En el municipio de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, los vecinos que piden obras para tener agua en al menos 12 barrios, se enfrentaron ayer con camioneros que esperaban pasar el corte dispuesto sobre el puente internacional. Hubo forcejeos entre las mujeres que sostenían la protesta y los camioneros que intentaban levantarlo. Solo tras alguna intermediación entre las partes se lograron calmar los ánimos.
Pero por la noche la Policía despejó el corte de ruta por la fuerza, y se restableció el tránsito, aunque los vecinos quedaron expectantes al costado decidiendo si permanecían o se retiraban del lugar.
En tanto en Morillo, cabecera de Rivadavia Banda Norte (en el departamento Rivadavia), los manifestantes que piden un mejor servicio a la empresa Edesa, a cargo de la prestación de la energía eléctrica, fueron denunciados por obstaculizar el paso a una oficina de la firma. Las denuncias se hicieron primero por turbación de la posesión y entorpecimiento del servicio público en contra de dos personas. Se extendieron actas de identificación simple a otros ciudadanos. La intimidación tuvo como respuesta una importante manifestación de los vecinos la noche del martes.
El denominador común en ambos casos es que no hay respuestas a los pedidos pese a los compromisos realizados, y las amenazas de desalojo contra las protestas.
Un acuerdo incumplido
Los vecinos de Salvador Mazza decidieron reiniciar la protesta el lunes último ante el incumplimiento de un acta acuerdo firmada con el intendente Rubén Méndez. Cortaron el ingreso de la ciudad sobre el puente Guandacarenda, ubicado en la continuidad de la ruta nacional 34.
Según lo indicado a Salta/12 por el vecino Julio Arroyo, en el escrito se había comprometido a la regularización de los terrenos ocupados por unos 12 barrios para que una vez que esto suceda, se puedan iniciar las obras por parte de la empresa Aguas del Norte. “Dicen que figuramos como NN, y por eso las obras no llegan”, dijo.
El acta fue firmada los primeros días de noviembre y Méndez había solicitado 15 días para dar una respuesta concreta. “Pasaron más de 20 días y no nos dijo más nada”, sostuvo el vecino. Hay referentes de las barriadas que viajaron hasta Salta Capital a unirse a la protesta indígena. Según Arroyo, ayer esperaban resultados de una reunión que esos referentes de Salvador Mazza mantenían con el gobernador Gustavo Sáenz.
El corte de los vecinos era con una liberación parcial por media hora a las 7, y a las 17. Pero hubo incidentes con camioneros que habían ingresado a descargar mercadería y que no alcanzaron a pasar en la liberación de las 17. Según Arroyo, “se pusieron a tomar cerveza, se pusieron como locos, y quisieron levantar la calzada”.
En las imágenes tomadas por el periodista Raúl Costes, se pudo ver el forcejeo que hubo entre las mujeres que decidieron sostener el corte, y los camioneros. Solo tras una conversación más tranquila, las partes acordaron que se haría otro levantamiento parcial a las 19, con el fin de evitar una mayor confrontación. “Lo que nos dicen es que la Infantería está preparándose para desalojarnos”, afirmó el vecino. Indicó que hasta tanto no haya respuesta concreta a los reclamos, continuarán con la medida de protesta.
Cerca de las 21 se confirmaron las sospechas del vecino, ya que apareció la Policía y sacó por la fuerza a los manifestante de la ruta, que se quedaron en la banquina a la espera de que se retiren los uniformados. Sin embargo cuando sucedió eso, un grupo de vecinos planteó terminar con el corte, al menos por ese día, lo que generó que hasta anoche siguiesen las deliberaciones sobre los pasos a seguir.
Piden una mediación
Hace una docena de días que los vecinos de Morillo (o Coronel Juan Solá), se manifiestan en la oficina que cobra los servicios de Edesa. El reclamo principal es por el mal servicio de la empresa de energía que generó bajas de tensión y la consecuente pérdida de electrodomésticos. Ante la protesta, no hay atención en la oficina de Edesa. “Jamás obstruimos el trabajo de los operarios”, dijo Patricia Aguilar, una de las vecinas que el lunes fue denunciada junto a su hijo por mantener la protesta.
Ante la denuncia hubo queja de los vecinos, que aseguraron que “en esta estamos todos”, y consideraron la denuncia como un atropello a sus derechos. El comisario de la localidad que el lunes había intimado a Aguilar y su hijo a deponer la protesta, y los amenazó con desalojarlos, hizo lo propio con los otros vecinos el martes por la mañana, al labrar al menos unas 50 actas de identificación. La respuesta en la noche del martes fue una masiva protesta nocturna.
Al otro día “el comisario cambió la actitud”, contó Aguilar, quien dijo que el funcionario policial se mostró más predispuesto al diálogo. Ante ello, los vecinos solicitaron que la fiscal de Embarcación que interviene en la denuncia, Gabriela Souto, realice una mediación para ver si logra lo que hasta el momento no consiguieron los vecinos: que los funcionarios responsables de Edesa vayan hasta el lugar y den una respuesta.
