La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica con el simple mecanismo de rechazar los recursos. El máximo tribunal aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial, una especie de facultad monárquica que le permite a la Corte rechazar sin dar explicaciones. Pese a que se trata de un caso de suma importancia, entre otras cosas porque fue condenado un exvicepresidente y exministro de Economía, los supremos no se dignaron a ver lo ocurrido, no emitieron opinión sobre la existencia o inexistencia de delito o sobre las gravísimas irregularidades del expediente: simplemente rechazaron. En el marco de su ya tradicional modalidad de persecución política, los grandes medios insisten desde hace 48 horas en que quieren que a Amado Boudou se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la cárcel. No es automático, requerirá del planteo de una fiscal y la resolución de un juez.

Boudou y los demás imputados -el amigo del exvicepresidente José María Nuñez Carmona; el exdueño de la imprenta, Nicolas Ciccone; el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele, el exfuncionario de la AFIP, Rafael Bresnick Brenner y el exjefe de gabinete de Economía, Guido Forcieri- apelaron ante la Corte por sus respectivas condenas. En el caso concreto de Boudou se le impusieron cinco años y diez meses por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo, que significa recibir coimas. Este último delito fue el decisivo: los jueces sostuvieron, que para rescatar la imprenta, que estaba quebrada, Boudou recibió como coima el 70 por ciento de las acciones de la calcográfica.

Como ocurrió en otros casos de lawfare, no hay ninguna evidencia de que Boudou se haya quedado con acciones, al punto que la imprenta fue manejada por ejecutivos vinculados al Banco Macro, que conducía el fallecido Jorge Brito -gerente general fue Máximo Lanusse y gerente de personal, Francisco Sgera, ambos exMacro-, mientras que el dinero con el que se rescató a Ciccone fue aportado por Brito y por el financista Raúl Moneta. Sin embargo, fueron interminables las maniobras para evitar una pericia que indicara el flujo del dinero que, a través de la sociedad The Old Fund, reflotó a Ciccone. Esa pericia no se hizo hasta ahora y hubiera dejado en claro que Brito y Moneta estuvieron detrás del rescate. Es más, la justicia sobreseyó en forma definitiva a Brito en junio pasado, porque no existió delito del banquero en ese reflote de Ciccone.

Parece evidente que la Corte no se quiso meter en el fondo del caso porque seguramente hubiera visto que el fallo era un tembladeral. Durante este tiempo se conoció que el “arrepentido” Vandenbroele, cuyo testimonio en 2017 fue clave para la acusación, recibió 1.500.000 pesos de entonces, equivalentes a 5.000.000 de la actualidad, aplicando las tasas oficiales de inflación. El “arrepentido” usó el dinero para comprarse un hotel boutique, La Masía, en Mendoza.

La hipótesis principal de la acusación siempre fue que Vandenbroele, titular de The Old Fund, era un testaferro de Boudou. El exvicepresidente repitió una y otra vez que nunca conoció a Vandenbroele, algo que éste terminó reconociendo, pero dijo que él trabajó para Brito, cobraba un sueldo del banquero y que Brito era socio de Boudou. Con eso fue suficiente. No hubo ni un papel ni un contrato ni una evidencia de que fue Boudou el que se quedó con las acciones de la imprenta. Así lo afirmó el voto en disidencia de la jueza María Gabriela López Iñiguez. La magistrada condenó al exfuncionario por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública porque Boudou recurrió a su amigo Nuñez Cardona para el salvataje de la imprenta, pero López Iñiguez mencionó ese único delito. Aún más asombroso fue que los dos jueces de la mayoría ordenaran la inmediata detención de Boudou, algo que no habían hecho en ninguno de los juicios anteriores.

Como en ese entonces, ahora también el objetivo de la alianza judicial-política-mediática, con sucursal en Comodoro Py, es lograr nuevamente la foto de Boudou ingresando al penal de Ezeiza, donde ya estuvo en tres oportunidades. La Corte no dijo una palabra sobre la prisión domiciliaria -nunca lo hace- a la que accedió Boudou en abril. Ahora habrá que ver si hace un planteo la fiscal de ejecución penal, Guillermina García Padín, presionada por los grandes medios. En realidad, el juez Daniel Obligado otorgó ese beneficio a Boudou porque tiene dos hijos muy pequeños de su pareja con la mexicana Mónica De la Fuente y dada la situación de Covid-19 se le otorgó la domiciliaria a numerosos detenidos para que se ocupen de hijos chicos y eviten el contagio. El fiscal Javier De Luque, que estuvo de acuerdo con la domiciliaria, también consideró que pesaba el hecho de que la condena no estaba firme, lo que cambió este jueves. Sin embargo, las dos razones decisivas de la domiciliaria no cambiaron, los niños siguen siendo muy chicos y la pandemia no terminó.

Por el tiempo que tiene cumplido, más los incentivos por los cursos que realizó estando preso, al exfuncionario le queda algo más de medio año para redondear lo necesario para acceder a la libertad condicional. Sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistirán en que debe quedarse en la casa de la que salió una única vez, con autorización para mudarse.

Pero el objetivo, como en el caso de Lula o Evo Morales o Rafael Correa, es la foto entrando a una cárcel, un mísero instrumento más que utilizarán en la batalla contra las fuerzas que no se alinean con el neoliberalismo.