El intento de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el excanciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA recibió hoy señales de vida tras una decisión de dos jueces subrogantes de la Sala I de la Cámara de Casación.

Los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron las recusaciones en su contra presentadas por la defensa de Timerman, denegaron el pedido de excusación de la tercera jueza de la Sala I, Ana María Figueroa, que había denunciado una operación política y mediática en su contra, y convocaron a una audiencia para el 19 de diciembre.

La denuncia realizada por Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, era un asunto terminado el año pasado después de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal sentenciaran que no había ningún delito y luego de que Casación convalidara un dictamen fiscal en el mismo sentido. Sin embargo, con el cambio de gobierno algunos fiscales federales, la dirigencia de la DAIA y denunciantes afines al macrismo volvieron a la carga con el tema por dos vías: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” en la causa que Rafecas había archivado e hicieron una denuncia aparte con esos elementos por “traición a la patria”.

Borinsky y Hornos pertenecen en realidad a la sala IV de Casación, que entiende en la causa paralela por "traición a la patria", y son subrogantes en la I. El abogado de Timerman, Alejandro ¨Rúa, había solicitado que se aparten por estar excusados y recusados en cuestiones relativas al ataque a la AMIA,  como por ejemplo en la causa que investiga el encubrimiento en la investigación del atentado.

Sin embargo, los camaristas se confirmaron al frente de la causa y convocaron a una audiencia el 19 de diciembre en la que escucharán al fiscal ante Casación Javier De Luca y a los representantes de la DAIA, para luego decidir si existen motivos para reflotar la denuncia de Nisman.

La semana pasada De Luca dictaminó que no se debe reabrir la denuncia, consideró que no existen nuevas pruebas, reiteró que no existe delito en la firma del Memorándum con Irán y opinó que la DAIA no pude ser querellante porque carece del poder que le debe dar su Consejo Directivo.