Con un reparto casi idéntico al de los últimos años, en el que la mayoría de los recursos van para Educación, Salud y Seguridad, la Provincia volverá a tener un presupuesto anual, luego de que en este año el gobierno se haya manejado con una extensión del sancionado en 2019.
Ayer, un equipo de funcionarios encabezado por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, dio detalles a los legisladores acerca de los principales puntos que tendrá el ejercicio del año que viene para el cual se prevén Ingresos Corrientes por $152.590 millones y Gastos Corrientes por $141.996 millones, lo que arroja un resultado económico de 10.594,5.
Si bien se trató de un encuentro vedado para la prensa, se informó que Dib Ashur planteó que el presupuesto es el emergente de una situación de crisis macroeconómica, “razón por la cual las estimaciones de corto y mediano plazo pueden tener cierto grado de variabilidad”, tal como también lo expresa el mensaje que acompaña el proyecto de ley ingresado esta semana en la Legislatura.
También reconoció que se aplicaron en Salta las mismas pautas y lineamientos generales a los establecidos en Nación, cuya dependencia de fondos enviados desde el gobierno central se ubican nuevamente cercanos al 80 por ciento, siendo e mayor aporte el de los $108.877 millones que llegarán de coparticipación. Pero a ese número hay que sumarle fondos correspondientes a planes especiales o en obras de infraestructura específicos. En consecuencia lo que llega desde Nación representa un incremento con respecto a este año de un 41 por ciento.
En tanto, los ingresos tributarios de la provincia se calculan en unos $32.467.557.148, de los cuales el 90% proviene del impuesto a las actividades económicas, más conocida como Ingresos Brutos.
Una de las “ventajas” que tiene un presupuesto inmediato a una grave crisis económica como la que se dio este año, es que porcentualmente se registran enormes crecimientos, tal como sucederá con la obra pública, que los $12.534.379.253 previstos para 2021 en ese rubro, representan un 200% de incremento, ya que en estos 12 meses, parate por pandemia mediante, se registró una drástica caída de inversión que se ubicó por encima de los 3 mil millones de pesos.
Dicha cifra crece a $13.057 millones si se incluyen las obras que se llevarán a cabo a través entidades que no consolidan presupuestariamente, como, por ejemplo, los $103.210.313 que ejecutará la agencia de minería REMSa SA o los $380.000.000 previstos en trabajos de la sociedad anónima estatal Compañía Salteña de Agua y Saneamiento SA (Aguas del Norte).
El 65% por ciento de los ingresos ($90.829.942.914) son destinados para el pago de los salarios estatales, tanto de los 60 mil empleados de planta permanente y transitoria, como de los que trabajan en organismos autárquicos y sociedades del estado.
De ahí que no es extraño que Educación sea el ministerio más beneficiado en la distribución de los fondos, con $48.000 millones, debido a que tiene a su cargo el plantel docente, mantenimiento y administrativo de escuelas y colegios.
Algo similar sucede con Salud, que recibirá unos $27.000 millones, que en parte representan los sueldos de personal médico y sanitario.
Finalmente, Seguridad manejará $20.000 millones con los que debe cubrir los salarios de los más de 11 mil efectivos de la policía que tiene la provincia.
Según se indica en el informe brindado por el Senado, Dib Ashur advirtió que “la deuda provincial entre diciembre de 2019 y setiembre de 2020 pasó de US$ 615 millones a US$ 594 millones, habiéndose reestructurado la parte en moneda nacional de $1.375 millones del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y de $4.437 millones del Fondo de Garantía Sustentable de ANSeS”.
También subrayan que el ministro señaló que se avanzó en la reestructuración de la parte en moneda extranjera que prevé vencimientos por U$S 31,9 millones en 2021; U$S 148,6 millones en 2022; U$S 138 millones en 2023 y U$S 127 millones en 2024.
En julio, cuando el titular de Economía fue a solicitar autorización para encarar la renegociación de la deuda, había indicado que el año que viene la cifra a pagar era de 102 millones de dólares, en 2022 subía a 194 millones de dólares, en 2023 la deuda en billetes norteamericanos se reducía a 176 millones, y en 2024 bajaba a 136 millones. Número muy por encima de los que habría señalado ayer.
En tanto, en el proyecto de ley del presupuesto se consigna que en concepto de “servicio de la Deuda”, para el Ejercicio 2021 “se prevé atender el pago de intereses por $4.850.944.702 y cancelar deuda de capital por $6.177.589.546, cumpliendo de esta manera en término los vencimientos que ocurrirán en el ejercicio”.
Crecimiento del 5,5
En el mensaje del proyecto se indica que para el Ejercicio 2021 “se está partiendo de las bases plasmadas en el proyecto de presupuesto de nuestra Nación para el próximo año, donde se estima que el PIB año 2020 tendrá una disminución del 12,1%. Considerando el PIB año 2020 atípico, influenciado fuertemente por la pandemia, se espera que en el año 2021 tenga una variación interanual positiva del 5,5%, y que en 2022 y 2023 crezca en un 4,5% y 3,5% respectivamente”.
Luego describe que esa recuperación de más de 5 puntos se dará por la recuperación de los distintos componentes de la demanda agregada, entre los que detalla que el consumo privado crecerá en 2021 un 5,5%, el consumo público un 2%, la inversión un 18,1%, las exportaciones un 10,2% y las importaciones un 16,3%.
Por otro lado la inflación estimada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a diciembre de cada año será de un 32% en 2020, 29% en 2021, 24% en 2022 y 20% en 2023.
Por último, se destacó que los recursos que se girarán a los 60 municipios serán equivalentes a $15.808.280.890. De ellos $13.330.790.984 son en concepto de coparticipación. El más beneficiado en el reparto es el municipio Capital, que recibirá alrededor de 4 mil millones.
Ahora comenzará el trabajo de análisis de la comisión bicameral de senadores y diputados, la que seguramente citará a los funcionarios de cada área. En principio, se estableció que la Cámara Baja tratará el proyecto el martes 15, mientras que el Senado lo hara el jueves 17.