En el día en que se conoció otro caso de muerte por aborto en el país, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo ingresó en la última etapa de recepción de testimonios de uno y otro sector. Este viernes será el turno de diputados y diputadas. El dictamen se postergó hasta la semana próxima, posiblemente el miércoles. Este viernes, la Campaña por el Derecho al Aborto realizará una serie de actividades en el Congreso para reclamar la aprobación de la ley: será de 10 a 18 bajo el lema "La revolución que necesitamos. Sale si salís".
La primera en exponer en la tercera jornada, que fue presidida en esta tanda por la presidenta de la comisión de Mujer y Diversidad, Monica Macha, fue la investigadora del Conicet Mariana Romero, que defendió la iniciativa y sostuvo que la legalización "nos permitirá una mayor relación entre pacientes y profesionales de confianza y empatía".
Luego, una joven de 22 años, Guadalupe Batallán, tras relatar que su madre quedó embarazada a los 15 años, rechazó de plano el proyecto y aseguró que "estamos frente al mayor genocidio universal", al cuestionar el tratamiento 'exprés' de la iniciativa, y señaló: "Me duele mucho por la Argentina como joven lo que me va a tocar vivir".
En tanto, José Vivanco, de Human Rights, sostuvo que "la clandestinidad afecta a las mujeres más vulnerables y a las adolescentes" y consideró que "legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar", al advertir que de aprobarse "se aseguraría que nadie sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos". "No no dejemos pasar una deuda histórica para la Argentina", pidió.
Para Inés Franck, abogada de la Universidad Católica, "se debería tomar la vida humana desde la concepción ya que estamos ante dos vidas que hay que cuidar y proteger" y afirmó: "No es una discusión religiosa, ni política sino técnica y jurídica". "Es una imposición donde no se admite que los derechos de todos deberían ponerse en discusión. Tampoco se habla de los chicos por nacer", manifestó.
Por la tarde, Patricia Rosemberg, exdirectora de la "Maternidad Estela de Carlotto", señaló: "Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida, la salud, puedan decidir y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen, y por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días". "Cada vez hay más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso. La decisión es de la mujer y nosotros tenemos que garantizar que sea de forma segura", agregó.
En contra del proyecto, Roberto Votta, del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: "El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual. Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida".
Luis Pedernera Reyna, del Comité sobre los Derechos del Niño, dijo que "son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas, abusadas sexualmente, obligadas a parir por diferentes cuestiones y las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a atender los tiempos de la infancia".
Por su parte, Marcelo Riera, profesor universitario y exministro de Salud de San Luis, expresó su opinión en contra del proyecto, al considerar que "los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres".
Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria del del municipio bonaerense de Quilmes, reivindicó la iniciativa: "Es un problema de salud pública y el Estado debe garantizar siempre el acceso a la salud. Hemos incrementado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ILE; pero este acceso a la salud integral no puede ser un privilegio de un municipio".
El pastor evangélico Jorge Sennewald remarcó: "Veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, con nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que son provida. Nadie puede refutar que el aborto siempre es la interrupción de una vida".
Otra muerte
Una mujer de 40 años falleció a causa de aborto séptico el 7 de noviembre pasado, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Córdoba, tras la denuncia efectuada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Desde la cartera sanitaria no revelaron más detalles, solo que el fallecimiento se produjo en la localidad de Jesús María.
Desde la Campaña emitieron un comunicado donde indicaron que tenía 40 años, era madre y esposa y durante tres semanas luchó por salvarse en un hospital, donde permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
"En lo que va del año, es la primera mujer que conocemos que muere por la clandestinidad del aborto en Córdoba. Pero no es una historia aislada. A nivel nacional es la cuarta que registramos, pese a la falta de datos y acceso a la información pública", señaló el texto. Asimismo, aseguraron que "en pandemia, los abortos siguen ocurriendo. Por eso, es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: sin ley, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada".
"Mariela (seudónimo) es víctima de un sistema que criminaliza y prejuzga en lugar de garantizar", agregaron.
