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Frente al debate planteado por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la fundación protestante “Hora de obrar”, una iniciativa de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), dio a conocer un “alegato público” que, tras plantear una serie de reflexiones sobre la defensa de la vida, las cuestiones de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos, expresa su respaldo a “la promulgación de una ley que despenalice las prácticas de aborto consentido, dentro de un límite de tiempo hasta de 14 semanas de gestación, que garantice su carácter gratuito, su realización en instituciones públicas, y que contemple un programa previo de contención que ofrezca --sin ejercer coacción sobre la conciencia y la libertad individual-- distintas posibilidades para evitar el aborto, en caso que la mujer así lo considere”. En el mismo sentido se dice que “la interrupción voluntaria de un embarazo es un drama humano al que la salud pública tiene la responsabilidad de darle una respuesta para evitar la clandestinidad y la muerte, y garantizar la maternidad deseada”.
El documento lleva la firma del pastor Peter Rochón y de María Esther Norval, presidente y secretaria de la organización protestante y del pastor Jorge Weishein, co-coordinador Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la misma institución. Se presenta como “un insumo para el conocimiento y la deliberación pública en Argentina sobre los aspectos centrales en debate en el campo ecuménico protestante en relación a la interrupción voluntaria del embarazo” y como una forma de “aportar elementos para una reflexión teológico pastoral en diálogo con las distintas realidades, comunidades y comprensiones del tema”.
En su parte propositiva, el “alegato” también apoya “la promoción y puesta en marcha de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) para profundizar la escucha activa de las personas en sus necesidades e identidades, garantizar el acceso pleno y efectivo a derechos fundamentales para una vida digna y evitar un abordaje punitivo que profundice las violencias estructurales existentes”. Requiere a su vez “el acceso gratuito universal efectivo a métodos anticonceptivos conforme lo prevé el Programa Nacional De Salud Sexual Y Procreación Responsable (Ley 25.673) y al asesoramiento profesional en el sistema sanitario público para garantizar relaciones afectivas consentidas, placenteras y responsables, y maternidades deseadas, plenas y seguras”.
Los firmantes consideran que el debate público y multidisciplinario sobre la interrupción voluntaria del embarazo “está planteado de forma binaria entre quienes están a favor o en contra del proyecto de ley, entre quienes defienden la vida desde la concepción como un derecho humano y quienes defienden la autonomía de las mujeres como sujetos de derecho, y en ambas posiciones participan amplios sectores religiosos, entre ellos, diversos espacios cristianos”
Entre otras consideraciones y basándose en argumentos bíblicos, los protestantes afirman que “la maternidad y la familia, al ser proyectos que honran profundamente la vida creada, deben ser el resultado de decisiones autónomas y libres, que no pueden estar sujetas a coerciones de ninguna índole”. Y agregan que “ninguna persona debe ser privada del derecho al placer sexual, ni tampoco del derecho a decidir cuándo, cómo y con quién sostener una relación afectiva, así como del derecho a decidir si quiere ser madre y, en tal caso, cuántas veces”.
Los protestantes denuncian “el pecado estructural que en nuestra sociedad se manifiesta históricamente en una violenta desigualdad de género que desconoce a la mujer como persona plena”.
Sobre la objeción de conciencia sostienen que “es un derecho que protege a las personas víctimas del abuso de poder y nunca un recurso para violentar los derechos humanos de personas vulneradas por parte de agentes públicos de salud, de educación, de justicia, o cualquiera sea el servicio público contemplado por el estado de derecho, y ya sea que estas personas se desempeñen en organismos del Estado, ya sea que se desempeñen en el ámbito privado”. Señalan al mismo tiempo que “la práctica de la objeción de conciencia en el ámbito privado confesional constituye una práctica de acepción de personas que pone en cuestión los fundamentos del propio ideario religioso”.
En el mismo documento se afirma que “cuando muere una mujer por causa de un aborto clandestino podemos decir que ella ha sido víctima de toda una serie de violencias: es violentada por un varón tras ser abusada y violada en una relación sexual, es violentada al ser abusada por profesionales objetores de conciencia que le niegan la asistencia en los sistemas públicos de salud, es violentada al ser condenada moralmente por agentes de la justicia civil cuando su situación está contemplada por las causales en la ley, es violentada al ser estigmatizada públicamente por las religiones por negarse a una maternidad forzada, y es violentada al ser discriminada socialmente por la población al ampararse en un derecho que la protege de la muerte”.
Tras sostener que “la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos” la organización protestante reclama la necesidad de “una separación entre la gestión laica del gobierno del Estado y la tarea espiritual religiosa de la iglesia en la sociedad, debiendo cada uno dentro de sus jurisdicciones asumir sus responsabilidades conforme su respectiva función pública, de forma autónoma e independiente, ajustada al derecho”.
El documento afirma que ”la violencia, la discriminación y la pobreza ponen en riesgo la vida de las mujeres e infancia”, que “tales situaciones son resultado del accionar del propio Estado para responder a su tarea de garante de la dignidad humana” y que “esta situación se ha agravado profundamente con la instalación violenta del neoliberalismo en la región en las últimas décadas, modificando la cultura de nuestra sociedad al revertir derechos históricos e incrementar la violencia institucional, y poniendo en cuestión la calidad democrática de las instituciones públicas y generando profundas deudas con la democracia en los sucesivos gobiernos, sobre todo, en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo y la vivienda”.
Finalmente hay también un llamado de alerta al campo religioso ante “la organización en nuestro continente de un verdadero 'partido eclesiástico' articulado en una alianza interreligiosa y politico partidaria que opera en los distintos países de la región que cuestiona la legitimidad de los gobiernos, la institucionalidad democrática y la soberanía del Estado”.
