Se levantó la protesta de las comunidades originarias 

Los habitantes originarios del Chaco salteño que participaron de la denominada Marcha Histórica abandonaron ayer el Hogar Escuela en la ciudad de Salta y emprendieron el regreso a sus comunidades. Llevan la promesa por escrito del gobierno provincial de atender sus reclamos detallados en 21 puntos, referidos, entre otros aspectos, a acceso a agua segura, salud, educación, territorio, viviendas y respeto por su cultura. 

También llevan la "alegría", en palabras del referente Gervasio Barbier, de haber logrado la unidad de 36 comunidades repartidas en los departamentos Rivadavia, General San Martín y Orán, reunidas en la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), y de haber logrado, por primera vez en la historia de esta provincia multicutural, que casi todo el gabinete de gobierno los reciba en una Mesa de Diálogo Intercultural que tuvo sus bemoles, pero se concretó. Los referentes evaluaron muy bien a la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, y muy mal, al secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz. Anoche mismo se enojaron con él por la larga espera, al costado de la ruta, que estaban soportando los integrantes de Misión Chaqueña cuando intentaban volver a su comunidad. 

Entre otros compromisos, los manifestantes se fueron con la promesa escrita de que el presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo, visitará el pueblo de Santa Victoria Este, donde hay una gran mayoría de comunidades originarias, el próximo 11 de este mes, para conversar sobre la "cuestión habitacional". En la respuesta escrita que dio el gobierno a los peticiones, propuso "conformar un equipo de trabajo intercultural a fin de desarrollar proyectos de prototipos de viviendas adecuadas al desarrollo y necesidades de cada comunidad" e indicó que inició un "diálogo con Nación para un programa de viviendas en la región". También se prevé que haya reuniones con la ministra de Desarrollo Social el 16.

La Provincia se comprometió también a elaborar un proyecto de ley para la incorporación de facilitadores interculturales bilingües en todos los organismos del Estado, en respuesta al reclamo de que se respeten los derechos y la diferencia cultural de los pueblos originarios. 

Asimismo, se comprometió a avanzar con la mejora de los anillos en la zona inundable de Santa Victoria Este. El gobierno informó que en estos momentos una retroexcavadora anfibia está en la zona de Misión La Paz "rectificando el curso y eliminando islas". Además, un equipo de máquinas trabajarán en Vertiente, San Luis, Las Golondrinas y Padre Coll, y luego será mantenido en la zona "durante toda la época estival, a fin de solucionar cualquier inconveniente que pudiese surgir por las lluvias". La Secretaría de Recursos Hídricos trabajará hasta marzo venidero en la construcción y reparación de defensas y encauzamientos del Pilcomayo, además de otras obras para tratar de que las aguas no se desborden.   

Barbier destacó que si bien no pudieron reunirse con los responsables de algunas áreas de gobierno, llevan el compromiso por escrito que les entregó la Provincia con la firma del subsecretario de Asuntos Indígenas, José Campos Bertoldi, en el que se responde a cada uno de los pedidos, en algunos casos enumerando obras que se estarían llevando a cabo y en otros, expresando proyectos. 

Muchas de esas respuestas remiten al trabajo que Provincia y Nación debe llevar a cabo para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó la entrega del título comunitario sobre 400 mil hectáreas de los ex lotes fiscales 55 y 14 y que se hagan obras para mejorar la calidad de vida y de reparación de la afectación que la inacción estatal provocó en los pueblos originarios que habitan ancestralmente este territorio. 

El problema del agua 

Los manifestantes pidieron que se construyan pozos para 13 comunidades, que desde el verano pasado están abasteciéndose con el agua que les lleva el Ejército. 

El Ministerio de Infraestructura respondió que se está abordando esta cuestión con "3 criterios diferentes". Para atender la urgencia estival, el abastecimiento con 4 camiones cisterna de la provincia además de los del Ejército, y se comprometió a gestionar la compra de esos 4 camiones "para asistir permanentemente la región". También informó que trabaja en "la recuperación del Programa de Asistencia Técnica a Localidades Aisladas (ATLAS)" para que ponga en condiciones los pozos que no funcionan, dado que del total de 53 que hay en la zona, solo 29 están operativos. 

Por otro lado, detalló obras ya en ejecución y otras proyectadas. Son de mejoramiento o provisión de agua para las comunidades Misión Las Golondinas, Santa María, Misión Chaqueña, Santa Victoria, El Bordo, Tres Pozos, La Puntana, La Puntana Nueva, La Puntana Grande, La Curvita, Monte Carmelo, Alto La Sierra, Misión La Paz, El Pelícano y en la zona de Embarcación. Siete de los pozos se construirán con aportes de la Nación a través del convenio Bosques Nativos. 

Como tercer punto, Infraestructura detalló que con el fin de buscar una solución a la problemática del agua, trabaja con la Nación en un anteproyecto de manejo de cuenca y reservorios de agua, ya en el marco del Plan Maestro de Solución de Acceso al Agua, para cumplir con el fallo de la CorteIDH. 

Desmontes y desalojos 

Las comunidades también pidieron que se cumpla con la ley 26.160, y denunciaron que "hay graves situaciones de violación de Derechos Humanos, desalojos violentos y falta de título de propiedad de la tierra que necesita urgente solución y apoyo jurídico" y solicitaron al gobierno salteño que trabaje articuladamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se sancione una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, y que se controlen y paralicen los desmontes ilegales, y que haya controles para eliminar la contaminación de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

La Provincia respondió recordando que Asuntos Indígenas acompañó a las comunidades El Algarrobal y Honat Le les en los conflictos territoriales que afrontan. Añadió que firmó un convenio con el INAI para concluir las carpetas de los relevamientos técnicos y que pidió la prórroga de la ley 26.160, que vence en noviembre de 2021. Sobre los desmontes ilegales, aseguró que "lleva adelante constantes acciones de control y monitoreo en la zona de los ex lotes Fiscales 55 y 14", y recordó que el gobiernó está obligado a hacer este control por el fallo de la CorteIDH. De la contaminación de los ríos no dijo nada. 

Las comunidades reclamaron además que se mejore el acceso a la salud pública. La Provincia indicó que el ministro de Salud, Juan José Esteban, "se comprometió a analizar" el envió de 10 ambulancias, que mensualmente lleguen a los puestos sanitarios o centros de salud de las comunidades equipos de especialistas, así como la compra de equipamiento para los centros de salud de San Luis, Las Vertientes Chica, la cobertura de médicos y enfermeros y realizar una evaluación del estado nutricional de las comunidades de Santa Victora y Alto La Sierra. 

Entre los 21 puntos, también se reclamaba un fondo de reparación histórica para los pueblos originarios. Para responder la Provincia volvió otra vez al fallo de la CorteIDH, dictado en febrero pasado en una acción seguida por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. Esa sentencia establece un Fondo de Desarrollo Comunitario para la cultura indígena, "para reparar el daño a la identidad cultural, y considerando también como compensación del daño material e inmaterial sufrido", la Provincia señaló que este fondo será usado en "acciones dirigidas a la recuperación de la cultura indígena".