Autoridades de Paraguay destruyeron pruebas calve relacionadas con la muerte de dos niñas argentinas de 11 años por parte de fuerzas de seguridad en un campamento guerrillero y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos, aseguró la ONG Human Rights Watch.
"El Gobierno de Paraguay debe garantizar una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras", expresó la organización de derechos humanos en un extenso informe publicado en su página web.
El 2 de septiembre de 2020, miembros de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas paraguayas presuntamente mataron a Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba durante un operativo contra un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El hecho ocurrió en un área boscosa unos 360 kilómetros al noreste de Asunción.
Las niñas, que eran primas, nacieron y crecieron en Argentina pero se encontraban en el campamento visitando a sus padres, que son miembros del grupo armado, según el relato de la madre de una de ellas.
Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba fueron asesinadas durante un operativo contra un campamento del grupo armado EPP. Según el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, “hay graves irregularidades en la investigación”.
“El Gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el Gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”.
Poco después del hecho, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se trasladó hasta el campamento y describió el operativo como “exitoso en todos los sentidos”. Aseguró que dos mujeres miembros del EPP habían sido abatidas y que nadie más había muerto.
Sin embargo, un grupo de forenses convocado por HRW elaboró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación en el que encontró una serie de irregularidades.
Entre esas fallas señalan la premura con la que enterraron a las víctimas sin realizar una autopsia, la quema de sus ropas y las afirmaciones de que una de las niñas disparó un arma sin evidencia confiable, entre otras irregularidades.
La destrucción de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”, expresaron Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria internacional que forman parte del Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) convocados por HRW.
Asimismo, el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Paraguay, Pablo Lemir, dijo en una entrevista de radio el 7 de septiembre que las ropas son “fundamentales para el trabajo criminalístico” y deben preservarse conforme al propio protocolo del país.
Cristian Ferreira, el perito forense paraguayo que examinó los cuerpos en el lugar de los hechos, dijo a los medios que “la posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo” de las fuerzas del Estado que atacaban el campamento.
El 15 de septiembre, el Gobierno argentino solicitó que Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a exhumar los cuerpos y realizar una autopsia pero hasta el momento no recibieron la autorización.
El EPP es un grupo armado presuntamente responsable de homicidios y varios secuestros, incluido el secuestro el 9 de septiembre del exvicepresidente Óscar Denis, cuyo paradero aún se desconoce.
