Human Rights Watch (HRW) publicó un informe donde reveló graves negligencias en la investigación que llevó a cabo el Estado paraguayo respecto a la muerte de dos niñas argentinas durante un operativo del Ejército en septiembre pasado. El organismo indicó que hubo irregularidades en cuestiones claves: quemaron pruebas y enterraron los cuerpos en tiempo récord; aplicaron erróneamente un protocolo contra la covid-19; e impidieron a los familiares acceder a la investigación. Además HRW cuestionó las pericias que presentó la Justicia paraguaya para sostener que una de las niñas había efectuado disparados. “No es posible que fuerzas del Estado maten a dos niñas y no haya una investigación adecuada”, dijo a PáginaI12 César Muñoz, Investigador Senior de HRW. Además este organismo, junto a la familia de las víctimas, piden que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice nuevas pericias.
Graves irregularidades
Maria Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años, son las niñas que fueron baleadas durante el operativo que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), formada por militares y policías. Los altos mandos de esta fuerzas habían dicho que llevaban meses de inteligencia para dar con la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los encontraron en Yby Yaú, una área boscosa ubicada al nordeste del país. El 2 de septiembre el FTC emboscó el campamento del EPP. A las pocas horas, el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez viajó al lugar. Dijo que el operativo había sido exitoso y que dos miembros del grupo armado habían sido abatidos. Se estaba refiriendo a las dos nenas. Familiares de las menores dijeron que habían viajado a Paraguay desde Misiones meses atrás para conocer a sus padres, miembros del EPP.
A partir de ese momento comenzó un accionar judicial, militar y gubernamental que es duramente criticado por HRW en su último informe. “Graves irregularidades en la investigación de muertes de niñas argentinas”, se titula el estudio. El organismo internacional, formado por más de 400 profesionales alrededor del mundo, señaló la gravedad de que los militares hayan destruido evidencia crucial, como la ropa de las menores. Tambíen que ordenaran el entierro de los cuerpos a las pocas horas de su muerte. "Viola la investigación criminal más básica y fundamental, además de principios forenses" indica el informe.
Los militares paraguayos justificaron estas medidas apelando a un protocolo contra el covid-19 emitido por el ministerio de Salud. Sin embargo, HRW indicó que este no aplicaba para un caso así. “En casos de muerte violenta se debe emplear el protocolo de medicina forense del Ministerio Público. E incluso si las autoridades aplicaron erróneamente el protocolo del ministerio, este no ordena el entierro inmediato ni la destrucción de la ropa de fallecidos”, sostiene el informe de HRW.
Falta de transparencia
Otro crítica realizada por HRW fue hacia los testeos empleados por la justicia paraguaya para llegar a la conclusión de que una de las niñas había efectuado disparos antes de morir. Las autoridades locales usaron pruebas de parafina que dieron positivo el hallazgo de residuos de disparos. Pero los expertos del organismo de Derechos Humanos afirmaron que estas pruebas “no son confiables” y que “su valor es marginal en el mejor de los casos”.”Varias sustancias pueden producir un resultado positivo, incluyendo frijoles, lentejas y otras plantas leguminosas, orina, fertilizante, tabaco, esmalte de uñas, jabón e incluso agua del grifo”, sostuvieron los expertos. Además indicaron que los tests de parafina no se aceptan desde 1959 en Estados Unidos o la Unión Europea.
Otro punto cuestionado por el organismo tiene que ver con el cálculo de la distancia de los disparos que recibieron las niñas. El primer médico forense en ver los cuerpos, Christian Ferreira, había dicho que era de entre diez y veinte metros. Para los expertos forenses de HRW tener la ropa de las menores hubiera sido fundamental para saber si los disparos habían sido a corta distancia. Sin embargo, indicaron que no se pueden realizar determinaciones para heridas de bala que excedan el metro de distancia. “Las balas disparadas desde 1,5 , 50 o 150 metros producen heridas de entrada con apariencia idéntica”, sostuvo el organismo de DDHH.
La familia de las niñas denuncian que el ejército paraguayó las secuestró y torturó, antes de asesinarlas. También informaron que su abogada no pudo participar en el último exámen forense. Para Muñoz esto representa una violación al debido proceso. “No se cumplieron pactos internacionales a los que adhiere el gobierno paraguayo, ni el Protocolo de Minnesota sobre muertes ilícitas. Al cónsul argentino tampoco lo dejaron entrar en la última exhumación”, indicó el investigador. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW señaló que el gobierno de Abdo Benítez debe aceptar que intervenga el EAAF. “Ellos y los familiares de las víctimas deben tener pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, sostuvo Vivanco.
