El juicio al expresidente francés Nicolás Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias se reanudó este lunes y el antiguo mandatario calificó de "infamias" los cargos de los que se le acusa. En sus primeras declaraciones ante el juez, dijo que "no acepto ninguna de las infamias por las que se me persigue después de seis años". El juicio empezó con la denuncia de la abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, de las "numerosas derivas" y "violaciones graves" del derecho a la defensa de Sarkozy, lo que "anula todo el procedimiento".

Sarkozy, de 65 años, es el primer expresidente de Francia en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados. Antes de él, solo un expresidente francés, Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. 

Retirado de la política desde su derrota en las primarias de la derecha en 2016 aunque sigue manteniendo su influencia en el partido conservador Los Republicanos, Sarkozy podría ser condenado a diez años de cárcel y un millón de euros de multa por corrupción y tráfico de influencias. Los demás acusados, acusados por violación del secreto profesional, podrían recibir penas similares. Todos niegan los cargos.

En este caso, Sarkozy es sospechoso de haber intentado corromper, junto con su abogado Thierry Herzog, a Gilbert Azibert, cuando era juez en el Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto, e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el caso Bettencourt, sobreseído a finales de 2013. A cambio, habría ayudado a Gilbert Azibert a obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco.

Este caso, conocido en Francia como el de las "escuchas", surgió por otro caso que afecta desde hace años al exjefe del Estado, el de las sospechas de que Libia financió su campaña presidencial de 2007, que le ha supuesto una inculpación cuádruple. En el marco de estas investigaciones, los jueces descubrieron en 2014 la existencia de una línea telefónica oficiosa entre el antiguo presidente y su abogado Herzog, abierta a nombre de "Paul Bismuth", el nombre de un viejo conocido de colegio de Herzog.

Las conversaciones interceptadas en esta línea secreta están en el centro del caso. Para la acusación, son la prueba de un "pacto de corrupción". Para la defensa, se trata de una escucha "ilegal" ya que considera que se ha violado el secreto de los intercambios entre un abogado y su cliente. Este asunto, por el que el Tribunal Supremo falló a favor de Sarkozy en 2016, volverá a ser debatido a partir de este lunes.

La defensa también tratará de devaluar el caso "bis", una investigación preliminar para averiguar quién fue el "topo" que habría informado a Sarkozy y Herzog de que estaban siendo escuchados. Sarkozy tiene otra cita judicial el próximo año: el proceso del caso Bygmalion sobre los gastos de la campaña para la elección presidencial de 2012.