La violencia institucional busca llegar a la Corte Suprema de Justicia provincial, por el crimen de un chico de 18 años, perpetrado en 2014. Se trata del caso que investiga la muerte de Michel Campero, de Granadero Baigorria. El comisario inspector Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús fueron imputados por el homicidio calificado, pero el año pasado la jueza Delia Paleari sobreseyó a uno de ellos y procesó al otro por un exceso en la legítima defensa. La semana pasada, la Cámara Penal ratificó aquella decisión, pese a que los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) hablaron de una ejecución por la espalda. Al mismo tiempo, aseguraron que los acusados intentaron simular un enfrentamiento, y dijeron que el chico había disparado, pero se constató que el arma que le encontraron era de juguete. Para María Isabel, madre de la víctima, "tienen gente que los está cubriendo, porque a mi hijo lo mataron como a un perro".

La noche del 6 de enero de 2014, Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria con su esposa, en una moto. Dos personas, en otro rodado, lo abordaron. Uno de ellos se bajó y a punta de pistola se llevó la moto del policía que estaba vestido de civil por estar de franco. En ese momento, el comisario Dal Lago, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, advirtió lo que sucedía y los dos salieron en un auto a buscar a los sujetos, que huyeron en una moto cada uno.

Dal Lago padre declaró que cuando los encontraron, disparó al aire "para intimidar". En ese momento uno de los hombres logró escapar, pero Campero perdió el control, chocó con un colectivo y quedó tirado en el suelo. El relato policial planteó que el muchacho se reincorporó y les apuntó. Ese fue el justificativo para los tiros que recibió Campero, por los que perdió la vida. Sin embargo, en el expediente no hay pruebas de un enfrentamiento. Y los querellantes aseguran que antes de caer recibió el disparo mortal que lo atravesó. La bala salió despedida. El abogado del CAJ, Valentín Hereñú, aseguró que las únicas balas fueron las policiales.

Tras el sobreseimiento dictado por la jueza Alejandra Rodenas, en diciembre de 2014, la fiscal Nora Marull y la querella del CAJ apelaron la resolución, y se quejaron de que tanto la reconstrucción del hecho como los testimonios se hicieron con la hipótesis policial, pero no se realizaron pericias que consideraron hubiesen sido de importancia para la causa. En ese sentido, hablaron de una ejecución por la espalda.

En tanto, a fines de abril del año pasado el camarista Carlos Carbone revocó el sobreseimiento y la causa volvió a la etapa de investigación, en el Juzgado de Instrucción 3º. Meses después, la jueza Delia Paleari sobreseyó a uno de los policías imputados y procesó a otro por exceso en la legítima defensa. Para los querellantes es insuficiente y apelaron esa decisión, que ahora Carbone confirmó. En ese punto, la querella aseguró que se trata de un fallo arbitrario y lamentó que el camarista hable de beneficio de la duda en esta etapa de la investigación, cuando es un elemento para el momento del juicio.

Por eso, el viernes Hereñú presentó un recurso de inconstitucionalidad que deberá ser analizado por el propio camarista para admitir o rechazar el planteo ante el máximo tribunal provincial. Lo mismo hará hoy la Fiscalía de Cámara. En tanto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) le recordarán a la Alzada que se presentó un amicus curiae (amigos del tribunal) para que lo tengan en cuenta a la hora de analizar el caso.

La causa lleva más de tres años de investigaciones y los querellantes encontraron varios obstáculos. En oportunidades se quejaron porque las declaraciones de los policías, que alegaron legítima defensa, "no se contrastaron con los restantes elementos acumulados en la causa". Y consideraron que, por el contrario, "fueron tomadas como la única hipótesis válida y se recurrió a ella para fundamentar el sobreseimiento". También advirtieron  sobre "reiteradas dilaciones". Incluso, en diálogo con este diario, la madre de Campero lamentó que tuvo que esperar "16 meses para saber cuál de los dos Dal Lago le había disparado" a su único hijo.

Para los querellantes y para la propia María Isabel, la muerte de Michel a manos de los Dal Lago "es un hecho de extrema gravedad, que configura un claro caso de violencia institucional que debe ser sancionado. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar estas graves violaciones a derechos fundamentales cometidas por sus agentes", dijeron en su momento.

La mujer lamentó: "Es increíble la impunidad que hay en la Justicia, y cada vez se nos van cerrando más puertas. No mataron a un perro, mataron a una persona, y no puede ser que no haya sanción; lo que pasa es que estos policías tienen gente que los está cubriendo", aseguró.