Vecinos de la calle Corrientes en la capital, solicitaron al Concejo Deliberante de Salta que se haga cumplir el artículo 114 del Código Contravencional (Ley 7135), que prevé “sanción con arresto de hasta 20 días o multa equivalente a las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público”.
El pedido fue incluido en el temario de la sesión del 25 de noviembre, con un dictamen que aconsejaba sancionar una declaración solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que de efectivo cumplimiento a ese artículo.
Fue el propio autor del proyecto, el concejal Fernando Ruarte (Frente de Todos), que preside la comisión de Derechos Humanos, quien propuso la vuelta a comisión, sin dar mayores explicaciones.
Sus pares, Frida Fonseca (Salta tiene Futuro) y Andrés Gauffin (Cambiemos) argumentaron entonces las razones por las que no se podía solicitar al Ejecutivo provincial el cumplimiento de esa ley.
“Estamos hablando de situaciones de trabajo en la calle, de personas muy vulnerables. Muchas de ellas ejercen la prostitución y están en una situación crítica”, dijo Fonseca.
Agregó que “sin desconocer el derecho y la preocupación de los vecinos de la zona, que es absolutamente justificado, creo que hay que trabajar soluciones de inclusión social para estos sectores y que no se puede por ahí acompañar medidas que tiendan a un viso de restricción o excesivo contralor si no se plantean por otro lado medidas que avancen en inclusión social para las personas en situación de prostitución. Acompaño la vuelta a comisión, es un tema que hay trabajarlo, tratarlo con mucho compromiso”.
El concejal José Gauffín dijo que acompañaba la vuelta a comisión, “en la convicción de que la única forma de resolver estos conflictos en el espacio público es el diálogo; una situación de conflicto no se corrige por la fuerza, debe primar el diálogo. Los vecinos tienen el derecho de vivir en un ambiente más tranquilo y hay que reconocer la situación de vulnerabilidad que tienen muchas mujeres”.
El tema no entró de nuevo en la agenda de fin de año del Concejo Deliberante y muy probablemente quede postergado para mucho más adelante.
Esta es además la percepción que tienen los vecinos de la zona, donde, a pesar de las prohibiciones, la oferta sexual es permanente, con todas las derivaciones que ello supone: el ejercicio en el lugar, las perturbaciones que se suscitan con el abordaje de los clientes y los desacuerdos en la transacción con un cuadro de conflicto permanente que ya no reconoce horarios, lo que termina limitando el uso del espacio público de los residentes de la zona y entorpeciendo también el descanso.
El testimonio de Ana Lía, que vive en Lavalle y San Juan, en la zona del Parque San Martín y el Hogar Escuela, es una muestra del desánimo que impera en los vecinos que se ven afectados por el ejercicio callejero de la prostitución.
“Tenemos la prostitución desde el mediodía en adelante. Temprano están las chicas re jovencitas, a esto lo he comentado por todos lados; ¿cómo puede ser que nadie vea esto, son chicas de 12 o 14 años que empiezan a dar vueltas y más chicas también”, advirtió.
Dijo que “ ya a la noche el problema son los travestis”. Pero advirtió: “no es que el problema sean los travestis, el problema es el lugar donde se ponen. No tienen un lugar dónde estar, porque creo que derechos tenemos todos. No es que yo vaya en contra de, sino que simplemente no es el lugar”.
“Llevamos años, nadie nos escucha, parece que acá los únicos que tienen derechos son ellas ¿y nosotros ?, bien, gracias. Nosotros somos los que contribuimos, pagamos los impuestos como zona 1, pero no nos dan respuesta”.
Consideró que sucede algo que no tiene lógica, porque están los juegos infantiles cerca, "la gente en esta época sale porque está más lindo el clima, y a los pocos metros hay oferta sexual.”
Ana Lía hizo un especial reconocimiento al personal de la Comisaría novena, porque son los únicos que intervienen cuando los llaman, con todas las limitaciones del caso, porque explicaron que pueden dispersar, pero no detener a nadie y además por la pandemia hay menos personal.
La vecina reconocoió que no se trata de un problema policial, pero pidió respeto y sin esperanzas requirió que alguna autoridad intervenga, porque “tenemos derecho a vivir tranquilos”.
El artículo 144 del Código Contravencional, que sanciona con multa y arresto de hasta 20 días a quien ofrece o demanda servicios de carácter sexual por dinero en la vía pública, tiene un párrafo que expresa: “En los supuestos que los Municipios, habilitaren espacios públicos para la práctica de la conducta descripta precedentemente, queda sin efecto la contravención”.
Ese párrafo deja a los municipios la facultad de crear una zona roja, opción que difícilmente alguna comuna vaya a tomar como alternativa de solución.
En este punto, Ana Lía dijo que "eso sería una forma más adecuada, inclusive para la trata de personas, sería mucho más visible y mucho más controlado, pero Salta es una sociedad muy cerrada”.
Normas municipales
Pasaron 85 años para que el Concejo Deliberante derogue la ordenanza 140, que regulaba el ejercicio de la prostitución en la capital, cuyo artículo primero establecía “Tolerase el ejercicio de la prostitución en locales especiales del Municipio siempre que estos reúnan las condiciones establecidas por la presente ordenanza…”
Son 128 artículos reveladores de la dimensión del problema de entonces, aspecto que hasta hoy no ha variado, y del formato de solución que se encontró para abordar un tema que actualmente, bajo una perspectiva totalmente diferente en materia de derechos humanos, confronta teorías y enfoques éticos y normativos.
La derogada ordenanza 140, que puede constituir hoy rico material de estudio para la sociología y la antropología, tiene 9 títulos: De las prostitutas, De la inscripción, De las casas de tolerancia, De las regentes, De la inspección facultativa, De los concurrentes a las casas de tolerancia, De la prostituta clandestina, Disposiciones punitivas y Disposiciones Generales.
En 2012, la ordenanza 14.370 derogó aquella de 1927 y en su concepción general tiene por objeto promover y contribuir, desde el ámbito municipal, a la lucha contra la Trata y el tráfico de personas y la explotación sexual en toda sus manifestaciones. Además, prohíbe expresamente la habilitación de prostíbulos, casas de citas, cabarets y whiskerías.