Nada es gratis en la vida, dice el refrán popular. Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cambió de postura y aceptó en sede judicial el planteo de urbanización de la villa Rodrigo Bueno, muchos creyeron que detrás estaba el codiciado y postergado permiso a la empresa IRSA para que pudiera construir un barrio de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, justo al lado del asentamiento. Estaban en lo cierto: el macrismo planteó un trueque entre ambas cuestiones. Sin embargo, cuando el universo parecía confluir en el recinto de la Legislatura en ese sentido, el PRO no consiguió los votos e IRSA se quedó -por tercera vez- con las ganas, mientras la urbanización fue aprobada por amplia mayoría.
Ahora, el Observatorio del Derecho a la Ciudad advierte que el proyecto sancionado para urbanizar la Rodrigo Bueno esconde una triquiñuela que puede poner en tela de juicio aquella victoria legislativa. Si bien en el texto aprobado en primera lectura (la Legislatura requiere doble votación para sancionar una ley) estaba previsto afectar unas tres hectáreas de la Reserva Ecológica Costanera Sur a la construcción de viviendas sociales, un cambio hecho a último momento en el recinto duplicó esa superficie.
A pesar de la insistencia de varias organizaciones, incluyendo al ODC y la Fundación Ciudad, el Gobierno se negó a incluir una cláusula para proteger esa tierra de la futura llegada de especuladores inmobiliarios y evitar así la tan temida gentrificación: el proceso mediante el cual los habitantes de un barrio venden paulatinamente sus hogares a menos valor del que finalmente extraerán los desarrolladores.
Una fuente que participó de esas negociaciones contó a Página/12 que la posición de los funcionarios porteños fue intransigente. “Es así o no hay urbanización”, repetían. Otra importante fuente del macrismo reveló que la dureza estaba estrictamente ligada a la caída del proyecto de IRSA. No podían ser todas malas noticias para los empresarios. Y también ató el avance del proyecto “así como está” a la insistencia de los vecinos que, desconfiados, no soportarían más dilaciones en una demanda de urbanización que comenzó hace 10 años.
La Reserva Ecológica tiene 350 hectáreas y está catalogada como sitio RAMSAR, una elevada categoría de conservación internacional de territorios. A priori, su superficie no debería mermar bajo ningún pretexto. La excepción, en este caso, se fundó en la necesidad de cumplir con el mejoramiento habitacional para los habitantes de la Rodrigo Bueno.
El informe del ODC se pregunta por qué, en cambio, no se decidió avanzar con la expropiación de parte del terreno conocido como la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. “Este predio se encuentra al lado del barrio, pertenece a la empresa IRSA y son 70 hectáreas que se encuentran hace más de 20 años inutilizadas. ¿Por qué se decidió avanzar urbanizando la Reserva y no expropiar terrenos a IRSA? ¿Cuál es la prioridad del Gobierno? ¿La protección ambiental y del espacio verde, o seguir garantizando negocios inmobiliarios a empresarios amigos?.”
El abogado e integrante del ODC, Jonatan Baldiviezo, aclaró que no están en contra de la urbanización de la Villa Rodrigo Bueno, proceso del cual participaron, sino que buscan alertar sobre un “ciclo perverso” que podría llevarse a cabo de acuerdo al texto aprobado. “Las tierras de la Reserva Ecológica son históricamente codiciadas por el mercado, quizá de las más caras del país, y con este proyecto lograron destinar seis hectáreas intangibles ambientalmente para destinarlas a viviendas sociales, sin ningún tipo de protección futura”, dijo Baldiviezo a Página/12.
Es más, el abogado especialista en derecho ambiental recalcó que al tratarse de terrenos públicos, los habitantes de la (futura) re-urbanizada villa Rodrigo Bueno pagarán solamente por su vivienda. “Pero a los desarrolladores eso no les interesa, sino el valor del suelo, que es lo que hasta ahora no podían comprar y que, de no modificarse esta situación, podrán hacerlo en un futuro”, cerró Baldiviezo.
