La provincia de Santa Fe afronta un período que pondrá a prueba su fortaleza institucional. Decisiones políticas que repercutirán sobre los tres poderes del Estado, y en niveles superiores. No se trata ya de empleados judiciales de poca monta, policías de escaso rango ni asesores o administrativos de las diferentes cámaras o del Poder Ejecutivo. La ampliación de la declaración de Gustavo Ponce Asahad hace 48 horas, obra como catalizador que precipitará situaciones soterradas hasta el momento. Ya era extremadamente grave que dos fiscales --el citado Ponce y el superior jerárquico Patricio Serjal --estuvieran involucrados en una trama de juego clandestino, ramificación de actividades mafiosas que exceden el terreno de las apuestas. Más grave aún es que en la confesión del fiscal --que fue trasladado a un lugar que no depende del Servicio Penitenciario-- y que va a tramitar su excarcelación en los próximos días, haya involucrado al menos a un senador y a dirigentes de diferentes partidos con responsabilidades ejecutivas y legislativas, según la época del relato. Los nombres permanecen en secreto porque los fiscales --que remitieron copia de la declaración de Ponce a la Corte Suprema y a ambas cámaras legislativas-- no quieren quedar expuestos frente a quienes pueden "sacarlos de la cancha", ya que son esos cuerpos los que juzgan su conducta. Y hasta acá, el trabajo tanto de Matías Edery como de Luis Schiappa Pietra es irreprochable. Es cuestión de horas, o días, que todo el entramado tome estado publico.

Desde la Casa Gris se sigue con atención la evolución de los acontecimientos que ofrecen escenarios diferentes y simultáneos, pero que a la vez responden a un mismo patrón. Una alta fuente del gobierno no escinde las derivaciones judiciales de la reciente "aprobación express" de algunas leyes, a partir de una mayoría conformada por un sector de senadores peronistas, que lidera Armando Traferri y del Frente Progresista, en la cámara alta, y con la mayoría que lidera Miguel Lifschitz en la Cámara de Diputados. 

Al mismo tiempo, el relevo del Jefe de la Policía de Rosario "por haber mantenido reuniones con dos dirigentes del peronismo que tuvieron participación en la gestión provincial hace quince años". Esa fue la explicación desde el Ministerio de Seguridad, donde se ocuparon de aclarar que no hay imputaciones delictivas sobre Acosta sino que se trató de una desobediencia de órdenes precisas, al punto que será trasladado y no dado de baja. 

La decisión se toma sin atenuantes, ya que su paso por la jefatura de Rosario tampoco dio buenos resultados en cuanto al combate contra el delito y la inseguridad. "Las órdenes las dan el ministro Marcelo Sain y el gobernador Omar Perotti, y fueron claras desde el principio; no hay razón para hablar con ningún dirigente político, salvo que se trate de un tema puntal, como podría presentarse con un intendente, por ejemplo y se de aviso a los superiores ante esa posibilidad", dijo a Rosario/12 la fuente, que sostuvo que "más que actividad partidaria, son ex-dirigentes con muchas relaciones y llegada a determinados grupos de poder, incluidos medios de comunicación". 

Habrá que ver cómo avanza la justicia, ya que la lógica indica que los aludidos en la declaración del fiscal removido debería ser citados a declarar. Si es o son legisladores en funciones, la provincia de Santa Fe es una de las dos provincias argentinas que requieren el desafuero para que un legislador sea llevado a declarar, incluso por la fuerza en el caso de ser necesario. 

Pero como ocurrió en innumerables casos en otras provincias y a nivel nacional, puede el legislador allanarse y concurrir a tribunales. No parece en principio un escenario inmediato. Pero si surge el requerimiento de los fiscales, las cámaras deban abocarse a tratar el o los desafueros de los legisladores que deberían comparecer. Es en ese punto donde se medirán las conductas de los integrantes de los cuerpos, y probablemente se verificará o de desacreditará lo que sostiene desde hace tiempo Sain en torno al "poder transversal que integran desde sectores del peronismo y el Frente Progresista".

Especial atención merecerá la posición que adopte la ex-jueza Alejandra Rodenas, cuyo alineamiento interno en PJ la ubica en el sector de uno de los mencionados por Ponce Asahad, que en su momento acordó con Perotti nada menos que para integrar la fórmula que transformó en la vicegobernadora hace ya un año.