A poco de poner un pie en el año electoral, la tensión entre el gobierno nacional y el gobierno porteño sube de voltaje en varios escenarios. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, confirmó que recibió la indicación del presidente Alberto Fernández de denunciar judicialmente a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por la represión policial en el adiós a Diego Maradona. Además, ayer hubo un nuevo cruce acerca de dónde partió efectivamente la orden para cortar la fila de asistentes en la 9 de Julio, que derivó luego en los incidentes. Pero, además, para este lunes, en el último día del período ordinario, el Frente de Todos convocó a una sesión especial para tratar el proyecto para recortar los fondos que la Nación le envía a la Ciudad por el traspaso de la Policía. También están las diferencias públicas en torno a la vuelta de las clases presenciales y ni hablar de la puja en torno al proyecto para la construcción de torres en el predio de Costa Salguero. "Durante un tiempo hubo una especie de luna de miel que estaba claro que no podía extenderse mucho", evaluaba un funcionario del Gobierno involucrado en, al menos, un par de estas peleas.

La denuncia de la secretaría de Derechos Humanos pide que se investigue al gobierno porteño por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona. "No pueden decir que combaten la violencia. La violencia son ellos: es el neoliberalismo, la política económica que llevan adelante y la manera de conducir a las fuerzas de seguridad", sostuvo ayer Pietragalla a propósito de la polémica abierta por la represión del jueves. "Obvio que la denuncia la hice por orden de Alberto Fernández, es una decisión que tomamos porque las imágenes son graves, es un caso evidente de violencia institucional", añadió en diálogo con El Destape Radio. 

A diferencia de otras ocasiones, esta vez el gobierno porteño no esquivó la confrontación. "Es el discurso duro en el que se sienten cómodos", evaluaban en el oficialismo. Así, Rodríguez Larreta acusó a la Nación de "politizar un día tan triste". Su vice y ministro de Seguridad, Diego Santilli, de "favorecer el accionar de los violentos". El argumento de los funcionarios porteños fue que ellos recibieron la orden de cortar la fila en la 9 de Julio y que luego la Policía de la Ciudad fue agredida por grupos de barras bravas, que recién entonces actuaron para evitar que siguiera la agresión. 

En la Casa Rosada rechazaban las dos respuestas. Desde el gobierno porteño sostenían que la orden de cortar la había dado el jefe de la Casa Militar de Presidencia, que depende de la secretaría general que encabeza Julio Vitobello. "Es falso que dimos la orden de cortar la fila porque sabíamos que iba a haber desmanes", afirmó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. "Fue una decisión inconsulta. Nosotros no tenemos posibilidad de darle ordenes a la Policía de la Ciudad, no tenemos jurisdicción, no se puede", coincidió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. 

En Gobierno comentaron que se sorprendieron como todos cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo en la 9 de Julio. Además, que esa represión generó una estampida que desembocó poco después en los disturbios dentro de la Casa Rosada. Y que es poco creíble que lo que se vio fuera apenas la reacción policial a los piedrazos que recibían, dado el despliegue de tanquetas y de motos que realizaron en cuestión de minutos para la feroz represión.

Los cruces en torno a la triste despedida del Diez seguramente seguirán algunos días pero no será lo único que mostrará en veredas enfrentadas al gobierno nacional y el porteño luego de varios meses de muy buena relación, especialmente al comienzo de la pandemia. El Frente de Todos sorprendió con un pedido de sesión especial en Diputados para este lunes, cuando buscará convertir en ley la decisión del Gobierno de reducir los fondos que le otorga a CABA para mantener -justamente- a su fuerza policial, que pasará a ser de 24.500 millones de pesos anuales. Con el ahorro, el Gobierno creó un fondo de seguridad para el Conurbano. Rodríguez Larreta acudió en per saltum a la Corte Suprema, que todavía no se pronunció. 

El oficialismo aprovechó ese tiempo para sacar la media sanción del Senado y ahora, en el último día de las sesiones ordinarias, buscará convertirlo en ley. El debate promete y, seguro, los sucesos del jueves pasado volverán a discutirse. Hubo 19 gobernadores del oficialismo y partidos provinciales que firmaron una solicitada en los diarios a favor del recorte de los fondos nacionales para la Ciudad, el distrito más rico del país. 

El viernes, en el anuncio de la nueva fase de distanciamiento social, Alberto Fernández confirmó que los docentes estarán dentro de la población a vacunar en la primera etapa con la intención de que las clases puedan empezar en marzo. Sin embargo, el mismo viernes, Rodríguez Larreta insistió con su idea de una vuelta a clases temprana para el 17 de febrero, cuando es muy posible que los docentes todavía no hayan sido vacunados. Hasta ahora, el Gobierno nacional se mostró de acuerdo con las posiciones de los gremios. En cuanto al proyecto de venta de terrenos en Costa Salguero, el Frente de Todos inició una oposición tenaz que movilizó a agrupaciones vecinales y a ONGs que, todo indica, se convirtieron en un duro obstáculo para que Rodríguez Larreta saque la iniciativa. 

"En algún momento el romance tenía que romperse y había que empezar a prepararse para la batalla", comentaba un funcionario. Rodríguez Larreta ya se perfila claramente como el principal referente de la oposición y a quien mejor aparece en las encuestas, así que será el rival a apuntarle en la campaña que se viene. "El problema para nosotros es que no tenemos conversada la estrategia para enfrentarlo, pero está claro que por ahora le vamos a trabar todas las pelotas y no le vamos a dejar pasar una. Ya no más", agregaba el hombre del Gobierno.