El jueves 26 de noviembre murió por deshidratación grave un niño wichí de 11 meses de una de las comunidades ubicadas al costado de la ruta nacional 81, en el límite entre los departamentos Rivadavia y General San Martín. El hecho puso en el tapete una situación de abuso intrafamiliar.
Pese a la intervención de la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría de Incapaces y áreas del Estado provincial, el resultado fue la muerte de una criatura que incluso estaba indocumentada, según el certificado médico, y la información que hasta ahora se pudo colectar.
El asesor de Incapaces de Embarcación, José Eduardo Cortés, dio detalles de un caso que, según deslizó en la entrevista con Salta/12, es uno de los más graves en que le tocó intervenir.
Todo se inició a fines de septiembre del año pasado, cuando una obstetra del departamento Orán denunció un presunto abuso sexual al darse con los embarazos de tres hermanas menores de edad. Así se dio intervención a la Asesoría. La mayor de las hermanas tenía entonces 16 años, y las otras dos niñas tenían 12 y 14 años. María, nombre que para resguardar su identidad real se dará a la chica de 16 años, ahora tiene 18 años y es la madre del bebé fallecido el 26 de noviembre, que era su tercer hijo.
En el caso de la nena de 14 años, el embarazo tenía ya entre 23 o 24 semanas cuando fue detectado. En la investigación sobre el responsable de esos abusos, surgió señalado quien era la “pareja” de la chica de 16 años, un hombre que hoy tiene 34 años y es también miembro de una comunidad wichí de la ruta 81.
Este hombre fue detenido. “A los dos o tres días fue una comisión de la Asesoría de Incapaces hasta el domicilio” de María, relató Cortés. La adolescente compartía esa vivienda con su "pareja" y con su madre, sus dos hermanitas y sus hijos e hijas.
En principio la madre de María se mostró reacia a dar datos de la familia. “Nos reclamó que por qué habíamos intervenido indicando que el hombre siempre le dio de comer, que mantenía la casa, cuidaba los animales, y que ellas estaban solas”, contó el asesor. “Estaba muy reacia a otorgar datos y estaba enojada porque ella no había hecho ninguna denuncia”, agregó. Incluso, sostuvo, la mujer aducía que solo iba a dar los datos cuando el hombre llegara a la comunidad tras ser puesto en libertad.
Pedido de contención al Estado
La nena de 14 años necesitaba atención durante el embarazo, que estaba cursando con algunas complicaciones. Se dio entonces intervención al Juzgado de Violencia de Género para cumplir con los requerimientos de salud y se solicitó la actuación de la secretarías de la Niñez y de Asuntos Indígenas del gobierno provincial “para que tomen medidas ante la situación de extrema vulnerabilidad”.
Cortés afirmó que los trámites se hicieron de manera inmediata hasta llegar a la declaración de las niñas en cámara Gesel. Fue recién entonces que la madre de María declaró que el hombre “abusaba de todas las mujeres”, incluida ella, que también tuvo un hijo a raíz de estas violaciones. Solo entonces realizó la denuncia formal, eso fue entre el 20 o 23 de octubre. Los hechos, según dijo la progenitora de las chicas, se cometieron en el monte. “Incluso (el violador) le reclamó por qué les mezquinaba a las hijas”, contó Cortés al recordar la declaración de la madre. La mujer afirmó que sus hijas más pequeñas salieron llorando del monte y fue cuando se enteró de los abusos. Al ser consultado por la actuación de traductores bilingües, Cortés afirmó que la mujer, la adolescente y las niñas hablaban bien el castellano.
Frente al panorama ya complicado, y dado que la madre y sus hijas vivían en la comunidad donde el agresor era hijo de una de las autoridades, se solicitó que la familia saliera del lugar. Fueron trasladadas a otra comunidad wichí cercana en donde la madre tenía familiares. Entonces “se pidió a la Secretaría de la Niñez medidas de protección” para sacar a las niñas y mujeres de la situación en la que se encontraban.
En el lugar al que fueron trasladadas la Asesoría solicitó a las áreas del Ejecutivo provincial “todo el mobiliario, la construcción de un módulo habitacional, y asistencia social”. Sin embargo, solo recibieron chapas de zinc para poner sobre una construcción de adobe, y camas sin colchones. “En julio se solicitó informe a la Secretaría de la Niñez y en noviembre se respondió que los chicos estaban bien”, dijo Cortés. Sin embargo, el informe “estaba desactualizado”, por lo que el 19 de noviembre se envió un nuevo oficio. El mismo día, dijo Cortés, se pidió informes a la Comisaría cercana al lugar del domicilio de María, su madre, hermanas e hijos. La respuesta que llegó es que el bebé de 11 meses había fallecido.
Según el asesor de incapaces, los informes en su poder indicaban que había una asistencia periódica desde el Centro de Salud y el agente sanitario a cargo. Cortes agregó que incluso el certificado sostiene que la evolución de la deshidratación fue de 48 horas. No se logró establecer si el niño accedió a un certificado de niño vivo, dado que el asesor recordó que se realizó el trámite para una de las bebés, pero desconocía cuál era el trámite que debía seguir para el niño que finalmente falleció. Según el certificado médico, el bebé no tenía DNI.
Frente a los hechos acontecidos, se informó que la Asesoría enviará una comisión para verificar la actual situación de la familia de mujeres y niñas madres solas, y sus hijos e hijas.
