA. También sufrió el acoso sexual de agentes de la inteligencia militar –entre ellos Douglas Bustillo y David Castillo-, y fue víctima de una campaña de desprestigio –que ahora se sabe que fue organizada por el grupo coordinado por Castillo, que contrató a periodistas para tal fin, y que finalmente la mató-.

La criminalización y estigmatización de Berta Cáceres fue el prólogo para el asesinato. En uno de los diálogos sostenidos con ella nos decía con su humor inconfundible: “Nos han acusado no solo de tráfico ilegal de armas, de violentas, de lucha armada, sino también de brujas. ¡Me han acusado de bruja! Es lo único que acepto. Algo de brujas tenemos para soportar lo que estamos viviendo y para seguir inventando nuevas luchas. Eso sí es verdad, digo. Pero lo demás no. Vivimos una enorme criminalización, especialmente por ser mujeres. Recibimos amenazas a nuestra vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestras compañeras y compañeros del COPINH, a quienes nos acompañan, incluso así sean internacionalistas. Hay campañas de descrédito, acusaciones. Que somos putas, brujas, locas, que tenemos familias disfuncionales. Campañas nacionales en los medios de la oligarquía, con una gran carga de desprecio, de racismo, de patriarcado. (En el libro Las Revoluciones de Berta).

En diálogo con el periodista Dick Emanuelsson, en diciembre 2013, denunciaba Berta: “La concesión de Río Blanco la tiene DESA. Hasta ahora no ha podido contratar a ninguna empresa para seguir la construcción, precisamente por el nivel de lucha, de solidaridad y de denuncia. Por eso han aumentado la represión, el hostigamiento, las amenazas, los secuestros. Estos sicarios amenazan a las mujeres con hacerles cualquier cosa, ultrajarlas. ¿Quénes son? El jefe de seguridad de DESA, ex militar, el que se presenta como dueño de DESA, egresado de la West Point, especialista en inteligencia militar, y asesor de la Inteligencia del Estado Mayor. En todos los megaproyectos, hidroeléctricos o mineros, hay una vinculación con los militares. Yo fui presionada por ellos para sentarme a negociar con la empresa. Les dije: ‘no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nunca’, pese a que el mismo dueño de la empresa me ofreció soborno. Como no les funciona eso, vienen después todas las acusaciones que se conocen, y amenazas de muerte. Tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa, donde incluso hay acoso sexual”. Eso, más el uso de las declaraciones de los que fueron nuestros compañeros: que somos traficantes de armas, que nos financian los europeos, los gringos, que degeneramos la lucha del COPINH, combinado con todo el mecanismo de querer pudrir a las organizaciones y despedazarlas, es una jugada muy inteligente. Es la estrategia gringa de contrainsurgencia”.

Inmediatamente después del asesinato se lo quiso presentar como “crimen pasional”. Abonado por esa campaña previa de desprestigio, realizada desde todas las usinas del poder patriarcal, y elaborado por la inteligencia militar, incluso la CNN repitió esa muletilla.

Ahora nuevamente se pretende oscurecer los móviles del crimen, presentando a David Castillo, y a sus operaciones de inteligencia militar, que incluyeron el acercamiento a Berta Cáceres, el intercambio de mensajes, el disfraz de “aliado”, mientras enviaba información a los jefes de la empresa, como argumentos para desdibujar la operación político militar de los dueños del poder.

En Conferencia de Prensa realizada por el COPINH y la familia de Berta Cáceres, expresaba Laura Zúniga Cáceres ante una pregunta insidiosa de un corresponsal de la prensa: “David Castillo es uno de los asesinos de Berta Cáceres. Fue un acosador, perseguidor de mi mami, que en reiteradas ocasiones la amenazó y buscó intimidarla. Sabemos que Berta Cáceres era una mujer fuerte, que no se dejaba intimidar, pero esa fue su función. Él buscaba intimidarla, le escribía siempre mensajes. Fue la comunicación entre un acosador, un hombre entrenado en inteligencia militar, hacia una persona que era su víctima.” Cuando el reportero le preguntó si había un vínculo amoroso entre ellos, Laura lo desmintió y agregó: “Mire, eso de intentar ligarlo con vínculos amorosos es bien feo, porque también vamos a recordar aquí que los femicidios de las mujeres, la mayor parte han sido realizados por personas cercanas, y que eso no justifica en nada el asesinato. Estamos hablando de un asesino, de un ex militar, utilizado por la familia Atala para atentar contra una mujer y un pueblo que está defendiendo su territorio, su vida y su río. Estamos hablando de un asesinato, de un asesino. Éste es un país donde hay impunidad, y tenemos que apostar a que se juzgue a los asesinos de los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, que sabemos que este país es uno de los más peligrosos para ellos y ellas”.

Contra la impunidad, por la vida

Los feminicidios políticos –como todos los crímenes que se enlazan en la necropolítica- tienen un objetivo altamente disciplinador y domesticador de las subjetividades. El patriarcado, como sistema estructural de opresión de las mujeres y disidencias sexuales, fue fundado y se rehace una y otra vez sobre la base de la violencia. En nuestro continente, se entrelaza con el colonialismo y la imposición del capitalismo depredador, destructor de la naturaleza, de las comunidades, de los pueblos. Los Estados Nación se han levantado a partir de sucesivos genocidios, invisibilizados por las versiones de la historia construidas por los vencedores. Desencubrir estas violencias, desenmascararlas, lograr el castigo a los responsables, es un hecho político sanador, que contribuye a la creación de una subjetividad capaz de ejercer rebeldías y resistencias. Por eso continuar las acciones internacionales por Justicia para Berta, y castigo a David Castillo y a los Atala, acuerpar al COPINH y a la familia de Berta Cáceres, es parte de las acciones que los feminismos populares realizan cotidianamente, en las cuales cada golpe dado al poder, cada ¡ya basta! expresado colectivamente, enriquece la capacidad de creer y crear un mundo donde las Bertas, las Macarenas, las Marielles, encuentren su lugar en nuestra memoria y en nuestro grito de Justicia.