El Tribunal Supremo de España revocó este viernes el régimen de semilibertad concedido por la administración regional catalana a nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por sedición por un fallido intento de secesión en 2017.

En julio pasado, la administración penitenciaria, dependiente en Cataluña del Gobierno regional, controlado por los independentistas, les había otorgado un régimen por el que podían ir a sus casas durante el fin de semana. Ya desde principios de año, es decir pocos meses después de recibir su condena, los dirigentes contaban con un estatus por el que podían salir a diario de la cárcel para trabajar o hacer labores de voluntariado.

La Fiscalía recurrió estas medidas en un juzgado local, que rechazó sus argumentos, y después ante el tribunal sentenciador, que tiene la última palabra al respecto.

Los magistrados consideraron en su decisión anunciada que "se trata de una medida prematura". El tribunal agregó que "es preciso que transcurra un tiempo mayor antes de evaluar adecuadamente la evolución del interno", especialmente cuando se trata de condenas elevadas, de 9 a 13 años de cárcel, de las que ninguno cumplió la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

Los dirigentes separatistas, impulsores de un referéndum de secesión y una declaración de independencia en 2017, fueron condenados en octubre de 2019 a estas penas de cárcel por sedición. Entre los gobernantes, parlamentarios y activistas sentenciados, destaca Oriol Junqueras, condenado a 13 años, líder del partido separatista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exvicepresidente del Ejecutivo regional. El presidente de ese gabinete, Carles Puigdemont, se marchó a Bélgica con algunos compañeros tras la fallida secesión y hasta ahora logró evadir a la Justicia española.

La tentativa separatista de octubre de 2017 marcó el punto máximo de tensión entre el Gobierno español y los dirigentes de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, donde el apoyo independentista creció con fuerza en la última década.

La tensión empezó a apaciguarse en junio de 2018 con la llegada al poder en Madrid del socialista Pedro Sánchez, que ahora cuenta con la formación independentista ERC como socio habitual en el Congreso.

El Ministerio de Justicia está estudiando peticiones de indulto para los presos separatistas, al mismo tiempo que planea una reforma del delito de sedición que podría recortar sus penas.