Con el voto de cinco de los siete concejales que lo integran, el Concejo Deliberante de Santa Victoria Este (SVE) destituyó ayer al intendente Rojelio Nerón. La abogada del funcionario municipal, Graciela Oviedo, adelantó en la sesión especial que apelará la decisión ante la Corte de Justicia de Salta. Luego aseguró a Salta/12 que con esta presentación, la decisión de los concejales quedará en suspenso, y Nerón continuará ejerciendo sus funciones como intendente.

La sesión especial fue la culminación de un proceso que se inició la primera quincena de agosto pasado, a solo 8 meses de la asunción de Nerón, primer integrante del Pueblo Wichí que llega a la intendencia en una zona con mayoría de población indígena. 

Las imputaciones contra Nerón son por no haber presentado el proyecto de presupuesto tras ocho meses de gestión “habiendo sido intimado” para hacerlo. También por la adquisición de un camión sin convocar a licitación, por montos que superan los establecidos para la compra directa; para los concejales, esta operación debió suspenderse hasta correr debido traslado al Concejo Deliberante. También le imputaron una deuda con la ART (aseguradora de riesgos de trabajo) que debe dar cobertura a los trabajadores municipales; afirmaron que con la falta de pago se pone en riesgo a todo al personal del municipio y al mismo Ejecutivo en caso de que haya un accidente de trabajo. 

Asimismo, le adjudicaron haber incumplido con la obligación de informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre los ingresos y egresos municipales, al igual que la falta de respuestas a los pedidos de informes, “sin contestarlos hasta el día de la fecha”, lo cual sostuvieron, implica una “falta grave”, según la carta orgánica. 

A ello agregaron el “veto extemporáneo” de la ordenanza N° 11; el asesor letrado de la Municipalidad, Alberto Palomino, explicó que esta ordenanza implica un aumento de sueldo para los concejales y el intendente. Los concejales “pretendían cobrar 100 mil pesos y luego lo bajaron a 60 mil”. En defensa de Nerón, Palomino indicó que por los fondos que ingresan al municipio (uno de los más pobres del norte de Salta y del país), era casi imposible pagar esos sueldos. Actualmente los concejales victoreños perciben $38 mil mensuales, lo que a entender de Palomino, están cobrando ediles de ciudades con muchos más ingresos que SVE. Y explicó que si el veto fue extemporáneo, se debió a que hubo cierre de funciones durante la pandemia, y este fue el argumento al momento de vetar la ordenanza.

Un pedido de nulidad

Cuando los concejales se aprestaban a realizar la votación, la abogada Oviedo les recordó que debían resolver un pedido de nulidad al juicio político por falta de garantías al debido proceso. “Carece de uno de los requisitos fundamentales que es la imparcialidad”, dijo a los ediles, al solicitarles resolver sobre el pedido e cuestión. 

Entre los argumentos, la letrada afirmó que algunos miembros de la comisión investigadora del Concejo se manifestaron en contra del intendente, lo que implica a su entender parcialidad y causal de apartamiento del proceso investigativo. “Planteo un conflicto de poderes”, dijo la abogada en la sesión y advirtió que, en caso de rechazarlo, se accionaría contra el Concejo Deliberante y los concejales.

Los ediles, que se habían reunido pasadas las 10 de la mañana, fueron a un cuarto intermedio cerca de las 13 y a las 15 volvieron para rechazar el pedido de nulidad y votar a favor de la destitución de Nerón. Quienes votaron a favor fueron Rafael Andrada, Samuel Gilobero, Norberto Torres, Martín Herrera, y Fabián Maza. En contra se manifestaron Maribel López y Juan Manuel Bache.

Oviedo se quejó de la falta de fundamentos. Pero los concejales aseguraron que éstos se conocerán mañana.

La abogada defensora dijo a este medio que se presentó toda la documentación solicitada por los concejales, al momento que se dieron las explicaciones por la falta de algún informe a raíz de las condiciones que impuso la pandemia. “Iniciaron una votación estando la documentación y todo incorporado. Entonces es una decisión netamente política”, agregó Oviedo.

Pese al compromiso de Andrada, presidente del Concejo Deliberante, de hablar con este medio, no respondió a las llamadas.