El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) dio a conocer su preocupación ante la decisión del juez Eduardo Malde de designar como interventora de la empresa Telearte SA a la abogada Laura Filippi --del estudio Arecha, Barreiro, Filippi, Arecha-- y su decisión de establecer "el estado de alerta por la continuidad de los puestos de trabajo y el pago de salarios en Canal 9".
Luego de meses de negociaciones, el pasado 21 de noviembre el Grupo Octubre había culminado el proceso de compra de Telearte (propietaria de Canal 9), quedando como operador del histórico canal de TV abierta. La adquisición del histórico canal de TV abierta marcó el cierre de un proceso contractual que el Grupo Octubre y Telearte comenzaron en diciembre de 2019, cuando firmaron acuerdos de producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales, que incluyó el reciente lanzamiento de la señal informativa IP, en octubre pasado.
Pero, tras la compra, el juez Malde ordenó la intervención judicial del canal de televisión, al imponer a Filippi como interventora. Para Satsaid, la resolución judicial -con fecha del 25 de noviembre- puede ser perjudicial para el canal de televisión abierta. "La situación puede afectar los destinos de la empresa y de la capacidad de negociación por parte de quienes se manifiesten interesados en invertir en ella en cualquier condición, así como que el estado de incertidumbre podría implicar zozobra en el desarrollo de planes de comercialización y captura de publicidad", expusieron en un comunicado.
En el documento, que lleva la firma de sus secretario general Horacio Arreceygor, el Sindicato de Televisión también agregó que "las certezas son necesarias para el desarrollo de inversiones serias en la actividad audiovisual". "Los trabajadores y las trabajadoras de televisión tenemos desde hace muchos años la experiencia necesaria como para decirlo con la debida preocupación", añadieron.
"Desde el SATSAID nos manifestamos en estado de alerta y continuaremos el seguimiento de evolución de las medidas a adoptar por el Sr. Juez y la Abogada Interventora a fin de preservar los puestos de trabajo y los derechos de quienes representamos", concluyó el comunicado.
