Otra vez el diputado provincial Gustavo Orozco es noticia por un hecho judicial, esta vez el Ministerio Público Fiscal informó que el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, lo imputó provisionalmente por la comisión del delito de apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública.
La audiencia de imputación se realizó ayer viernes, vía Zoom, ante la ausencia del diputado en dicha ciudad, pero se concretó con la presencia de su abogado particular. Orozco negó los hechos endilgados y pidió prestar declaración por escrito.
Según consta en las actuaciones, el legislador habría expresado que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.
Además, en la que sería su cuenta de Facebook publicó que: “los delincuentes que maten a un policía en el delito y aquellos que violan… deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde!!!!!!”.
Y a continuación expresó: “Esto es lo que respondí a los medios salteños cuando preguntaron qué pienso de la inseguridad que últimamente estamos viviendo”.
Al otorgar la calificación legal provisoria, el fiscal entendió que la conducta de Orozco está sospechada de criminalidad, y que conforme a las diligencias realizadas se pudo establecer que el imputado habría manifestado públicamente alabanzas o exaltación de un hecho que de acuerdo a la legislación argentina, constituiría un delito (homicidio), presentándolo como un hecho meritorio y digno de aceptación por todos, lo cual podría generar la falsa idea de que esa conducta es legítima, empujando a actuar en contra de la ley.
Para Rodríguez López, el comentario del imputado “podría generar una perturbación social y una alteración del desenvolvimiento normal de la sociedad civil por el contexto y la relevancia que tendría, en virtud de que se trata de un funcionario público, elegido por el voto popular”. Y agregó que “se suma a todo ello, la crítica situación de alta sensibilidad en la que la sociedad se encuentra inmersa debido a la pandemia”.
Por comentarios similares existe una denuncia penal contra el diputado de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, que justificó el linchamiento que derivó en la muerte de un sospechoso de violación en Tucumán.
Si bien el vicepresidente de la Cámara pidió disculpas públicas durante una sesión, la denuncia presentada sigue su curso en la Justicia. Aunque en un primer momento el fiscal Federico Jovanovics la archivó, luego la fiscal interina de impugnación Ana Salinas Odorisio dispuso que debe continuar la investigación.
Juicio pendiente y otro en camino
A mediados de octubre la Corte de Justicia de Salta devolvió al Juzgado de Garantías del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, a cargo del juez Héctor Guzmán, el expediente para que avance con el juicio contra Orozco por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, todos hechos cometidos cuando se desempeñaba como policía en la ciudad termal.
Originalmente el juicio iba a comenzar en marzo pero por la pandemia se retrasó a junio. Allí comenzaron las excusaciones de los posibles jueces, lo que derivó en un laberinto, que solo se desentrañó con la intervención de la Corte exigiendo que se avance con el juicio, que involucra también a otros ocho policías.
Pero además Orozco podría tener que afrontar un segundo juicio si prospera el pedido de la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke, en la causa que se le sigue por un hecho denunciado en 2015 en el que se lo acusa de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautor con otras dos personas.
El diputado adelantó que apenas comience alguno de los juicios, pedirá licencia en la Legislatura para allanarse de fueros, hasta tanto se resuelva la situación legal.
En la sesión del martes último, Orozco festejó que la Auditoría General de la provincia haya denunciado al intendente de Rosario de la Frontera por supuestas irregularidades en su gestión.