El juicio por el caso Chavanne-Siderúrgicas Grassi es otra oportunidad para revisar la persecución política con fines económicos desarrollada por los represores de la última dictadura cívico militar. El problema es que el debate debía comenzar este martes, pero por pedido de uno de los acusados, el Tribunal Oral Federal Número 5 de la Capital Federal resolvió diferirlo. “Es la décima vez que pide que se posponga el debate, ya es una burla”, consideró el fiscal del caso Alejandro Alagia, quien esta mañana presentó un escrito para que se le dicte a Juan Alfredo Etchebarne, quien logró la dilación, la detención domiciliaria. Etchebarne fue presidente de la Comisión Nacional de Valores durante gran parte de la última dictadura y afronta por primera vez a la Justicia imputado por crímenes de lesa humanidad contra empresarios en ese tiempo. Designado al frente de la Comisión Nacional de Valores en junio de 1976 por su amigo, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, Etchebarne jugó un rol preponderante en el proceso de apropiación y robo de activos financieros a empresarios bajo el pretexto de considerarlos opositores políticos a la dictadura. 

Un día antes de comenzar el debate en el que estrena el banco de los acusados, el TOF 5 le concedió la postergación del proceso bajo argumentos “sanitarios”. Pero no es la primera vez. “Por lo menos diez veces logró que el tribunal pospusiera el juicio desde 2018. Siempre alguna excusa: si no es que sufre de alguna enfermedad, es que no escucha, si no es que no escucha es que tiene poca o mala conectividad. Ya es una burla y no podemos permitirlo. Pedimos que se lo detenga”, explicó a este diario Alagia. De concretarse, Etchebarne cumpliría arresto domiciliario. Hasta el momento goza de libertad tras haber sido excarcelado bajo fianza.

Con Raúl Antonio Guglielminetti son los únicos dos acusados en el juicio que debería haber empezado este martes por el secuestro de 28 personas vinculadas a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi). Otros dos acusados fallecieron en el camino.

La causa en la que fueron investigados, imputados y procesados la desarrolló el juez federal Daniel Rafecas y la elevó a juicio en 2015. El expediente desmenuzó los hechos que vinculan a responsables económicos y políticos de la última dictadura con el secuestro de empresarios, familiares y trabajadores de las empresas Chavanne y Grassi con el objetivo de obtener recursos de la agrupación Montoneros. A través de una asociación, las empresas Chavanne y Grassi compraron en 1978 el Banco de Hurlingham, de la familia Graiver, presunto reservorio del dinero que Montoneros habìa cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma Bunge & Born.

Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham” que desarrolló “una clara persecución a grupos económicos determinados”. En el expediente figura la Comisión Nacional de Valores, al frente de Etchebarne, como responsable de esa persecución, que luego era “ejecutada por oficiales militares, personal civil de inteligencia y oficiales de Gendarmería Nacional”. En el caso específico del Banco de Hurlingham, Etchebarne dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central. El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de "subversión económica" desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi. Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne. Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.