Con la citación a indagatoria del director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo para el lunes, se reactiva en la justicia de Lomas de Zamora la investigación sobre el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de las calles Juncal y Uruguay. En ese tramo de la causa ya están procesadas las máximas autoridades de la exSIDE y ahora los investigadores se centrarán en los documentos con los que buscaron darle apariencia de legalidad a la vigilancia sobre CFK.

Se sabía que Juan Sebastián De Stefano tendría que declarar el lunes por videoconferencia por el espionaje en las cárceles ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, pero los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sorprendieron el jueves cuando pidieron ampliar la imputación también por los hechos vinculados al espionaje contra CFK. Lo mismo sucedió con Bernardo Miguens, un abogado joven que venía de trabajar en el juzgado de Claudio Bonadio y que recaló en la AFI macrista como jefe de departamento de Oficios Judiciales. Quizá la novedad fue la incorporación de una abogada de Contrainteligencia, Jimena Honor, que había brindado información detallada de la maniobra de encubrimiento -- aunque Honor hacía tiempo que ya se había presentado en la causa y designado una abogada.

A CFK la espiaron entre fines de julio y el 7 de agosto de 2018. La AFI envió a agentes en, al menos, dos autos: un Megane y un Voyage para montar guardia afuera del Instituto Patria y del departamento. Los agentes que estuvieron a cargo de la vigilancia declararon como testigos que les habían pedido que informaran si había movimientos con bolsos. La vigilancia fue contemporánea con la explosión del caso de los cuadernos. El 7 de agosto, trabajadores del Instituto Patria detectaron el auto y un agente de la Policía de la Ciudad identificó a sus ocupantes como integrantes de la AFI. Los espías entraron en pánico y doblaron en “U” por la calle Rodríguez Peña. Era tarde porque ya habían sido captados por las cámaras. La escena tragicómica se repitió en loop en redes sociales y en medios de comunicación.

A los dos días, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani enviaron una carta a la Bicameral de Inteligencia, que decía que estaban haciendo tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial. Como después de la identificación del Voyage se presentaron denuncias que quedaron unificadas en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, la AFI buscó insertar informes que justificaran su presencia en la calle Rodríguez Peña en una causa que se había abierto ante la inminencia de la cumbre del G20 en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. Allí remitieron dos informes en el que decían que estaban haciendo tareas de prevención ante posibles amenazas a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff, Diego Santilli y, al pasar, mencionaban a CFK. A Martínez de Giorgi le informaron que estaban actuando en esa causa para que cerrara la denuncia.

Uno de los procesados por el espionaje en el Patria, el entonces director operacional de Contrainteligencia de la AFI Martín Coste, fue quien apuntó su dedo hacia la estructura de Jurídicos por el montaje para tapar el espionaje a CFK. Coste declaró que, después de que se hiciera público el episodio, él concurrió a la sede central de la AFI a ver a su superior directa, Majdalani, pero en la antesala se encontró con Alan Ruiz -- sindicado como quien ordenó las tareas de inteligencia ilegal -- ensayando una respuesta con De Stefano y con Hernán Martiré, uno de los históricos de Jurídicos de la AFI. Según Coste, Jurídicos le decía a Contrainteligencia qué debía volcar en cada uno de los informes para justificar la presencia de los espías en el Patria. 

Entre julio y agosto, la Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, citó tanto a De Stefano como a Miguens y a Martiré para dar explicaciones. Los tres rechazaron los cargos que formularon los funcionarios de Contrainteligencia. Martiré negó la existencia de la reunión con Alan Ruiz. De Stefano dijo que los informes que Jurídicos mandó a los juzgados eran producidos por Contrainteligencia, mientras que Miguens minimizó su rol dentro de la Agencia.

Los procesamientos a Arribas, Majdalani, Coste y Ruiz están hace dos meses para ser revisados por la Cámara Federal de La Plata. Comodoro Py reclama la competencia de la causa porque entienden, como Arribas, que todos los hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. Hay planteos por la competencia tanto en la Cámara de La Plata como en la Sala I de la Casación Federal -- que tiene todas las miradas sobre sí por un fallo pendiente sobre los arrepentidos. Se espera que haya novedades en los próximos días.