El exdirector del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco negó ante el juez Juan Pablo Augé haber participado del espionaje ilegal sobre los presos durante el macrismo, aunque reconoció las reuniones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para tratar supuestamente temas vinculados al crimen organizado. Mientras que el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefáno, consiguió una postergación de casi dos semanas para contestar a las preguntas sobre las escuchas a los presos y el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner.

Blanco arrancó su exposición anunciando que había presentado un escrito extenso contra la imputación que formularon los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide por el espionaje que habría tenido lugar en las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando parecía que eso iba a ser todo, Blanco empezó a hablar y habló por más de dos horas, aunque no derrochó definiciones.

“Yo no tengo ningún interés ni hice las barbaridades que dicen que hice”, se defendió el exfuncionario. Dijo, por ejemplo, que él no podía estar interesado en espiar a las visitas de los presos kirchneristas porque éstas muchas veces gestionaban los ingresos directamente con él. También se mostró ajeno a lo que sucedía dentro del llamado sistema de Intervención para la Reducción de los Índices de Corruptibilidad (IRIC), una creación macrista que, para los fiscales, fue esencial para poder vigilar y escuchar a los presos kirchneristas. Incardona y Eyherabide creen que con ese fin el SPF trasladó a Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina, a los pabellones IRIC para poder instalar cámaras y pinchar los teléfonos, y así tener un acceso total a los dirigentes o empresarios kirchneristas detenidos. Blanco dijo que pautas objetivas para la inclusión de los presos en los pabellones del IRIC o que incluso se convenía con los juzgados, pero se desligó a él mismo de esa decisión.

El otro gran eje por el que pasó la indagatoria fue la relación entre el SPF y la AFI, que aparece en la investigación de Lomas como el huevo de la serpiente. “La relación no surge de un convenio, la plantea la ley. El SPF está inserto en el sistema de inteligencia”, contestó Blanco, que reconoció haber ido en tres oportunidades a la sede central de la ex SIDE. Según los registros de la AFI, todas esas visitas sucedieron en 2018. “Fui en tres ocasiones, no más de 30 minutos”, resaltó. 

De acuerdo con Blanco, en su primera visita a la AFI discutió con las autoridades de la Agencia problemas vinculados al crimen organizado. Según él, el gobierno de Macri estaba por recortar el fondo con el cual se las paga a los presos por su trabajo y él pensaba que, ante ese retiro del Estado, las personas privadas de la libertad iban a recurrir al “dinero narco”, por eso él planteó la cuestión ante la agencia que dirigía Gustavo Arribas. En varias oportunidades recurrió al listado de bandas vinculadas al narco para justificar esa relación con la AFI que terminó formalizada con la firma en junio de 2018 de un convenio de cooperación. “No voy a firmar un convenio para cometer un delito”, se defendió el exdirector del SPF y agregó que las autoridades del Ministerio de Justicia estuvieron al tanto de la firma.

Lo que no pudo explicar es cómo llegaron a los teléfonos de los agentes de la AFI las fichas de los presos kirchneristas. Con su declaración quedó claro que es un elemento que nadie puede defender su legalidad. “Yo no se las di ni se las daría. No lo ordené ni se los daría. No es un elemento que deba tener la AFI”, insistió.

Después de Blanco, llegó el turno de De Stefano, probablemente la declaración más esperada, pero que no sucedió. De Stefano es un abogado ligado a Daniel Angelici y fue una figura clave en la estructura de la AFI macrista. Según los fiscales, Jurídicos incluso asumió funciones operativas mientras estuvo a su mando --como crear una oficina dedicada a la transcripción de las escuchas en las que intervenía la exSIDE--. Esa oficina les habría permitido acceder casi inmediatamente a la información y también habría sido desde ahí donde se filtraba. De Stefano ocupó durante todo el macrismo ese área y actualmente se recicló en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

El exdirector de Jurídicos de la AFI casi no pronunció palabra. Su abogado Darío Rubinska pidió la nulidad de la convocatoria, a lo que los fiscales se opusieron. El abogado se quejó porque el jueves pasado le habían ampliado la acusación: no sólo querían que respondiera por las escuchas a los presos, sino que también querían que diera sus explicaciones por la cobertura legal que se le habría dado al espionaje sobre Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay.

Pese a que Incardona y Eyherabide sugirieron que De Stefano declarara este lunes por el espionaje en las cárceles y se dispusiera una nueva fecha para ampliar la indagatoria, la defensa insistió en que debía ser una presentación conjunta por todos los hechos. Con ánimo componedor, Augé sugirió suspender la indagatoria para el miércoles 16 a las 13. Para ese mismo día está citada la abogada de Contrainteligencia Jimena Honor, que debe responder sobre el caso del Instituto Patria.

Para hoy están citados otros dos abogados del área de Jurídicos que encabezaba De Stefano: Mariano Ruda Bart, que estaba a cargo justamente de la oficina que se dedicaba a las desgrabaciones, y Bernardo Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio que recaló en Jurídicos durante el macrismo y ocupó el departamento de Oficios Judiciales. A los dos los quieren escuchar por el espionaje penitenciario, pero Miguens está en la misma situación que De Stefano porque también le ampliaron la imputación por lo sucedido en el Instituto Patria. Es posible que siga una estrategia similar a la de su exjefe y pida que le pasen la indagatoria.