Desde Córdoba
El atraso de hasta por lo menos dos años de una de las grandes causas por delitos de lesa humanidad que restan juzgar en Córdoba será el saldo inmediato de la inesperada decisión del Tribunal Oral Federal N° 1: la recusación del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Con la firma de Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y el secretario Pablo Urrets Zavalía, ese cuerpo resolvió “la nulidad de todos sus actos procesales en la llamada ‘causa Soria’”, porque el magistrado (Vaca Narvaja) “fue querellante en otros juicios en los que se juzgó el asesinato y desaparición de su padre y su abuelo”, y porque “su familia cobró la indemnización” por lo padecido por las víctimas de la última dictadura, entre otros argumentos.
La causa “Soria, Santiago Rufino y otros”, involucra a una decena de represores. Entre ellos está Pedro Nolasco Bustos: un ex policía que participó en el asesinato de José Osatinsky, de 15 años, el menor de los dos hijos del militante Marcos Osatinsky y de Sara Solarz. El chico fue literalmente cazado a balazos por la policía del D2 (la Gestapo cordobesa) mientras intentaba salvar su vida arriba de un techo. Todo fue relatado a su madre mientras estaba cautiva en la ESMA por el represor Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”, quien se quejó amargamente ante la mujer porque, según le repitió, él mismo habría querido matar al pibe. “Vergez me dijo varias veces que querían borrar el apellido Osatinsky de la faz de la tierra. Se querían vengar de todos los que pudieron escapar de Trelew y de sus descendientes”. Y Osatinsky había sido uno de ellos. “Vergez –memoró Sara en juicio– me dijo que viajó desde Córdoba a Buenos Aires para sólo para decírmelo.”
Uno de quienes le habría ganado de mano en ese asesinato a Vergez, fue Nolasco Bustos. El represor está en prisión por otra condena, pero el 9 de noviembre pasado presentó un pedido de recusación contra Vaca Narvaja ante el Tribunal Federal N° 1 de Córdoba. El acusado dijo sentirse “inseguro y atemorizado” con la intervención del juez federal N°3. El reo adujo que no se siente ante “un juzgador imparcial”, ya que el magistrado habría actuado como “querellante en dos juicios por delitos de lesa humanidad” en los que fueron juzgados los casos de su padre, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fusilado en agosto de 1976; y su abuelo (de idéntico nombre), secuestrado, asesinado y decapitado, entre marzo y junio de ese mismo año.
La competencia o no de Vaca Narvaja para investigar e instruir esta causa ya había sido puesta en debate en marzo de 2015 por otro imputado, Héctor Eletto. En esa oportunidad, la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por Abel Sánchez Torres, resolvió que “la intervención de Vaca Narvaja (en los juicios de 2009 y 2010) tuvo el carácter de patrocinante de querellantes (de la penalista María Elba Martínez), y consistió exclusivamente en una labor técnica y profesional, y que la historia personal de exilio del magistrado (quien tenía 9 años de edad cuando tuvo que refugiarse en México con su familia), no guardaba relación con los hechos”.
Pero en esta ocasión el planteo de Nolasco Bustos –ex marido de una actual camarista federal, Liliana Navarro–, dio oportunidad a jueces y fiscales a la recusación por lo que consideraron “un hecho nuevo”: el represor y su abogado defensor, Benjamín Sonzini Astudillo, afirmaron que Vaca Narvaja “es una víctima en causas de lesa humanidad”, que “es denunciante y acusador” y que “ha cobrado 248 mil dólares” de indemnización del Estado argentino.
Consultado por este diario, el juez recusado dijo que “ese monto fue en pesos y es la indemnización que cobraron los herederos de las víctimas del terrorismo de Estado. Se trató de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al gobierno argentino a resarcir a las víctimas de la dictadura”. También apuntó que “se abonó durante el gobierno de (Carlos) Menem, en los 90”, por lo cual “no es un hecho nuevo para nada. Ese dato ya era ampliamente conocido desde hace años”.
Una de las opiniones que resultó al menos llamativa en la resolución, fue la del fiscal Maximiliano Hairabedián, quien arguyó que “nadie y en ninguna causa puede ser juez de los asesinos convictos de su padre y abuelo”, ya que lo que se cuestiona aquí es que la causa Soria tiene acusados que participaron en esos crímenes. Lo curioso es que el propio fiscal Hairabedián no dejó su función de acusador en oportunidad de un proceso judicial en el cual se juzgó la causa UP1, en la cual su propio padre, el famoso penalista y ex juez Carlos Hairabedián –también víctima del terrorismo de Estado– fue secuestrado, torturado y mantenido cautivo en los campos de concentración de La Perla, La Ribera y la cárcel de San Martín, UP1.
Desde que se conoció la recusación, la pregunta del millón es por qué se esperó tanto tiempo para apartar a Vaca Narvaja si se temía por su parcialidad. Según pudo averiguar este diario, esta es una causa que se viene instruyendo desde hace años. Vaca Narvaja se abocó a su instrucción desde poco después de su llegada a la Justicia Federal –el 20 de noviembre de 2014–; continuó con la investigación que ya habían comenzado otros jueces que lo precedieron y, finalmente, su juzgado la elevó a juicio en octubre de 2015.
Por lo pronto, no hubo respuesta satisfactoria para eso. Hay quienes opinan que “que el Tribunal Oral Federal N° 1, que es el que tiene que juzgar, hizo bien en abortar todo ahora, antes de arrancar”; mientras que otros argumentaron “que en la dinámica de un juicio, en el desarrollo, la instrucción pasa a ser secundaria”. Que “lo que importa es el tribunal que escucha a los testigos, querellas y defensores para evaluar”. Y que, en todo caso, “el acusado podría sentirse más inseguro ante un juez que ya ha condenado a decenas de represores desde 2008”. Refiriéndose, sin nombrarlo, a Díaz Gavier. Hubo también quienes señalaron una razón administrativa: “Es para que no se note que se ha tardado demasiado en comenzar ese juicio desde que fue elevado hace más de un año y medio”; y que “ésta es una forma de patearlo hacia adelante”; o de “trasladar a otro la culpa por lo que no se hizo”.
Lo concreto es que más allá de las conjeturas, lo acontecido no es algo que ocurra de modo habitual. No hubo quien recordara un caso similar: el de un juez recusado cuando ya concluyó toda la instrucción, y hace tanto tiempo. Por lo pronto, en este tema nada está muy claro y las especulaciones en los pasillos judiciales brotan como hongos tras la lluvia. Los nombres implicados, justo ese acusado: el ex marido de una camarista; justo ese juez: uno que no pertenece a la llamada “Sagrada Familia” judicial cordobesa; tienen su propia fuerza, generan suspicacias y más sombras en la cerrada trama de las internas de los tribunales federales.
“Hay que ver quién o quiénes se benefician con todo este atraso; con apartar al juez, con este empezar de nuevo. Piense que esto puede planchar los juicios o abrir la puerta a más recusaciones, ya que el juzgado de Vaca Narvaja es el único que tiene secretaría de derechos humanos. Algo que ya se sabía ni bien ocupó el cargo”, analizó una querellante ante este diario. Por todo esto habrá que observar qué ocurrirá con las demás causas que se están instruyendo en el Juzgado 3.
La semana pasada el magistrado rechazó en un escrito los términos de la resolución que lo apartó y contrapuso sus argumentos: “Si en octubre del año 2015 (cuando finalizó la instrucción y elevó la causa a juicio) el TOF 1 no entendió lesionadas garantías constitucionales, ni estimó preciso un nuevo tratamiento sobre la cuestión, no puede hacerlo un año y medio después sin ningún acontecimiento ‘nuevo’, distinto de los ya contemplados por la Cámara Federal de Apelaciones”. Apuntó además que el tema es ya “cosa juzgada”.
Todo indica que será la Cámara Federal de Casación Penal la que dirimirá la cuestión. A todo esto, en la maraña de interrogantes planteados hay también certezas indiscutibles. Y la del cambio de contexto político en el país es una de ellas.
