El debate más postergado del año se abrió finalmente este mediodía cuando el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados de la Nación. “Acá nadie puede promover el aborto. Lejos de ello queremos disminuir la cantidad de abortos. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Nos suceden embarazos no intencionales y nos encontramos en la disyuntiva de avanzar o no con estos embarazos”, planteó Vilma Ibarra, una de las redactoras del proyecto, acompañada por sus pares Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y Ginés González García, ministro de Salud y Acción Social de la Nación, quienes hicieron hincapié en que el proyecto de ley viene a dar respuesta a un serio problema de salud pública.

A la una de la tarde, se llevó adelante la reunión conjunta informativa de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública para tratar los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo, el del gobierno nacional, el presentado por la Campaña de Aborto Legal Seguro y Gratuito y también un tercero que modifica el Código Penal. La reunión fue conducida por la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General.

Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica del gobierno nacional, fue la primera en tomar la palabra. Recordó que la iniciativa del proyecto de IVE es una promesa electoral, que Alberto Fernández repitió en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y cada vez que se le preguntó durante este año. Además, hizo un homenaje a todas las pioneras que impulsan este derecho desde hace décadas y también reconoció a la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, “una organización que llevó adelante una lucha importantísima en el país”.

Luego habló del problema social del aborto clandestino. “Ha fracasado la política de penalización del aborto, de amenazar a la mujer con la cárcel por interrumpir el embarazo”, dijo Ibarra. El resultado ha sido “un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden días y días en Argentina”. Apuntó que en 2019 solo en la ciudad de Buenos Aires hubo más de 8800 abortos por interrupción legal del embarazo (ILE) en el sistema público.

A lo largo de su exposición, se la vio conmovida. “Estamos legislando sobre el país y el mundo que tenemos. Sería deseable que no hubiera abortos. Países que han resuelto esto han bajado la tasa de mortalidad de las mujeres: Uruguay, Suecia, Alemania, Países Bajos y muchos más”, dijo.

Recordó además que el bloque convencional constitucional obliga al Estado a atender la salud y la vida de las mujeres que están afectadas por verse obligadas a concurrir a abortos clandestinos. “Así las cosas no están bien, las cosas están muy mal. El aborto clandestino es un negocio brutal. Es de una crueldad la situación... El Estado se tiene que hacer cargo de un problema de salud pública”, agregó.

Finalmente, repasó los principales puntos del proyecto, entre ellos:

*La IVE se mantiene hasta la semana 14 (luego sigue legislado como en la actualidad, con causales): “Hasta la semana 14 sabemos que se trata de una IVE segura, realizada con los métodos medicamentosos o aspiración, dos métodos seguros ambulatorios y no quirúrgicos según Organización Mundial de la Salud”.

*En cuanto al consentimiento, recoge lo que plantean el Protocolo nacional y el Código Civil. Las adolescentes entre 13 y 16 años pueden decidir en tratamientos no invasivos. En caso de tratamientos invasivos, se necesita el consentimiento de los adultos. A partir de los 16 son consideradas adultas en relación a su cuerpo.

*Recoge el derecho a la objeción de conciencia de los individuos. “No creemos que se pueda forzar a alguien que crea que sus creencias más íntimas son contrarias. Hemos respectado el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia”, explicó. Obviamente, aclaró, si corre riesgo la vida o la salud de la persona no se puede aducir objeción de conciencia. Y por supuesto el objetor tiene que serlo tanto en el ámbito público y como en privado: “Queremos terminar con el negocio del aborto clandestino”.

Luego expuso Gines González García, ministro de Salud y Acción Social de la Nación, quien ha sido un gran promotor del acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Dijo que tres razones lo impulsan: la prevención, los derechos, la justicia social.

“Lo que está pasando hoy, 1100, 1200 abortos en el día, 120 internaciones en hospitales públicos, viene hace mucho tiempo. Sus consecuencias son muertes, internaciones, gastos. Esto tiene solución, es técnica y se aplica en todo el mundo. La evidencia es rotunda”, aseguró. Recordó también que el 80 por ciento de los embarazos de menores de 20 años en Argentina son no intencionales.

“El aborto como problema de salud pública es serio. Si lo resolvemos de manera científica y técnica eliminamos una causa de muerte”, dijo. En ese sentido, explicó que desde 2010 a 2017 el total general de egresos hospitalarios por aborto pasó de 52817 a 38599, y que esa disminución se debió al uso de métodos innovadores de interrupción.

También se refirió a los costos. Aseguró que cuesta diez veces más el costo hospitalario de la internación que el de usar tecnología innovativa como el Misoprostol, que es medicamentosa y se usa de forma ambulatoria.

Luego argumentó que legalizar el aborto es una cuestión de justicia social: “Este no es un problema igual para todas las argentinas. Quienes enfrentan más barreras son las que están en situación de vulnerabilidad. Entonces este proyecto también genera justicia social”. También habló a legisladores que reciben “aprietes” y los instó a pensar en el sufrimiento de las mujeres antes de emitir un voto contrario. “Tenemos la posibilidad de resolver bien y cambiar una historia de la cual nadie puede estar orgulloso”, finalizó.

Para cerrar la presentación del Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta centró su exposición en las modificaciones que establece el proyecto --desde su artículo 13 al 17-- al Código Penal. Aclaró que el proyecto habla de personas gestantes ya que se acoge a la ley de identidad de género.

 

“El proyecto de ley viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país. Sabemos que la legalización de la práctica de la interrupción del embarazo disminuye la mortalidad materna, elimina el riesgo para la salud de las mujeres, disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas; la legalización no estresa el sistema de salud sino al contrario, y no implica más costo sino un ahorro para el Estado”, sintetizó.