Ante la intimación de un nuevo desalojo que fue frenado desde la Procuración General de la Provincia, el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández, se reunió el viernes 20 de noviembre con los miembros de la Comunidad Yokwespehen (los despojados o los expulsados, según la traducción del wichí al castellano). En la reunión, el funcionario ratificó lo ya indicado a Salta/12: "La comunidad no tuvo defensa ni traslado a un defensor oficial ni a los organismos competentes, para que se exprese si está o no contemplada por la emergencia territorial”, en la causa abierta en su contra por usurpación.
La causa fue iniciada tras la denuncia de Jorge Panayotidis, titular registral de las tierras ubicadas en el kilómetro 20 de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento General San Martín. La denuncia se radicó tras el asentamiento de unas 15 familias de la comunidad wichí, que afirma que este fue territorio ocupado por sus antepasados. El juez de Garantías de Tartagal, Nelson Aramayo, ordenó el desalojo a mediados de octubre por pedido del fiscal penal N° 2 de la ciudad norteña, Rafael Medina.
Las familias fueron desalojadas sin haberse cumplimentado el requisito de ejercer su defensa, dado que no hubo nadie que pueda proceder en ese sentido. Se quedaron al costado de la ruta hasta el 5 de noviembre pasado. Ese día reingresaron al lugar ocupado por más de un año. El abogado Hernán Mascietti presentó en ese momento un hábeas corpus para evitar un nuevo desalojo. La justicia tartagalense lo rechazó y el fiscal Medina insistió con intimarlos a desalojar. Fue la Procuración General de la Provincia, a cargo de Abel Cornejo, quien en ese momento intervino para frenar cualquier acción de desalojo y se comprometió a llevar adelante una mediación.
“Hasta el momento no hemos sido convocados a ninguna mediación”, dijo a Salta/12 Rodolfo Suárez, cacique de la comunidad, quien afirmó que quieren que se haga el relevamiento que corresponde para definir el sector que ocupan como parte de su territorio. “Existe un pozo de agua y hay ancianos que se acuerdan que vivían allí”, afirmó.
En la reunión, Fernández explicó a las comunidades el alcance de la Ley de Emergencia Territorial 26.160. Según el comunicado del INAI, Fernández aseguró que la presidenta de este organismo, Magdalena Odarda, “coincide en seguir avanzando en la implementación de la normativa vigente referida a los relevamientos territoriales de las comunidades indígenas”. El funcionario también concurrió a la Ciudad Judicial de Tartagal para ver los expedientes judiciales en trámite.
“Confiamos que con el gobierno salteño podremos avanzar en estos aspectos como así también en la implementación de políticas a corto, mediano y largo plazo en aras de avanzar con la efectiva aplicación de las leyes que bregan por la protección de los derechos de los pueblos indígenas del país”, dijo el funcionario, quien fue acompañado por la secretaria de Desarrollo Social de Tartagal, Margarita Rauch y el jefe de Gabinete del municipio, Santiago Vargas, además de técnicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia.
Pedido de viviendas
El jueves pasado la comunidad Yorkwespehen había iniciado su caminata a Salta Capital para reunirse con quienes están al frente de la Marcha Histórica, que llegó el fin de semana pasado reclamando ser recibida por el gobernador Gustavo Sáenz en el Centro Cívico Grand Bourg. Pero fueron interceptados en Coronel Cornejo, por el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz.
“Es la primera vez que lo vemos”, dijo Suárez. Sostuvo que le solicitaron que “nos hagan viviendas”, dado que con el inicio de las lluvias y la falta de un techo en buenas condiciones sus viviendas “se nos llueven y se moja todo”. Ante el compromiso “de palabra” de Gómez Almaraz, decidieron volver a su territorio.
