Tres ejes recorrieron los argumentos de quienes se oponen al derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que continuó en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en la tarde del miércoles: el embrión es persona desde el día cero, las mujeres pobres no abortan y la IVE recargará el Sistema de Salud en el marco de la pandemia. Las expositoras verdes respondieron a estos argumentos y agregaron fundamentos jurídicos, de salud pública y experiencias en torno a la actual aplicación -- y no aplicación -- de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país. 

"El niño por nacer es un individuo perteneciente a la raza humana" porque tiene "código genético propio que lo acompaña el resto de su vida", dijo Myriam Andujar, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, encargada de abrir las exposiciones de la tarde del miércoles. La apoyó Siro Martini, doctor en Ciencias Jurídicas, quien, además de cuestionar el fallo F.A.L -- lo consideró una "injusticia grave cometida por la Corte Suprema” y celebró que "afortunadamente" algunas provincias no adhieran al protocolo ILE  --, afirmó que el proyecto permitirá abortar "hasta el momento del nacimiento". 

"Lo que está en debate acá es la modificación de un régimen de regulación basado en causales por un régimen mixto que incorpora un plazo de 14 semanas durante el cual no será necesario que las mujeres expresen la razón de su decisión", aclaró rápidamente Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, acerca del plazo de 14 semanas que establece el proyecto. 

Paola Bergallo, doctora en Derecho e investigadora del Conicet, señaló además que "la mayor parte de los países del mundo se encuentra hoy con legislaciones liberalizadoras", mientras que Myriam Bregman, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, sostuvo que hay un "intento de dar tinte científico" a una "deliberada intención de confundir una vida con una persona".

Otro de los argumentos esgrimidos por quienes se oponen al derecho al aborto fue que la legalización de la IVE recargaría al sistema de salud en pandemia: "¿Es este el momento?", se preguntó Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas, quien añadió que "el aborto puesto como prioridad generará el mismo efecto que la covid-19 desplazando la atención de otras patologías".

"Es exactamente al revés. Las complicaciones por abortos inseguros son las que requieren asistencia médica en terapia intensiva. El acceso a abortos seguros es un procedimiento de bajo costo y ambulatorio en la mayoría de los casos, por lo cual no requiere internación", respondió Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Por su parte, Bergallo indicó que "la evidencia correlaciona los procesos de legalización con la reducción de los abortos".

En su intervención, Comaleras puso sobre la mesa cifras concretas de 2018, año en que el Senado rechazó la legalización: "2350 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años tuvieron un hijo, un promedio de seis por día". "Obligadas a gestar y a parir, eso no es bendición, es tortura ¿Quién de ustedes puede aceptar que el destino de una niña es maternar a los 10 años?", sostuvo. María Belén Carcedo, también integrante de la Red, detalló que "el 80 por ciento de los embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar". 

Sin embargo, la intervención de María Urraza, obstetra de La Plata que se lamentó por los "fetos que lloran", cargó contra las profesionales que garantizan la ILE: "Hay violencia institucional sobre mujeres en situación de pobreza" que se acercan "dudosas a consultorios de consejería con cien por ciento de efectividad en lograr abortos", dijo. Así, Urraza concluyó que "si entran al consultorio, abortan todas". 

Ante esto, Comaleras fue contundente: "las mujeres que acceden a la interrupción vienen convencidas", dijo y expresó que "sienten que tuvieron la oportunidad de alcanzar en forma segura lo que deseaban". Además, afirmó que esas mujeres reciben "consejería integral" con "toda la información disponible incluso si no hay solicitud explícita, de aprobarse la ley de los mil días también será incluida como opción".

Por su parte, Carcedo explicó: "Hacemos atención cara a cara, estamos donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos o, en el otro extremo, se vulneran". La integrante de la Red añadió que "acompañamos a las personas, respetamos su decisión y sorteamos barreras para garantizar la ILE en un Sistema de Salud que criminaliza, violenta y pone en riesgo la vida y la salud integral". 

También Urraza se encargó de sacar a relucir otro de los argumentos repetidos: que las mujeres pobres no abortan. Incluso aseveró que con la Ley "se estigmatiza a las mujeres vulnerables". La acompañó Andujar, quien sostuvo que el aborto "no es una opción para mujeres pobres". Desde el territorio, Carcedo aseguró que "quienes pagan con su vida son las personas gestantes en situación de vulnerabilidad económica". En este sentido, Bregman afirmó que hasta ahora la penalización funcionó como un "castigo de clase". 

Como el famoso canto de la marea verde que dice "aborto legal en el hospital", Comaleras sintetizó lo que, entre otras cosas, significará la aprobación de la Ley: "Podremos poner un cartel en los consultorios de hospitales públicos que diga 'consultorio de Interrupción Voluntaria del Embarazo'".

Informe: Santiago Brunetto.