La interna de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista está en ebullición. Desde el área de Jurídicos apuntan a sus colegas de Contrainteligencia por las escuchas a los presos kirchneristas y la posterior filtración de las desgrabaciones que habrían caído en manos de Elisa Carrió y del fiscal Carlos Stornelli. Pese a que ninguno de los dos abogados que debían ser indagados por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé prestó declaración, uno de ellos hizo un largo descargo escrito intercambiando responsabilidades con otro de los sectores de la Agencia y reclamó medidas que involucran a la oficina de escuchas de la Corte Suprema.

En marzo de 2018, se creó la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADCCO) bajo la órbita de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI. Ese área quedó en manos de Mariano Ruda Bart, uno de los imputados en la causa de espionaje de Lomas. Para los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la creación de esa dependencia muestra que Jurídicos se embarcó en tareas operativas que estuvieron históricamente en manos del área de Contrainteligencia y que terminaron siendo funcionales a un plan de espionaje amplio que incluía saber todo cuanro pasaba en el penal de Ezeiza, donde estaban detenidos dirigentes y empresarios kirchneristas. 

Sin embargo, Ruda Bart --un abogado que entró a la entonces SIDE en 1995 y estuvo hasta 2015 en la no tan célebre Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como Ojota-- buscó mostrar que, en todo caso, Contrainteligencia no fue ajena a esos manejos. Su descargo tiene ribetes interesantes porque da cuenta de que existía un sistema punto a punto entre la AFI y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la oficina de escuchas de la Corte, que hasta ahora era desconocido. Esto significa que la Dajudeco hacía las interceptaciones y, por un lado, grababa los CDs y, por otro, remitía digitalmente la grabación a la AFI. El sistema se llamaba SIDEA. 

Según Ruda Bart, su oficina hacía las transcripciones, pero no las escuchas, que estaban en manos de las áreas operacionales de la AFI. “Contrainteligencia accedía a todas las líneas, las analizaba, valoraba y proponía al Tribunal medidas en consecuencia”, escribió Ruda Bart en su descargo, en el que pidió confirmar la existencia del sistema SIDEA y negó que desde su área le hubieran filtrado las transcripciones que Carrió y Stornelli emplearon para hacer denuncias en Comodoro Py contra la investigación del D’Alessiogate.

Además de Ruda Bart, estaba citado el abogado Bernardo Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio que recaló en el área de Jurídicos de la AFI durante el macrismo, pero pidió la postergación de la indagatoria. Miguens deberá declarar el 17 de diciembre.