La Fiscalía General de Polonia y el ministro de Justicia del país, Zbigniew Ziobro, solicitaron al Tribunal Constitucional que declare ilegales las actividades del Partido Comunista porque, acusan, incita a la revolución en su carta de principios. De esta forma, siguen los recortes a las libertades llevados adelante por el gobierno de ultraderecha del presidente Andrzej Duda.
Según el comunicado emitido por las autoridades, "los objetivos y la actividad del Partido Comunista de Polonia deben declararse inconstitucionales, y su funcionamiento debe terminar", debido a "la incompatibilidad" de los objetivos de ese partido político con la Constitución de la República de Polonia.
En marzo de 2018, un grupo afín al gobierno de Polonia planteó llevar a juicio a este diario por una nota sobre el Holocausto, provocando un rechazo mundial a esa actitud contra Página/12.
En esa ocasión, la Liga Polaca contra la Difamación - montada con el motivo alegado de evitar supuestas ofensas contra Polonia- aprovechó una ley polaca que recién había entrado en vigor para convertir a este diario en su primer blanco al anunciar que buscaría llevar a juicio a PáginaI12 y al psiquiatra y psicoanalista Federico Pavlovsky, autor de una contratapa sobre la masacre de Jedwabne, donde 1600 judíos polacos murieron en 1941 a manos de polacos antisemitas.
El Partido Comunista de Polonia fue creado en 2002 y se considera el sucesor del histórico Partido Comunista que existió en el país desde 1918 hasta 1938.
De acuerdo con la Fiscalía, el Partido Comunista propone, tanto en el programa como en sus actividades, métodos totalitarios y comunistas, que son contrarios al artículo 13 de la Carta Magna polaca.
"El análisis realizado por la Fiscalía General reveló que sus miembros llaman abiertamente a una revolución, inspirada en la Revolución de Octubre en Rusia, tras la cual los bolcheviques tomaron el poder", añade el mensaje.
La Fiscalía agrega que el Partido tiene el propósito "no solo de tomar el poder, sino también de realizar de manera forzada la nacionalización y la colectivización".
La solicitud para proscribir al Partido Comunista se suma a los numerosos recortes de libertades perpetrados por el Gobierno de ultraderecha de Andrzej Duda, quien logró su reelección en julio por una ajustada diferencia.
A fines de agosto, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la interrupción voluntaria del embarazo debida a malformaciones fetales graves, una medida también impulsada por el Gobierno de Duda.
La decisión de la justicia provocó masivas movilizaciones de mujeres en las calles de Varsovia. El Gobierno polaco ordenó la intervención del Ejército que reprimió la protesta y detuvo a manifestantes.
Según el ministro del Interior, Mariusz Kaminski, los detenidos pertenecían a "grupos organizados entrenados para la lucha callejera y vinculados a matones de ultraizquierda", sentando un precedente para la medida puesta en marcha ahora contra el Partido Comunista.
