El juez federal de garantías Julio Bavio dio por la legalizada la detención de Gonzalo Aarón Pacheco, un nuevo imputado como integrante de una red de trata de personas que operaba en Salta y fue desbaratada en julio pasado. 

El juez también dio por formalizada la acusación presentada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, por el delito de trata de personas agravado.

Pacheco fue detenido en Córdoba. Con él son cuatro los detenidos, ya que en julio fueron aprehendidas dos mujeres, una de ellas su hermana, y un hombre. 

La Fiscalía afirmó que la acusación se fortaleció con la detención de Pacheco, ya que se obtuvieron pruebas sobre las ganancias que obtenía esta organización con la red de trata en la que captaban mujeres jóvenes para explotarlas sexualmente con clientes que eran contactados a través de un sitio web.

En la audiencia de formalización de la acusación Toranzos indicó que el pedido de detención de Pacheco surgió de una investigación del Área de Casos Complejos. La pesquisa comenzó el 22 de mayo pasado, cuando dos mujeres denunciaron que a través de avisos de trabajo en  Facebook se captaba a jóvenes que luego eran explotadas sexualmente. La organización usaba la web para ofrecer a las mujeres, los encuentros sexuales se realizaban en departamentos ubicados en el casco céntrico de la ciudad de Salta. 

En la investigación se estableció que las jóvenes debían abonar a los integrantes de la red de trata la mitad de lo que cobraban por cada servicio sexual. 

Pacheco cayó en una segunda parte de la investigación. A través del secuestro de dos dispositivos de pago electrónico, los investigadores identificaron una cuenta de la plataforma de cobros Mercado Pago, cuyo titular era precisamente Gonzalo Aarón Pacheco, quien residía en la ciudad de Córdoba y es hermano de la principal imputada, conocida como “La Jefa”. Al responder un pedido de la Fiscalía, Mercado Pago reveló que la cuenta tenía un movimiento de más de $700 mil, ya sea en concepto de crédito o débito.

Además, se reunieron datos sobre giros recibidos por Pacheco por $113 mil, dinero que le era remitido por su hermana y por jóvenes que habían caído en la red de trata. El fiscal señaló que de los movimientos de la cuenta de Mercado Pago, se pudieron establecer pagos al sitio web de “encuentros sexuales”, utilizado para ofertar a las jóvenes que captaba la organización, tanto en Salta como en otras provincias.

“En esa misma cuenta existen comprobantes de pago de recarga de distintos teléfonos celulares, entre ellos los pertenecientes a las tres personas ya imputadas en la investigación, mientras que el resto serían de víctimas y otros eslabones de la organización”, explicó el fiscal.

Asimismo, describió pagos de operaciones a favor de la principal acusada, como también de terceros, y dijo que eso será investigado. 

Parte del dinero que Pacheco recibió en giros le había sido enviado por los otros imputados. También se pudieron verificar pagos de una de las víctimas rescatadas al desarticular la red de trata, y se determinaron envíos desde Corrientes y Jujuy.

Para despejar dudas respecto al rol del nuevo imputado, Toranzos presentó pruebas obtenidas a partir de documentación remitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que informó que Pacheco no tiene registrada una relación formal de trabajo ni tampoco movimiento comercial que permitan justificar el movimiento de dinero.

Captación por el face

Una de las denunciantes que dio origen a esta investigación contó que vio una publicación en el perfil “Luciana Chocobar”, que requería “chicas de 18 a 25 años”. Una vez que se contactó, le informaron que el trabajo consistía brindar sexo por dinero, conocido como “scort”.

A partir de estas denuncias se llevó adelante una primera etapa de investigación usando la figura del “agente revelador”, estrategia que permitió la detención de dos mujeres y un hombre, quienes dirigían la organización en Salta y en otras provincias vecinas donde replicaron la modalidad.

Bajo la fachada de brindar servicios de Spa, los acusados ofertaban servicios sexuales a través de un conocido sitio de encuentros para adultos. Los encuentros se concretaban en distintos departamentos del casco céntrico de la ciudad de Salta.

El fiscal detalló que según la categoría del servicio, que rondaba entre los $800 y $1500, se determinaba el lugar donde eran citados los clientes. Los más costosos estaban en la zona cercana al centro de la ciudad.

La investigación estableció también que el 50% de cada servicio debía ser entregado a los ahora imputados, ya sea en efectivo en directo o a través de giros dirigidos a un familiar de la principal acusada.

En la primera de la investigación se hicieron allanamientos, entre ellos en los lugares identificados como base para los servicios sexuales, y la fiscalía secuestró 19 teléfonos celulares, más de $90 mil, lencería erótica y fotografías que se les tomaban a las víctimas para luego ofertarlas vía web.

Y se sumaron declaraciones testimoniales y otros datos sobre cómo se llevaba adelante la captación de las jóvenes, tanto en la capital salteña como en provincias vecinas. En los procedimientos se rescató a siete jóvenes.