"Este es un proyecto estratégico, porque establece como política de Estado, mediante una ley, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia", valoró la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el proyecto de los 1000 días que envió el Poder Ejecutivo al Congreso junto a la iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. 

Gómez Alcorta expuso en el  plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Publica y Presupuesto, que presiden los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Carlos Heller, donde avanza el tratamiento de la norma que espera ser tratada en la Cámara baja  junto a la ley de legalización del aborto la próxima semana. 

La ministra consideró que el cuidado de las madres y sus hijos e hijas son una cuestión de salud pública y el programa apunta a "prevenir la desnutrición, la mortalidad infantil, y la la violencia. Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente", afirmó. 

"Que ninguna mujer se sienta sola en esta circunstancia tan importante de su vida y, si se encuentra sola, no considere la interrupción del embarazo por una cuestión social o económica", destacó Gómez Alcorta como uno de los objetivos centrales de la norma. 

Además, la ministra valoró que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplía derechos al establecer "asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información".

"Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas a través de una articulación clave entre todos los organismos involucrados", precisó en el plenario de comisiones. 

En cuanto a los porqué de la norma en un país con sistema público de atención a la salud y programas de asistencia social, Gómez Alcorta indicó que "existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades", pero el proyecto de los 1000 días "tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados".