Tras el dictamen de los dos fiscales pidiendo que Amado Boudou y los demás imputados del expediente Ciccone vuelvan a la cárcel, la lógica indica que el juez Daniel Obligado dará vista a las defensas y a la asesoría de menores para que se pronuncien sobre la prisión domiciliaria que actualmente cumplen los condenados. El antecedente es que el mismo magistrado otorgó la domiciliaria porque Boudou y su pareja, la mexicana Mónica De la Fuente, tienen mellizos de algo más de dos años y la ley contempla -como lo dictaminó la fiscal en otros casos- que, en beneficio de los menores, la pena se pueda cumplir en el domicilio. El próximo lunes se concretará, a las 16 en 9 de julio y Avenida de Mayo, una marcha con la consigna “Navidad sin presos políticos”.

Desde los grandes medios se viene presionando para que se le revoque la prisión domiciliaria al exvicepresidente tras el fallo de la Corte Suprema que simplemente le aplicó el artículo 280 del Código Civil y Comercial al caso Ciccone: con ese artilugio el máximo tribunal decidió que no opinará y ni siquiera se dignó a explicar por qué no intervendrá. Por la envergadura del caso, por tratarse de un exvicepresidente, por el impacto institucional, la lógica indicaba que la Corte debía expedirse sobre la existencia o inexistencia de delitos y, por ejemplo, pronunciarse sobre la declaración como “arrepentido” del abogado Alejandro Vandenbroele, quien cobró 1.500.000 pesos de 2017, unos cinco millones de pesos de la actualidad, a cambio de su testimonio. El dinero pagado por el Ministerio de Justicia se utilizó para la compra de un hotel boutique en Mendoza, La Masía. 

También hubiera sido decisivo que la Corte analizara la principal imputación contra Boudou: que se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone. En todo el expediente no hay un solo elemento que avale semejante acusación, al punto que los ejecutivos que manejaron la imprenta después del rescate no vinieron del riñón del exfuncionario sino que todos eran ex ejecutivos del Banco Macro, del fallecido Jorge Brito. El banquero junto con el financista Raúl Moneta proveyeron el dinero del salvataje de Ciccone, pero la justicia se negó a hacer una pericia sobre el origen de los fondos que fueron a la imprenta. 

La votación respecto de ese delito -cohecho por haberse quedado con el 70 por ciento de la imprenta a cambio del salvataje- resultó dos a uno, con los dos votos mayoritarios asentados en la declaración de Vandenbroele, quien dijo que Brito estuvo detrás de la operación y que Boudou era su socio. Pese a la importancia del caso, la Corte esquivó pronunciarse, recurriendo a una facultad casi monárquica: los supremos pueden no opinar, pueden no dar explicaciones y judicialmente nadie tiene derecho a exigir nada.

En el marco de la utilización de la Justicia para persecución política, la coalición política-mediática-judicial alineada con Cambiemos se puso en marcha para conseguir la foto de Boudou volviendo a prisión. Piensan que es un golpe al propio Boudou, pero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Quien debe resolver es el juez que otorgó la domiciliaria -Obligado- a raíz de la existencia de un dictamen de diez páginas de la asesoría tutelar de menores y de otro dictamen de dos páginas. del Ministerio Público de la Defensa. 

En esencia lo que se sostuvo en abril es que, así como una persona mayor de 70 tiene derecho a la prisión domiciliaria, lo que establece el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal, es que la existencia en el hogar de niños menores de cinco años también abre esa posibilidad. En el caso de Boudou, la madre de los niños es mexicana, el padre y la madre del exvicepresidente murieron estando él en prisión, y por lo tanto el juez consideró que por el bien de los niños, ante la imposibilidad de asistencia de otros miembros de la familia, el exfuncionario debía cumplir pena en su domicilio. Ahora Boudou ya no cumple prisión preventiva sino que la pena está firme, pero eso no debería cambiar lo señalado por el magistrado en su momento, que también contempló que el exvicepresidente, por sus afecciones de salud, es de la franja de riesgo y la epidemia de covid-19 no pasó, menos todavía en las cárceles. 

El fiscal Colombo y la fiscal García Padin firmaron un escrito el viernes en el cual sostienen que dado que la Corte ya se expidió, “conforme lo establece el artículo 494 del Código Procesal Penal se ejecute la pena de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018, lo que aquí se solicita”. La fiscal de Ejecución Penal García Padin -que acaba de llegar la caso- tiene firmados numerosos dictámenes consintiendo la prisión domiciliaria por la existencia de menores en el hogar. El caso más nítido es el de tres imputados en la causa por la tragedia de Once: los tres cumplen la pena en su domicilio.

Lo normal ahora sería que este miércoles el juez Obligado le de vista a cada una de las defensas y también a la Asesoría Tutelar de Menores, al Ministerio Público de la Defensa y a la Dvisión de Control de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia. En la causa constan además los informes que se realizaron en cada uno de los meses, desde abril hasta ahora, en el domicilio de Boudou. Con todos los dictámenes en la mano, el magistrado resolvería.

Al mismo tiempo, distintos partidos y fuerzas políticas preparan para el lunes próximo a las 16, desde la esquina de 9 de julio y Avenida de Mayo, una marcha con la consigna Navidad sin presos políticos. Como emblemas están los casos de Milagro Sala en Jujuy y el de Boudou, así como otros que están presos por fallos que según sostienen son producto del lawfare, es decir la persecución política.