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Dos abogados, dos escribanos y tres civiles fueron imputados por cometer una serie de maniobras tendientes a intentar desalojar a una mujer de 74 años que vive en una vivienda de Callao al 1200, y les achacaron el delito de lavado de activos. El viernes, la fiscal de Investigación y Juicio, Valeria Haurigot, acusó a los siete --en libertad--, y consideró que para llegar a cometer el delito utilizaron documentos públicos falsos, como una declaratoria de herederos; y se fabricaron instrumentos públicos ideológicamente falsos, en cuanto a la escritura. La imputación ante la jueza Valeria Pedrana habla de una "intención de disimular el origen delictivo del bien inmueble, cortar los lazos con el delito precedente, dotarlo de visos de legalidad e integrarlo al mercado de bienes".
La semana pasada, Haurigot ordenó seis allanamientos en estudios jurídicos, escribanías y casas particulares, en el marco de una causa que se inició con la denuncia de una maniobra para intentar desalojar a una mujer, con la creación de un falso heredero. Así, durante una audiencia que duró alrededor de cinco horas, la fiscal imputó a quienes intervinieron en las maniobras, desde el año 2012, tras "inventar" un heredero y realizar dos transmisiones del inmueble, antes del trámite que casi deja en la calle a la mujer.
La víctima, Francisca S., que hace más de veinte años habita el departamento, relató que antes vivía allí con la propietaria (de quien cuidó en los últimos años), que antes de morir le legó de palabra el inmueble, ya que no tenía heredero alguno. En 2015, Francisca tomó conocimiento de que el departamento había sido vendido en dos oportunidades; y en mayo de 2016 se presentó un oficial de Justicia junto a un abogado, apoderado de Juan Carlos G., apoderado de Fernando R., --reza la imputación-- para una constatación judicial. G. cuenta con causas similares, incluso en Casilda.
La mujer advirtió las ventas por el cambio de titularidad en los impuestos que pagaba. Cuando puso a una representante legal, además, supo de la existencia de una sucesión iniciada por un alegado hijo de la propietaria fallecida, quien al ser contactado aclaró que ella no era su madre y que no conoce Rosario, ya que reside en Río Gallegos.
La acusación de la fiscal expresa que el abogado Martín G. P. "utilizó la identidad" de esa persona, "confeccionó o hizo confeccionar y utilizó documentación pública falsa para presentarlo al proceso como heredero, y promovió --o como mínimo continuó como apoderado o patrocinante--, el proceso sucesorio". Así, se le imputó que "indujo a error a la jurisdicción y logró que el magistrado interviniente dictara la declaratoria de herederos en 2012".
En marzo de 2013 el letrado "retiró el expediente de Tribunales, para procurar impunidad y para que la documentación apócrifa no pueda ser advertida, destruyendo o desapareciendo el instrumento público", reza la imputación. En ese punto existió una "defraudación por ocultamiento del expediente: un acto indispensable sin el cual la maniobra de reciclado del bien no podría haber sido consumada". Seguidamente, para "disimular y ocultar el real origen del bien inmueble, realizaron una serie de actos jurídicos, con transferencias entre ellos, en procura de dificultar la trazabilidad del bien e integrarlo al circuito económico como si fuera lícito".
En la primera transmisión, intervino Víctor Corigliano, un hombre ya imputado por estafas en la conocida causa de la EPE paralela --también a cargo de Haurigot--, y la escribana Roxana V., quienes "documentaron una compraventa" para la que "utilizaron documentos públicos falsos para confeccionar un nuevo instrumento público falso y simular una transmisión con apariencia de legalidad".
La segunda transmisión fue en noviembre de 2014, entre Corigliano y Fernando R., con el escribano Eduardo Martín Torres --quien ya está implicado en la megaestafa inmobiliaria de 2016, por hechos similares y a la espera de juicio oral--. "Se puso al servicio de la maniobra violando sus deberes funcionales", dice la acusación. Además, la segunda venta es de un monto menor al de la compra un año antes.
En cuanto al desalojo, la imputación indica que P., junto con los dos civiles mencionados arriba, "logró que el 12 de febrero de 2020 se resuelva el desalojo". Según la acusación, el mismo "no se consumó porque la causa tomó estado público y el magistrado convocó a las partes a una audiencia para suspenderlo" hasta que el fallo quedara firme. En tanto, la causa penal continúa sin prisión preventiva para los recién imputados.
