Una de los pocos aspectos positivos que dejará la pandemia son las mejoras en la inclusión financiera, con 4,8 millones de nuevas cuentas, aumentos en los puntos de acceso y boom de medios de pagos electrónicos. Sin embargo, existe un bajo nivel de profundidad financiera, y tanto el crédito como los depósitos se ubican en niveles inferiores a los de otros países de desarrollo similar.

Así se desprende del informe de Estrategia de Inclusión Financiera 2020-2023, presentado en el Ministerio de Economía por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, Mercedes DAlessandro, directora de Género, y Mariano Sardi, subsecretario de servicios financieros. El trabajo establece a inclusión financiera como “política de Estado” para promover el acceso universal de los servicios financieros.

Ante un grupo de periodistas, Bastourre detalló los avances en inclusión financiera durante la pandemia: “Se crearon 4,8 millones de cuentas bancarias en entidades públicas por el IFE y el ATP y los puntos de acceso crecieron un 40 por ciento, al pasar de 9 cada 10 mil adultos a 12,6 cada 10 mil”. Los puntos de acceso se refieren a cajeros automáticos y a corresponsalías bancarias en supermercados o estaciones de servicio. 

“El uso de tarjeta bate récords, la última vez que vimos una bancarización tan masiva fue con las AUH”, agregó Dalessandro. El país presenta un “alto nivel de bancarización”, según precisa el informe, en lo que se refiere al uso, con el 80,4 por ciento de los adultos que posee al menos una cuenta bancaria. Los medios de pago electrónico más utilizados son las tarjetas de débito y de crédito, que explican el 46 y 43 por ciento de las operaciones por medios electrónicos.

Sin embargo, Bastourre resaltó que el problema no pasa por el acceso sino por la “falta de profundidad” financiera del uso. El crédito alcanza el 11 por ciento del PBI, y los depósitos el 18 por ciento, por lo que se ubican en niveles inferiores a los de otros países de desarrollo similar. Las cuentas se usan exclusivamente para percibir salarios o prestaciones de la seguridad social, mientras que el uso de medios de pago electrónicos, instrumentos de ahorro y financiamiento sigue siendo acotado.

El uso de plazos fijos por parte de la población alcanza a 1 de cada 100 adultos, valor que retrocedió un 10 por ciento en 2019. Además, desde 2018 se deterioró la situación financiera de los deudores por la recesión y las altas tasas de interés vigentes.

El documento surge del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, donde participan diversas áreas del Estado, organismos internacionales, sectores empresarios y de trabajadores. El consejo fue creado con el gobierno anterior, en 2017, para implementar una estrategia de inclusión financiera. Sin embargo, fue relanzado el último mes. “La agenda anterior estaba centrada en las fintech, que tienen un rol central, pero también hay otros temas, como las brechas y el endeudamiento familiar”, aseguró Dalessadro. La cantidad de fintech pasó de 111 en 2015 a 268 en 2019.

“Teníamos divergencia en cuanto al diagnóstico”, aseguró Bastourre. “El mayor problema no es la oferta de servicios financieros, sino la incapacidad de demandar, por desconocimiento, falta de información o cuestiones materiales”, agregó el secretario de Finanzas. Sostuvo que los bajos niveles de inclusión afectan principalmente a los grupos sociales más vulnerables en términos de ingresos y género.

Sobre la brecha de género, Dalessandro explicó: “El universo de adultos con cuenta bancaria no presenta diferencias por género, debido a que las mujeres tienen cuentas abiertas para protección social. Pero descontando eso se vuelve significativa la brecha por la menor cantidad de cuentas sueldo, debido a que las mujeres tienen una situación más precaria en el mercado laboral”.

Sardi, subsecretario de servicios financieros, detalló los cinco objetivos de la Estrategia de Inclusión Financiera: ampliar y mejorar el acceso a bienes y servicios financieros como puede ser una cuenta de ahorro; potenciar el uso de los medios de pago electrónicos; mejorar las capacidades financieras de la población y proteger al usuario; promover la interoperabilidad del sistema financiero y, reducir las brechas sociales.