La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua al comisario retirado Joaquín Guil por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, delito de lesa humanidad cometido el 11 de marzo de 1976 en la ciudad de Salta, en el marco del terrorismo estatal.
La decisión es del 26 de este mes. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible” y "por ello, se la desestima”, dice de manera escueta el fallo del tribunal supremo que pone fin al largo trámite de apelaciones en este proceso tras la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, dictada el 11 de octubre de 2011. Este era el último recurso que quedaba sin resolución en esta causa, "Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/encubrimiento (…) incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes, homicidio agravado con ensañamiento – alevosía, coacción agravada (…) y coacción agravada”.
Ahora resta que el TOF Salta dicte una nueva resolución respecto del ex vocero de la Triple A Jorge Héctor Zanetto y el ex oficial de policía Andrés del Valle Soraire, que fueron absueltos en el juicio y sobre quienes la Corte Suprema ordenó, en agosto último, que se dicte una sentencia condenatoria.
Guil, Zanetto y Soraire fueron juzgados en el primer debate oral por la desaparición del ex gobernador, en cuyo secuestro fue asesinado a tiros un vecino suyo, el almacenero Santiago Arredes, y se intentó matar también a Margarita Martínez de Leal, una empleada de comercio que fue testigo del ataque a Ragone.
En el juicio que concluyó en 2011 se dictaron condenas a prisión perpetua al ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall (fallecido en 2014); al ex jefe de Policía Miguel Raúl Gentil (fallecido este año) y a Guil. Además recibieron penas de dos años de prisión los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera, y Zanetto y Soraire fueron absueltos. Hubo apelaciones de la acusación y de las defensas.
Como suele ocurrir en estos procesos, en los que se tratan crímenes cometidos hace más de 40 años, en el trámite de estos recursos algunos protagonistas fallecieron. Así, ya con la baja de Mulhall, en julio de 2016 la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó las condenas a Gentil, Guil y los Herrera. Además, anuló las absoluciones de Zanetto y Soraire, y ordenó al TOF Salta que dicte un nuevo pronunciamiento "con la celeridad y resguardos que impone el caso". Pero otra vez hubo recursos y la causa llegó a la Corte Suprema, que se tomó cuatro años para decidir. Gentil también había recurrido el fallo de Casación pero murió antes de que se resolviera.
El 27 de agosto último la Corte Suprema confirmó la decisión de Casación respecto de Soraire y Zanetto. Entonces se descontaba que el TOF Salta iba a esperar que el máximo tribunal nacional resolviera el recurso de Guil.
En el juicio concluido en 2011 el fiscal Horacio Azzolín había pedido una pena de diez años de prisión para Zanetto por coacción agravada, por amenazas a Ragone, y para Soraire había solicitado prisión perpetua por considerar probado que participó de la comisión policial que intervino en el secuestro y desaparición de Ragone y los otros crímenes que se cometieron en torno a este hecho.
Zanetto era empleado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Buenos Aires y, según él, era hombre de confianza de Lorenzo Miguel. Llegó a Salta en junio de 1975. De acuerdo a su relato, vino a colaborar con el interventor Ferdinando Pedrini, asumido en noviembre de 1974, tras la intervención al gobierno de Ragone. Fue juzgado por coacción, porque fue el encargado de comunicar al ex gobernador que lo matarían si no se retiraba de la interna justicialista prevista para el 14 de marzo de 1976.
Soraire comandaba el grupo de tareas Guardia del Monte, que tenía su epicentro en la ciudad de Metán pero operaba en todo el sur de la provincia. Su participación en este hecho ha sido reseñada por varios testigos, a raíz de un incidente suscitado en mayo de 1977 en un Juzgado de la ciudad de Metán, donde el entonces subjefe de la Policía de Salta, el mayor Juan Carlos Grande (fallecido), interrumpió una audiencia en la que el policía iba a ser indagado por un doble homicidio. Los testigos afirman que el militar dijo que esa investigación no podía prosperar porque Soraire había participado de la desaparición de Ragone.
El Far West del terror
En aquel primer juicio oral por el secuestro del ex gobernador, la jueza Marta Snopek y los jueces Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez concluyeron que este crimen se cometió en el marco del terrorismo de Estado y que fue decidido por el Ejército, con participación de la Policía provincial, donde Guil era uno de sus hombres fuertes.
El comisario era jefe de Seguridad de la Policía de Salta, un cargo estratégico con el que tenía llegada directa a todas las dependencias de la fuerza, que desde finales de 1974 estaba bajo las órdenes del Ejército. En los distintos procesos por los crímenes cometidos en la provincia en el marco del terrorismo aplicado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, buena cantidad de testigos han dado cuenta del poder absoluto del que gozaba el comisario, que hasta usó la represión para ganar campeonatos de fútbol.
Guil tiene cuatro condenas por delitos de lesa humanidad, dos de ellas están firmes, por Ragone y por la matanza de 11 detenidos políticos en la conocida como Masacre de Palomitas.
En el primer juicio por Ragone, el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa, que fuera secretario privado del gobernador, contó que Guil estaba al frente de la “Dirección de Contralor General” (sería Seguridad, pero se ha probado que muchas veces el jefe de Controlar reportaba a Guil), que estaba dedicada al espionaje político. “Era muy rudimentaria, muy dañina a la vez” porque los policías que realizaban esta tarea no tenían ninguna preparación, eran muy torpes y, por eso mismo, “doblemente peligrosos”, sostuvo.
Para graficar la impunidad con que se manejaba este grupo, relató que en una fiesta de Navidad, para festejar, Guil y sus hombres hacían disparos al aire; en otra ocasión dinamitaron un supermercado de Cerrillos con el cual estaba endeudada una hermana del jefe de Seguridad. “Guil había hecho una especie de Far West”, subrayó. Dijo que “había sentencias y condenas” sin derecho de defensa, “habían quebrado, antes del golpe de Estado, todos los principios de la legalidad y la justicia”.
Guil estaba enemistado con Ragone, porque durante su gobierno se mandó a investigar a los comisarios que venían cometiendo apremios ilegales y vejámenes en perjuicio de detenidos políticos.