El proyecto de Ley de cupo laboral travesti-trans obtuvo todos los dictámenes necesarios y está listo para ser tratado en la Cámara de Diputados, pero este lunes será la última sesión ordinaria y no figura como una de las leyes a abordar por los legisladores. Sin embargo, a partir del primero de diciembre comenzarán las sesiones extraordinarias en la Cámara baja y, si bien a priori el proyecto de ley de cupo tampoco estaría en ese listado, desde 150 organizaciones travestis-trans están elaborando un documento para solicitar al Poder Ejecutivo que pida a los diputados abordarlo antes de fin de año y, de ese modo, conseguir la media sanción para que el año que viene pueda votarse en la Cámara de Senadores. En diálogo con PáginaI12, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Géneros de la Cámara baja, Mónica Macha; la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley; y la diputada Gisela Marziotta, quien elaboró uno de los quince proyectos que fueron unificados para conseguir dictamen, opinaron sobre la urgencia de que salga la ley y la importancia de que el Congreso siga trabajando sobre estos temas. Las legisladoras adelantaron que esta será la primera de un paquete de leyes que apuntarán a mejorar la calidad de vida de estas personas. 

El cupo para las travestis, transexuales y transgénero en los organismos del Estado ya es reconocido y garantizado gracias al decreto 720/2020 que el presidente Alberto Fernández firmó en el mes de septiembre. Pero contar con una ley significaría una garantía y un paso clave para darle el marco legal necesario a este derecho de aquellas personas que forman parte del colectivo. Además, el proyecto de ley que fue trabajado en distintas comisiones incorpora otras cuestiones fundamentales como la obligación de emplear a personas de este colectivo también en el ámbito del sector privado. "Las organizaciones plantearon la necesidad de contar con la ley porque es una instancia que dará más estabilidad al derecho y que se sumará a lo que ya hizo el presidente mediante DNU", explicó Macha. 

Luego, la diputada indicó que el proceso de elaboración del proyecto no hubiese sido posible sin el incentivo y la militancia de las organizaciones de personas travestis y trans: "la iniciativa llegó por lo que en ese momento era el frente Diana Sacayán. Desde el principio esta fue la propuesta de un colectivo y llegamos a lograr dictamen gracias al trabajo que se realizó desde la Comisión de Mujeres y Diversidad y desde la Comisión de Legislación de Trabajo, pero siempre con el aval de 200 organizaciones". "Hubo un cabildeo permanente y además de lo que significa la ley en sí misma, es importante que el proceso deja un saldo organizativo muy importante. Son todas organizaciones que ya existían, pero que en esta situación tuvieron que plantearse una estrategia conjunta, tuvieron que militar unidas, dejando de lado algunas diferencias y lo lograron", aseguró Macha.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Géneros, adelantó que "es un trabajo que continúa porque son quince proyectos y no todos planteaban lo mismo. Había proyectos de cupo, pero también de inclusión laboral, educativa y de derecho a la salud y al hábitat, entre otros. Por eso acordamos que trabajaremos en una propuesta integral. No será una sola ley, serán, al menos, cinco o seis. La primera es esta, pero vamos a ir trabajando sobre las otras de forma muy profunda planteándonos la necesidad de tener programas y políticas públicas específicas hasta que en algún momento ya no sea necesario tener esta mirada de discriminación positiva", aseguró Macha.

Marziotta, en tanto, resaltó que “se trata de un tema urgente porque estamos hablando de personas que hace años, y de forma sistemática, están viendo vulnerados sus derechos y viviendo fuera del sistema". "Es central tener esta ley porque el trabajo es la puerta de entrada a otros derechos humanos. Por estar fuera del mundo laboral, estas personas no tienen acceso a un sistema de salud y tienen una expectativa de vida muy baja; no tienen acceso a un sistema de educación, y muchas veces tampoco tienen acceso a la vivienda o a un crédito bancario", agregó la diputada. 

Además, Marziotta aseguró que "este es un primer escalón en reconocer e incorporar al sistema a estas personas. Me emocionó mucho que se haya podido llegar a la unificación de los proyectos en pos de avanzar y que hayamos priorizado la urgencia que tiene la situación para poder lograr el dictamen". "Esperemos que pronto se trate en el recinto para que tenga su media sanción y luego se convierta en ley”, indicó.

La diputada y periodista, que fue una de las impulsoras del proyecto, también destacó la importancia de que la ley no solo incorpore el uno por ciento de personas travestis, transexuales y transgénero en los tres poderes del Estado, los ministerios públicos, los organismos descentralizados, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, sino también que haya fomentos para que el sector privado lo haga.

Las empresas que cumplan con el cupo tendrán prioridad en las contrataciones del Estado y habrá incentivos tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”. “No queríamos que solamente exista el cupo dentro de los poderes del Estado, sino también extenderlo al sector privado. Por eso se incorporaron incentivos que tienen que ver con lo impositivo para que ese sector también las incluya y cumpla con el cupo", subrayó Marziotta.

Siley se explayó en uno de los puntos que fue más debatido y que tiene que ver con que, a la hora de las contrataciones de estas personas, no será un requisito excluyente el no tener antecedentes penales, ni no tener culminados los estudios. "Resulta necesario poner en evidencia la particular situación de criminalización que padece este colectivo y que representa uno de los obstáculos que tienen las personas que lo componen para acceder a un trabajo formal", explicó. "Según estadísticas, la gran mayoría de las personas travestis y trans cuentan con antecedentes penales por delitos vinculados a mercados ilegales a los cuales tuvieron acceso como la única forma de obtener un ingreso para subsistir. Este tema no puede ser ajeno a la ley y hay que atenderlo, porque sino la implementación del cupo va a encontrar muchos obstáculos", puntualizó la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo. 

Con respecto a los requisitos educativos, Siley remarcó que "el dictamen aprobado prevé en uno de los artículos que en el caso que no se hayan finalizado los estudios secundarios, el Poder Ejecutivo garantizará espacios para efectivizar la cursada de los mismos y llegar a la terminalidad educativa. Es importante que en la reglamentación puedan incorporarse herramientas para la formación y que puedan, no solo acceder a los estudios secundarios, sino mantenerlos y finalizarlos".

Siley también destacó la importancia que tendrá para el cumplimiento de esta ley el trabajo de distintos ministerios: “será fundamental la articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y con otros, como el de Trabajo, para garantizar la implementación de la Ley conforme los objetivos y el fin. Es una coordinación central y necesaria, en la que se viene trabajando para abordar distintos temas a través de mesas interministeriales, muchas veces con participación de las organizaciones sindicales, para la elaboración de políticas públicas, pero también para que los derechos conquistados sean realidad efectiva”.

Para la diputada, la importancia de que salga esta primera ley dirigida al colectivo “es enorme”, ya que, según ella, “el acceso a un trabajo registrado es el primer paso para garantizar otros derechos". El trabajo es fundamental y la participación sindical también, porque permite tutelar los derechos laborales a los que se accede”.

Informe: Melisa Molina.