Para el exvicepresidente Amado Boudou, el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a 5 años de prisión en la causa por la calcográfica Ciccone es "otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina", que carece de "justificación o un por qué", según sostuvo este domingo en declaraciones radiales.
"No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es 'no queremos opinar'; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé", expresó el exministro de Economía sobre las razonas del fallo del alto tribunal, que el viernes último rechazó el recurso presentado por su defensa.
Con su decisión, opinó el ex funcionario, el máximo tribunal del país eligió no tener en cuenta "dos opiniones muy importantes en términos técnicos", que son las de Eugenio Raúl Zaffaroni "explicando por qué no había delito" y la de "Julio Maier sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido".
"Sabemos que el poder más desprestigiado de todos es el Poder Judicial, por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora. Todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión", remarcó Boudou en radio Rivadavia.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la causa de los cuadernos en la que "los testigos o imputados si declaraban en contra de Cristina Fernández de Kirchner se iban a su casa".
El expresidente "Mauricio Macri y (los exministros) Germán Garavano y Patricia Bullrich tenían armado un sistema criminal. A uno de los imputados le pagaron con un hotel para que cambiara dos declaraciones anteriores; eso es el Poder Judicial también", graficó.
El caso
Boudou y los demás imputados -- José María Nuñez Carmona; el exdueño de la imprenta, Nicolas Ciccone; el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele; el exfuncionario de la AFIP, Rafael Bresnick Brenner; y el exjefe de gabinete de Economía, Guido Forcieri-- habían apelado ante la Corte por sus respectivas condenas. Sin embargo, días atrás, el máximo tribunal declaró "inadmisible" el recurso presentado por el exministro de Economía y dejó así firme su condena vinculada a la calcográfica Ciccone.
En el caso concreto de Boudou se le impusieron cinco años y diez meses por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo. Este último delito fue el decisivo: los jueces sostuvieron, que para rescatar la imprenta, que estaba quebrada, Boudou recibió como coima el 70% de las acciones de la calcográfica.
Como ocurrió en otros casos de lawfare, no hay ninguna evidencia de que Boudou se haya quedado con acciones, al punto que la imprenta fue manejada por ejecutivos vinculados al Banco Macro, que conducía el fallecido Jorge Brito --gerente general Máximo Lanusse y gerente de personal, Francisco Sgera, ambos exMacro--, mientras que el dinero con el que se rescató a Ciccone fue aportado por Brito y por el financista Raúl Moneta.
Según explicó Boudou este domingo, él fue involucrado en el caso de Ciccone, "que fue la compra de un grupo empresario a otro", aunque no tuvo "nada que ver", aseguró, hecho que "consta en el expediente". Además, remarcó que la imprenta "finalmente terminó en manos del Estado", una condición que Boudou aseguró haber defendido siempre.
"Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha", declaró el exfuncionario. "Cuando hay una sentencia de 900 páginas es porque muy bien no se puede explicar", subrayó.
Según adelantó, "de ninguna forma va a suceder" su retiro de la política, pese a las adversidades judiciales aún cuando en el expediente que lo tiene condenado "no hay una sola prueba" en su contra.
En la entrevista, apuntó también contra el juez Pablo Bertuzzi, trasladado por el Gobierno de Macri a la Cámara Federal, donde desde el Tribunal Oral Federal 4 condenó y detuvo a Boudou. El exvicepresidente insistió con que Bertuzzi fue "premiado" con ese cargo por haber ordenado su detención y haber sentenciado en su contra.
"Estoy convencido que la política no es tener un cargo público, la política es poder decir la verdad, es poder decir cosas para la Argentina, compartirlo con compañeras y compañeros", reflexionó.
Y agregó: "Esto de que la política es un juego de vanidades, es para muy poquitos. La construcción política es otra cosa y yo voy a seguir pensando y actuando con la misma fuerza y con la misma alegría de defender la causa popular porque el mundo es demasiado desigual y demasiado injusto para que uno se caiga por un tema personal".
Solicitada "Con lawfare no hay democracia"
Este domingo, juristas, representantes de organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos y sindicales publicaron una solicitada en respaldo a Amado Boudou en la que advirtieron que "la persecución política y el lawfare como los que sufrió y sufre" el exvicepresidente "atentan contra un Estado de Derecho".
La carta de apoyo a Boudou, titulada "Con Lawfare no hay democracia", lleva la firma de dirigentes de todo el país como el exministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; y sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso.
También adhieren organizaciones como La Cámpora, Curas de la Opción por los Pobres, la Asociación de Personal Legislativo (APL) y los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón) y Mario Secco (Ensenada), entre otros.
La solicitada también está firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, y legisladores y dirigentes como Carlos Heller, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Paula Penacca.
"Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales", señala el primer párrafo de la solicitada.
El fallo de la Corte "sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión", remarcan los firmantes, "pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados".
La persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Amado Boudou por "recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores", señalan, "atenta contra un Estado de Derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas".
Este viernes, el exvicepresidente también fue apoyado públicamente por dirigentes del oficialismo --el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros-- y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un "abrazo solidario" al Palacio de Justicia.
