Las trabajadoras de casas particulares de Salta también rechazan la oferta del 22% de incremento al sueldo básico, a pagarse en cuotas, que propuso el Ministerio de Trabajo de la Nación e instaron a que el incremento sea de al menos el 28%, o alcance al 30%. Anoche trascendió que el aumento sería del 28 %, escalonado en tres etapas.

Además, las trabajadoras denunciaron la precariedad y el maltrato laboral histórico que sufre el sector y que se incrementó con la pandemia. 

La referenta de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares de Salta, Ana Díaz, dijo que en la provincia existen entre 3 mil y 5 mil personas que se dedican a esta labor en casas particulares, en su mayoría mujeres. Y dijo que al menos el 70% no está registrado en el Ministerio de Trabajo, con lo que incumple la ley nacional 26.844.

"El problema está en que la mayoría de las chicas está en negro y son muy pocas las registradas", afirmó Díaz. "Eso no es justo porque el trámite es sencillo, se hace a través de Internet y que no tiene costo", señaló la referenta, quien trabaja en casas particulares desde que tiene 19 años y que, sin embargo, recién desde 2011 está registrada. 

Sin el registro las trabajadoras pierden los derechos a contar con una aseguradora de riesgo del trabajo (ART), obra social y el aporte jubilatorio, que según la referenta no superan los mil pesos. "Hoy en día eso es un vuelto para cualquier persona que sale a comer", dijo Díaz.

Añadió que otra de las consecuencias de no estar registradas es que "a nuestras compañeras les están pagando lo que ellos quieren y no lo que estipula la ley". Según la legislación nacional, pueden trabajar por hora, que actualmente se paga $145. Y en el caso de mantener un sueldo básico, debe ser de $17.785 y corresponde a 192 horas de trabajo. Ese básico es el que están buscando incrementar.

Por su parte, Alicia Vega dijo a Salta/12 que están descontentas con la oferta salarial, "no porque querramos cobrar una millonada, sino porque simplemente no alcanza", afirmó. Dijo que con el mínimo de $17.785 no lográn pagar la totalidad de sus gastos básicos, que incluyen boletas de luz de casi 3 mil, o en el caso del gas, la mayoría usa envasado y abonan $500 por una garrafa chica. 

Además, dijo que sus empleadores no pagan más de ese mínimo y que "llegan a juntar monedas para no excederse".

"Todo este año pasamos sin un aumento, lo hubo en marzo, pero era del 2019 no del 2020, y ya estamos a fin de año y no tenemos un número cerrado aún", cuestionó. En el caso de que se les otorgara el 22% de aumento, el mímino iba a estar entre $22 o $23 mil, pero "depende del patrón, que a veces te redondea para arriba o lo redondean para abajo. Aún así, es poco", subrayó.

Por no estar registradas, se dan situaciones en donde los "patrones" les pagan entre $90 o $100 por hora. Díaz dijo que si no les quieren pagar los aportes jubilatorios, "por más que estén trabajando en negro, deberían respetar al menos la cantidad de dinero que se le debe pagar por hora". 

"Ellos no toman en cuenta que nosotras nos trasladamos en colectivos y que el pago del colectivo sale de la hora que nosotros trabajamos, al final terminamos trabajando una hora para pagar colectivos nada más", sostuvo. Agregó que hay casos en que deben tomar seis colectivos en el día porque trabajan en tres casas. 

Las trabajadoras entienden que el incremento no va a superar el 30%, pero Díaz señaló que los puntos que van de un 22% a un 28% "harían la diferencia" y más teniendo en cuenta que se abonaría en cuotas. 

Sin protocolo específico

Díaz dijo por otra parte que desde que se anunció la cuarentena no fueron protegidas ni por sus empleadores ni por los gobiernos."El cuidado y la protección nos lo hemos dado nosotras por propia voluntad", afirmó.

Denunció que no existió un protocolo específico para el sector y que solamente se las autorizó bajo uno general. Detalló que precisaban de un protocolo propio porque "andamos en colectivos, entramos y salimos de casas y estamos en contacto directo con las personas que han estado aisladas y que se han quedado en sus casas respetando la cuarentena". 

La ley nacional 26.844 estipula que los empleadores deben entregar la ropa de trabajo, pero en las diferentes disposiciones que han surgido desde las entidades gubernamentales, es algo que no se recordó, dijo Díaz. En consecuencia, "tuvimos que andar con mochilas cargadas, tanto de zapatillas como de diferentes mudas de ropas, para poder entrar a nuestros lugares de trabajo", debido a que la gran mayoría no realiza las 8 horas en una sola casa. 

Más de 10 horas trabajando

Vega trabaja desde hace más de 10 años en casas particulares y contó que estos últimos meses vio mucho descontento por parte de sus compañeras. "Me pasó el otro día que una compañera me preguntaba si estaba bien trabajar de las 9 hasta las 22 por 10 mil pesos", contó y acto seguido repudió ese ejemplo de explotación laboral al que se enfrentan las mujeres.

Destacó que muchas trabajadoras tuvieron que sumar el gasto extra de la instalación del WiFi o las cargas reiteradas de datos al celular "para que los chicos puedan estar en los Zoom". 

Por su parte, otra trabajdora, Blanca, contó que antes de la pandemia trabajaba en dos casas particulares y que con el correr de los meses tuvo que sumar un tercer domicilio. Dijo que en uno de ellos no le otorgan "ni un minuto de descanso" hasta que complete las horas. Añadió que si se va cinco minutos antes le reprochan, pero si trabaja cinco minutos más, no se los reconocen en el pago. Ese domicilio está ubicado El Tipal, una zona residencial privada de Salta, de donde Blanca tarda cerca de media hora hasta llegar a la casa. "Eso no me lo reconocen y la media hora que tardo hasta salir tampoco", cuestionó. 

En 2013 Blanca reclamó que la registrarn, pero recién lo hicieron hace 4 años. "Me pusieron en blanco, pero no me hacen los aportes", denunció. Cansada de ello, se dirigió hace unas semanas a las oficinas de la Secretaría de Trabajo de Salta, donde le dijeron que debía presentar una carta documento ante el organismo. Acción que realizará porque "si yo no peleo por mí, nadie lo va a hacer", afirmó.

El mismo planteo ocurrió en la segunda casa, en donde su empleador le dijo que sí, pero le agregó: "Pensé que vos me habías dicho que no te querías blanquear". "Y yo nunca le dije eso", contó. "Yo necesito la obra social y mi jubilación porque aparte es lo que me corresponde", subrayó.

Tuvo que buscar una tercera casa porque el año entrante una de sus hijas ingresará a la universidad, por lo "necesito más trabajo y si yo me enfermo necesito una obra social que me resguarde".

"Trabajamos como podemos y entre 10 y 12 horas para hacer la diferencia. No estamos nunca en nuestras casas porque tenemos que trabajar mucho", lamentó Vega.