Personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos reclaman que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adhiera al Régimen de Empleo Protegido para poder cobrar un sueldo digno y tener acceso a jubilación, ART y obra social. Actualmente, los 60 trabajadores que se desempeñan en los tres talleres que hay en la ciudad cobran alrededor de 3000 pesos. “Pedimos un poco más de empatía por parte del Estado, sobre todo con este sector de la población que de por sí es más vulnerable”, reclamaron.

“Tengo derecho a jubilarme”, “Quiero un salario digno”, “La ley no se negocia”, “Respeten mis derechos”, pidieron los trabajadores en un video que compartieron desde la cuenta de Federación Nacional de Talleres Protegidos (Fenatap), la red de talleres que surgió durante la cuarentena para poder articularse y trabajar en conjunto incluso en tiempos de pandemia.

Sancionada en 2012, la Ley nacional 26.816 creó un régimen laboral especial para personas con discapacidad que se desempeñen en los talleres protegidos; definidos como lugares en donde se “desarrolle actividades productivas, comerciales o de servicio para el mercado, debiendo brindar a sus trabajadores un empleo remunerado y la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran”.

La norma establece a su vez un régimen especial de seguridad social para que los trabajadores puedan acceder a coberturas de vejez, enfermedad, cargas familiares y riesgos de trabajo. Al ser una ley nacional, para su cumplimiento las jurisdicciones deben adherir y diseñar su propia implementación, además de prever el presupuesto necesario.

“Pedimos la adhesión de la Ciudad para que los trabajadores de los TPP puedan ser trabajadores con todos los derechos. Hoy las personas con discapacidad que vienen a trabajar no tienen aportes y reciben solo un incentivo de 3300 pesos mensuales. La ley establece que el salario debe ser el equivalente a un 40 por ciento del salario mínimo y con todas las cargas sociales para acceder a una jubilación y servicios de salud”, explica Laura Pelagatti Rey, presidenta de A.L.P.A.D. y secretaria general de la recién constituida Fenatap.

Pelagatti Rey prefiere llamar a los talleres protegidos como “unidades productivas inclusivas” o un “puente hacia el empleo abierto”, el mercado laboral sin intermediarios. Pero, explica, no todas las personas con discapacidad tienen los recursos para insertarse sin ayuda. “Toda persona con discapacidad tiene el derecho a poder trabajar pero no todos cuentan con los apoyos necesarios para sostener un puesto de trabajo en el mercado laboral. Si desde el Estado no hay un acompañamiento para que esa persona pueda desarrollar su potencial la persona va perdiendo autonomía”, remarca.

Actualmente hay tres talleres protegidos en la Ciudad de Buenos Aires: Fundacion Idel, Fundacion Faldad y A.L.P.A.D. que agrupan a unos 60 trabajadores. Se trata, en su mayoría, de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como puede ser un retraso madurativo o síndrome de down. 

Los talleres pueden prestar servicios a empresas o desarrollar un producto propio. Entre algunas de las tareas que desarrollan está el ensobrado de correspondencia, el armado de material para eventos o el empaquetado, embolsado, fraccionado y ensamblado de partes de diferentes productos. Además algunos de los talleres elaboran un producto propio, como lo hacen en Idel, donde los trabajadores realizan y empaquetan bolsas de residuos para consorcios y domicilios particulares.

“La Ciudad no nos ve como una opción porque considera que toda persona con discapacidad tiene que poder conseguir un empleo en el mercado abierto y sostenerlo. Nosotros abogamos por eso y soñamos con que llegue el día en que nuestras instituciones no sean necesarias pero en el mientras tanto el Estado no puede desconocer que hay personas con discapacidad que no pueden conseguir o sostener ese empleo”, finaliza Pelagatti Rey.