El presidente Alberto Fernández reunió este mediodía a todos los gobernadores para la firma del Consenso Fiscal 2020, en una postal de la que sólo quedó afuera el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con la Casa Rosada por el recorte de los fondos para la policía. El mandatario resaltó que el acuerdo es "el mejor corolario" tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus.
"Este acuerdo tiene que ver con la responsabilidad de cómo vamos a crecer con sensatez y cómo vamos a encarar el futuro juntos, no por el espanto de un virus sino por la oportunidad de construir nuestro propio destino", agregó durante el acto. Además, pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre".
En Gobierno aseguran que accedieron a la mayoría de los pedidos que plantearon los funcionarios porteños durante la negociación para alcanzar el Consenso, así que la adjudicaban objetivos exclusivamente políticos a la negativa a asistir al acto en el Museo del Bicentenario. "No hay ninguna voluntad de enfrentar al gobierno de la Ciudad, está claro que Rodríguez Larreta busca victimizarse", aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Respecto al proyecto de ley que seguramente se aprobará la semana que viene en el Senado, que determinará el nuevo monto que la Nación le enviará a la CABA por la policía, el ministro evaluó que servirá para perfeccionar un traspaso que se hizo de manera incorrecta por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
El año pasado a esta altura, a poco de asumir, el Presidente reunió a los gobernadores en la Casa Rosada para el Consenso Fiscal 2019, incluyendo esa vez al jefe de gobierno porteño. Hoy, de una forma u otra estarán representadas todas las provincias, incluyendo La Pampa y San Luis que no forman parte del Consenso. Puede que no participen algunos gobernadores, pero será exclusivamente por consejo médico como son los casos de Juan Schiaretti (Córdoba) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), quienes enviarán a sus vices. Obviamente, lo mismo ocurre con Omar Perotti (Santa Fe), que ayer informó que dio positivo de Covid-19. En Interior aseguraban que los tres mandatarios radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) estaban muy convencidos de la firma del Consenso con el que no quiere saber nada Rodríguez Larreta.
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Entre sus puntos principales, el Consenso Fiscal les permite a las provincias tomar deuda en pesos -"una estrategia para el endeudamiento responsable", denomina- y suspender las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el gobierno de Macri. Con el impacto que la pandemia generó en las cuentas provinciales, los gobernadores están ansiosos por tener herramientas para mejorar la situación. En ese ámbito, tienen poco quórum las quejas de CABA, con una situación mucho más holgada que el promedio. Otro punto es que las provincias deben suspender por un año los reclamos judiciales a la Nación, algo con lo que Rodríguez Larreta no quiere saber nada ya que imagina a la Corte Suprema como la instancia que puede favorecerlo.
En los últimos días, la relación entre el Gobierno nacional y el porteño se deterioró a ritmo acelerado, por lo que la Casa Rosada buscará mostrar que todas las provincias están de su lado. La discusión del Consenso va en paralelo con el debate en el Congreso de la ley que establecerá el nuevo monto para sostener a la policía en la CABA. En 2016, Macri decidió por decreto subir la coparticipación que recibía la Capital del 1,4 al 3,75 por ciento por el traspaso policial. Ante la queja del interior, luego lo bajó al 3,5 por ciento, sin nunca justificar de dónde salía ese cálculo. Apenas asumió Fernández, desde la secretaría de Provincias que encabeza Silvina Batakis abrieron una discusión sobre esa suma que consideraban excesiva, pero la pandemia frenó el debate.
El cálculo que hicieron Batakis y su equipo fue que la suma para sostener a la policía federal traspasada es de 24.500 millones de pesos. Pero, a pedido de los diputados de Córdoba, se resolvió que la ley que votará el Congreso la semana próxima no se coloque esa suma sino que se establezca una mesa de discusión por 60 días en la que participarán representantes de Nación, Ciudad y de la CFI (Comisión Federal de Impuestos), donde están representadas todas las provincias, para acordar un nuevo monto. Pero a los funcionarios porteños tampoco les gustó la salida, dando por hecho que no conseguirán mejoras. La estrategia de Rodríguez Larreta pasa por acudir a la Justicia, donde imagina que le puede tener más suerte.
En el Gobierno nacional avisaban que la judicialización permanente le puede jugar una mala pasada a Rodríguez Larreta. Por un lado, porque la CABA -según sus cálculos- percibió 86 mil millones de pesos de más desde 2016 a esta parte para sostener su policía, suma que la Nación le podría reclamar. Además, tienen en estudio toda una serie de recursos que el gobierno de la Ciudad recibió de manera irregular, de acuerdo a su análisis. Un caso es el del Paseo del Bajo, una obra que costó 700 millones de dólares financiada por el gobierno nacional con préstamos internacionales y venta de tierras. Ese monto, indicaban en la Rosada, es el mismo que costarían las 20 principales obras de infraestructura para desarrollar el norte del país.
Más llamativo todavía es el caso de las 34 escrituras de transferencias de inmuebles que la Nación hizo con la CABA entre noviembre y diciembre del año pasado, luego de la derrota electoral de Macri y antes de la jura de Fernández. El monto aproximado implicado en esas transferencias es de 14 mil millones de pesos y 30 millones de dólares, que la Agencia de Bienes del Estado viene estudiando para hacer el reclamo correspondiente. Y adertían que eran sólo una parte de los problemas que podría tener Rodríguez Larreta si insiste en dirimir todas sus diferencias con la Nación en Tribunales.
