Finalmente, el gobierno provincial accedió a reunirse con las comunidades originarias del norte salteño que el 16 de noviembre iniciaron la denominada Marcha Histórica en reclamo de la constitución de una Mesa de Diálogo Intercultural para pensar políticas públicas para esa población.
La decisión les fue notificada formalmente con una nota dirigida al presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, y firmada por el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz, quien les informó que “el día 1 de diciembre de 2020 a horas 18 serán recibidos por las autoridades del Poder Ejecutivo de la Provincia en el Centro Cívico Grand Bourg”. El texto no aclara si estará el gobernador Gustavo Sáenz, una de las exigencias de los manifestantes.
La notificación formal llegó al final de una jornada que comenzó con una asamblea en el Hogar Escuela, en la que las comunidades acordaron que hoy marcharían a la Casa de Gobierno para exigir ser recibidos por el gobernador y que se constituya la mesa de diálogo para analizar los 20 puntos del petitorio presentado con toda la formalidad el 24 de este mes. “Los pueblos originarios unidos marchamos por una Mesa de Diálogo Intercultural, para generar políticas indígenas que nos incluyan como sujetos de derecho, para una provincia y país que se valore con la riqueza de nuestras culturas”, anunciaron luego de la asamblea, en una rueda de prensa en la que señalaron la "indiferencia del gobierno provincial al no querer recibirnos”.
El gobierno viene exhibiendo ciertos reparos frente a la protesta de las comunidades indígenas del norte. Primero intentó frenar la caminata, para ello un grupo de ministros los interceptó en Pichanal y luego fue el propio gobernador a conversar con ellos, pero los referentes pidieron que les dieran tiempo para madurar sus peticiones y que volvieran a reunirse en Salta capital, la meta que tenían en vista cuando iniciaron la caminata. Pero una vez en la ciudad, y ya alojados en el Hogar Escuela y el Legado Güemes, hubo un momento inicial de desentendimiento rápidamente superado, aunque la reunión no se concretó, primero porque las comunidades querían antes conversar en asambleas, para analizar la situación y el petitorio que finalmente presentaron.
Después, el gobierno demoró la respuesta y, en cambio, en lo que fue leída como una nueva movida para debilitar la protesta, una comitiva de ministros llegó hasta la lejana Santa Victoria Este, en el límite con Bolivia y Paraguay, de donde son la gran mayoría de las familias que siguen en el reclamo. El vocero de las comunidades movilizadas, Tichil Mendoza, dijo entonces que el gobierno iba a escuchar también allá los mismos reclamos que enarbolan los manifestantes, porque las necesidades de los pueblos originarios son las mismas.
Reunión con el procurador
A la par, la protesta consiguió el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos, agrupaciones políticas, y hasta de organismos del Estado nacional, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuya delegada, María Martínez Morales My, los acompañó ayer en una reunión con el Procurador General de la provincia, Abel Cornejo, con quien les interesaba hablar por la judicialización de los conflictos territoriales, dado que muchos referentes comunitarios que disputan su territorio con titulares registrales vienen afrontando causas penales por usurpación.
En la reunión con el procurador general, los 20 referentes de comunidades originarias que participaron le entregaron también un petitorio y ratificaron su voluntad de integrar una Mesa de Diálogo.
Tras los desencuentros con el gobierno provincial, la posibilidad de que finalmente se iniciara la Mesa de Diálogo avanzó un escalón el sábado último, en una asamblea de la que participó un representante gubernamental en la que se firmó un acta con el compromiso de que se iba a fijar fecha para ese encuentro.
En esa asamblea se alcanzó también el acuerdo para la transparencia de esa Mesa de Diálogo. Las comunidades vienen exigiendo que de ella sean parte sus asesores y otras personas no indígenas que son de su confianza, aunque aclarando que el resorte de la decisión estará en sus manos.
El resto del fin de semana transcurrió con algunas zozobras porque en el camino los manifestantes perdieron a referentes comunitarios de Tartagal que mantuvieron su propio diálogo con funcionarios gubernamentales y aceptaron regresar a su territorio. Y otras familias de Aguaray se retiraron por dificultades para seguir la protesta con sus hijos.
Ayer también la Multicultural Red de Organizaciones Culturales Independientes le envió una carta al gobernador exigiéndole que "atienda de modo urgente a las Comunidades Wichis que actualmente están alojadas en el Legado Güemes y el Hogar Escuela". Le recordaron que el 19 de noviembre (en Pichanal) se comprometió a recibirlas y ratificaron su exigencia de que "los atiendan, escuchen y den solución a su Petitorio" en el que las comunidades reclaman que se cumplan sus derechos a la salud, el acceso al agua, la educación y la justicia, y la entrega de los títulos sobre el territorio ancestral, entre otras reinvindicaciones.
